sábado, 20 de diciembre de 2014

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Regulador único: un paso atrás

  • La iniciativa del Gobierno español de agrupar a los reguladores nos aleja del resto de países europeos. El autor cree que la decisión reducirá sus competencias y les hará más vulnerables a tentaciones clientelistas.

Ángel Saz-Carranza

14-01-2013 20:52

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No es difícil imaginarse la socarrona sonrisa con la que nuestros vecinos europeos habrán recibido la nueva iniciativa de reforma de los mercados regulados. No solo por el hecho de que seguimos con la nefasta tendencia de gobierno nuevo, reguladores nuevos, al más puro estilo de país sin seguridad regulatoria, sino también porque el nuevo regulador es un paso atrás que nos aleja de ¬Europa.

En lugar de enviar al mundo una señal inequívoca de que España apuesta por la competencia y la integridad regulatoria, el proyecto de ley de creación de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) señala la falta de aprecio que encuentra la competencia en España. Y es nuestro auténtico lastre económico, como indican reiteradamente las instituciones europeas e internacionales.

La nueva CNMC agrupará a todos los reguladores de competencia existentes (telecomunicaciones, energía y competencia en general); les vaciará de muchas de sus competencias, que trasladará de nuevo a los ministerios, y funcionarizará los puestos directivos de la agencia.

La agrupación de todos los reguladores es, en sí misma, un hecho singular. Ningún país europeo de talla media o grande aglutina a todos sus reguladores en un único organismo. Las necesidades de especialización que requiere la regulación de estos distintos mercados no lo aconseja. Entre los países grandes, solo Alemania agrupa parcialmente a sus reguladores: por un lado, existe el regulador de todas las economías de red (energía, telecomunicaciones, postal y ferrocarril) y, por otro, el regulador de competencia en general. Este es seguramente el diseño institucional más lógico, capaz de conjugar especialización y volumen.

El argumento económico que esgrime el Gobierno no parece razonable para justificar la total agrupación, ya que estas son agencias que se autofinancian vía tasas a los sectores regulados (con excepción de la Comisión Nacional de la Competencia). Sin duda, en la actualidad estas agencias tienen unos consejos excesivamente grandes y politizados que los partidos utilizan para colocar a miembros afines. Igualmente, el solapamiento de responsabilidades y los conflictos entre reguladores deben reconducirse. Asimismo, cabría consolidar algunas de estas comisiones: así, por ejemplo, se podría integrar el Consejo Estatal de Mercados Audiovisuales en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Pero la reducción del número de agencias, sus órganos de gobierno y la mejora de la coordinación no requerirían la fusión total y, ni mucho menos, el debilitamiento de los reguladores.

Este último aspecto es el más preocupante. En una economía de mercado, reguladores fuertes e independientes son piezas esenciales en sistemas -como el español- donde los sucesivos Gobiernos son fuertemente partidistas y cortoplacistas. El déficit de tarifa eléctrica es un perfecto (y desgraciado) ejemplo de las consecuencias de un Gobierno excesivamente politizado y un regulador sin suficientes competencias. Es el resultado de un ministerio con dos incentivos políticos contradictorios.

Por un lado, el Gobierno tiene claros incentivos a no subir tarifas: incrementa la inflación, tiene efectos negativos sobre la productividad empresarial y el ciudadano ve su factura aumentar. Por otro, tampoco tiene incentivos a enfrentarse -reduciendo los costes reconocidos- a los poderosísimos campeones nacionales, que suministran apoyos importantes y espacios de colocación a los partidos. Por tanto, ni suben tarifas ni reducen los costes reconocidos, por lo que el resultado es una escalofriante deuda de más de 20.000 millones de euros. Si la competencia de fijar tarifas y reconocer costes estuviera en un regulador independiente -como ocurre en la mayoría de países europeos-, con casi total seguridad no se hubiera dado esta situación. Un regulador independiente no es, ni de lejos, tan vulnerable a tentaciones clientelistas.

Pues bien, la CNMC reduce las pocas competencias que poseen actualmente nuestros reguladores. Hoy en día, la Comisión Nacional de Energía es el único regulador europeo del campo de la energía que no tiene capacidad sancionadora. El nuevo su¬perregulador no mejora esa situación. En el sector telecomunicaciones, por ejemplo, la nueva CNMC será la que menos competencias tenga en Europa: junto con el regulador de Estonia, será el único sin responsabilidad sobre numeración. El proyecto de ley esgrime que la CNMC tendrá más competencias de las que exige la Unión Europea, pero la realidad es que será la agencia reguladora con menos competencias de Europa en telecomunicaciones. Lo mismo sucede con los otros sectores.

Asimismo, la nueva ley reduce la autonomía financiera y organizativa del regulador. Tanto el presupuesto como la organización interna -esenciales para garantizar la independencia de un regulador- ahora quedarán subordinadas al ministerio.

Por último, la nueva ley exigirá que los puestos directivos de la agencia sean ocupados por funcionarios. Este requisito continúa negando la necesidad directiva de cualquier organización. Más allá de la técnica (que aportan los funcionarios) y de la política, las organizaciones requieren de un management fuerte. Además, este requisito convierte las posiciones en coto privado de los impermeables cuerpos. Esta extralimitación extenderá a los reguladores los males diagnosticados por la OCDE en sus análisis comparados de las Administraciones de los países desarrollados: la española es de las Administraciones más estancas y menos orientadas a resultados.

No existe un solo modelo de regulador, como tampoco existe una única economía de mercado: España puede elegir entre los distintos modelos ya existentes en las economías más desarrolladas y robustas. Entre el modelo anglosajón y el alemán o francés (más coordinado) encontramos la suficiente variabilidad para poder elegir el que más convenga a España. El nuevo modelo propuesto se posiciona fuera de ese abanico e invita a una captura (política y de los campeones nacionales) de los reguladores, justamente en un momento en que España necesita generar confianza y competencia. España debe normalizarse con sus vecinos europeos y evitar volver al Spain is different.

Ángel Saz-Carranza es Director de ESADEgeo, Center for Global Economy and Geopolitics de ESADE

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