Cepsa amenaza con dejar el negocio del butano por las pérdidas en la tarifa

El famoso RDL del pasado 31 de diciembre sobre mejora de la gestión del sistema especial de empleados del hogar no incluyó únicamente medidas relevantes sobre el déficit de tarifa, sino también la congelación del precio de la bombona de butano "hasta la próxima revisión". Un precio máximo cuya fórmula de aplicación establecida en una orden ministerial de octubre 2009, fue anulada por una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 19 de junio.

Pues bien, el Gobierno no ha elaborado una nueva fórmula que sustituya a esta, tal como exige el Supremo, y ha anulado la que estaba vigente, que se remonta a 2008, con la que hubiese resultado un precio a partir del 1 de enero de 19,06 euros por botella, frente a los 16,10 euros en que ha quedado congelado.

Alegando que la elaboración de una nueva fórmula para determinar los precios regulados de los gases licuados del petróleo (GLP), esencialmente, el gas butano pero también el propano, "que concilie estímulos a la competencia y elementos compensadores", como señala la sentencia del Supremo, es algo "muy complejo", el Ejecutivo ha optado por otra huída hacia adelante en la regulación del precio de la bombona.

Como llueve sobre mojado, y las pérdidas acumuladas por las empresas desde octubre de 2009 ascienden a 400 millones de euros, según los datos de la asociación del sector, AOGLP, el malestar de los operadores se ha tornado en irritación. De hecho, la segunda compañía del sector, Cepsa, con una cuota de mercado del 15%, ha llegado a comentar en privado que está dispuesta a abandonar un negocio que le acarrea pérdidas dos tercios de los meses del año. En la misma línea se pronuncian otros operadores.

Oficialmente, la petrolera controlada por el fondo soberano de Abu Dabi, IPIC, asegura que, "evidentemente", no es posible un abandono, aunque sí se podría plantear la venta del negocio. El problema es que, con esta regulación a pérdidas, es muy difícil encontrar un comprador. Cepsa tiene un stock de ocho millones de bombonas, que no ha amortizado pues fue el primer operador en renovar su parque al introducir la botella ligera.

En el caso de Repsol, reconoce que pierde tres euros por cada bombona que pierde. Unas pérdidas generalizadas entre el resto de compañías, según la AOGLP. En el mercado del butano operan seis compañías, que están integradas en dicha asociación. Junto a Repsol Butano, que encabeza la lista con una cuota del 73%, y de la propia Cepsa Gas Licuado, están Disa Gas, Vitogas España y Primagas Energía.

Estas empresas han venido reclamando desde hace mucho tiempo sin ningún éxito la desaparición del precio regulado para el butano y que se mantenga una bombona social subvencionada. También piden que se les reconozca un déficit de tarifa como a las eléctricas. Desde 1992 el sector ha acumulado pérdidas de 600 millones de euros, lo que obligó al cierre de operadores y distribuidores, según AOGLP. Con todo, el mayor desfase se ha producido desde octubre de 2009.

Otro lío legal en el sector Una orden ministerial de octubre de 2009 del Gobierno socialista modificó el sistema de cálculo para fijar los precios máximos del butano. Según fuentes empresariales, la novedad de aquella metodología, que modificaba otra orden de 2008 vigente en aquel momento, es que referenciaba el precio de la materia prima al mes en el cual esta había estado más baja (el mes de abril de aquel año) y fijaba un coeficiente que dejaba "estáticos los precios". El resultado inmediato fue una caída del precio del butano del 4,8% y una denuncia de los operadores en los tribunales.

El pleito se resolvió en junio del año pasado con una sentencia del Supremo por la que anuló la orden de octubre de 2009, con lo que volvía a regir la de 2008 que había sido modificada.

El Gobierno anterior elaboró un anteproyecto de modificación de la Ley de Hidrocarburos donde se recogían algunas de las propuestas de las empresas, como la implantación de una bombona social. Pero el adelanto electoral dio al traste con el proyecto.

En los últimos días de diciembre, el ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció, para sorpresa de las compañías, que el precio de la bombona se congelaría en enero (16,10 euros). Algo que se materializó en el ya famoso RDL sobre empleados del hogar, que alude a "la complejidad" para elaborar una nuevo fórmula para fijar los precios de los GLP" y elimina la orden de 2008 (que fue modificada pero no anulada por la de 2009) para congelar así el precio de la botella. Una medida transitoria hasta la próxima revisión trimestral, que fija el 1 de marzo en lugar del 1 de abril, lo que podría ser una errata.

La AOGLP ha asegurado que se reserva el derecho de emprender acciones legales contra esta medida.