miércoles, 27 agosto 2014

Está pasando

Las grandes empresas piden voz y voto para codirigir la acción exterior

Propuestas para consolidar las exportaciones en plena recesión

  • El sector exterior se ha convertido en el salvavidas al que se aferra el Ejecutivo en mitad de una tormenta perfecta que ha llevado a la economía española a su segunda recesión en los cinco años de crisis. El cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado de 2013 prevé un avance anual de las exportaciones del 6%, aún superior al 4% estimado con el que cerraron 2012. Un dinamismo que servirá para compensar el desplome del consumo y de la inversión y que evitará en gran medida un mayor agravamiento de la recesión.
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Esas estimaciones, sin embargo, están sujetas a un gran número de incertidumbres, como el acceso al crédito, el coste de la financiación o la necesidad de una mayor integración en la acción exterior de las empresas. Estas son solo algunas de las propuestas incluidas dentro del estudio El modelo de apoyo a la internacionalización de la empresa española, elaborado por el Instituto de Empresa Familiar (IEF) y la consultora Equipo Económico, en el que se presentan 40 propuestas a corto y medio plazo para tratar de consolidar el empuje del sector exterior.

Y la primera de las sugerencias pasa por que las grandes empresas (en el IEF hay 100 multinacionales con una facturación equivalente al 16% del PIB) tengan un papel mucho más activo en los órganos de dirección del comercio exterior, como el ICEX. "Es indiscutible que en el Consejo de Administración de esos organismos deberían estar las grandes empresas (citó expresamente a Telefónica), que son las que lideran el comercio exterior en España", subrayó Andrés Tejero, director general del IEF. El estudio va más allá y propone una reforma estructural del ICEX y de los organismos autonómicos de promoción comercial al estilo de la que se ha hecho en Turespaña, el órgano encargado de la promoción turística de España. Los autores justifican este cambio por el hecho de que el 93% de los miembros del consejo de dirección del ICEX son altos cargos de la Administración. "Se trataría de seguir la misma estrategia que en Turespaña, donde al menos cinco de los 11 miembros del consejo serán del sector privado", remarca. De esos cinco nombres tan solo ha trascendido el de Joan Gaspart, presidente de Husa y del Consejo de Turismo de CEOE.

El estudio no solo exige más poder para las grandes empresas, sino que también les compromete a participar con más fondos en los servicios de apoyo a la internacionalización en los mercados exteriores en los que ya hay una fuerte presencia de compañías españolas. Para llegar a esa conclusión han realizado una comparación muy detallada de la estructura de los organismos de promoción exterior en países del entorno español, en la que se revela una participación muy importante del sector privado. "En la agencia japonesa pública Jetro, en las público-privadas Ubifrance (Francia) y AHK-GTAI (Alemania) y en la privada Finpro (Finlandia), entre el 35% y el 80% del presupuesto proviene del pago de las empresas por los servicios utilizados", recalca. Según el esquema propuesto, la acción exterior en países de la zona euro y de Latinoamérica, los mercados con una mayor cuota de mercado de las exportaciones y las inversiones, estaría comandada por esas compañías que llevan implantadas mucho tiempo en esos países, mientras que las iniciativas dirigidas a emergentes, en los que la presencia española aún es marginal, correría a cargo de las distintas administraciones públicas.

El informe también exige una mejor coordinación entre las distintas administraciones (Estado y comunidades autónomas) y las instituciones privadas que participan en la acción exterior (CEOE o Cámaras de Comercio) y reclama que se profundice en la integración de organismos, como ha sucedido con el ICEX e Invest in Spain o la Secretaría de Estado de Comercio y las oficinas comerciales autonómicas en el exterior.

Más incentivos fiscales a medio plazo

Aunque los autores del estudio son conscientes de que las actuales restricciones presupuestarias hacen inviable la aprobación de nuevos incentivos fiscales, sí plantearon al Ejecutivo la posibilidad de que vayan estudiándolos para cuando la situación económica mejore. Entre ellos proponen ayudas para pequeñas y medianas empresas y para compañías que aún no tengan beneficios. Así, plantean la puesta en marcha de deducciones fiscales para pymes por gasto de consultoría, formación o asistencia en ferias comerciales, así como el establecimiento de impuestos negativos cuando no sea posible la aplicación de deducciones fiscales para la internacionalización por insuficiencia de cuota tributaria. Este último punto es una reivindicación de las pymes que en muchas ocasiones no pueden acceder a este tipo de beneficios fiscales al no tener beneficios en sus cuentas de resultados.

El informe también expone la conveniencia de revisar las exenciones en el IRPF por trabajos realizados en el extranjero. "Se deben incluir a los empresarios individuales y a los profesionales en ese ámbito (limitado hasta ahora a los asalariados) y aumentar su cuantía máxima, que se ha mantenido invariable en 60.100 euros anuales desde 1999.

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