lunes, 20 octubre 2014

Está pasando

Empleo estudia fórmulas para dar más poder de gestión a estas entidades

Las mutuas seguirán sin poder dar todas las altas médicas

  • El Ministerio de Empleo y Seguridad Social está diseñando una nueva ley de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y previsiblemente el futuro texto legal no incluirá la principal demanda de estas entidades: que sus médicos den altas a los trabajadores de baja por enfermedad común.
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Históricamente las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales han reivindicado que los médicos que trabajan para ellas pudieran dar altas médicas de los trabajadores cuando estos están de baja por una enfermedad común.

De hecho, en el Ministerio de Empleo están cocinando estos días una nueva ley que reformará la regulación de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social; y los dirigentes de las mutuas han intentado, una vez más, que el Gobierno atienda esta reivindicación de la potestad de dar altas médicas.

Sin embargo, parece que esta vez tampoco va a ser. A pesar de que la propia ministra de Empleo, Fátima Báñez, se comprometió a ello públicamente durante una intervención en la Junta Directiva de la patronal CEOE, en la que está incluida la patronal de las mutuas (AMAT), según aseguran fuentes presentes en aquella reunión.

La predisposición de Báñez a incluir esta petición histórica de las mutuas se ha topado con problemas competenciales, ya que la competencia para dar altas médicas a los trabajadores cuando tienen una enfermedad común la tienen en exclusiva los facultativos de los servicios regionales de salud de las comunidades autónomas y los del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y, según distintas fuentes consultadas, a la enorme dificultad legal de modificar esta competencia se une el hecho de que no todas las mutuas por su entidad tendrían la capacidad administrativa de otorgar dichas altas.

Pero en la patronal de las mutuas no entienden esta negativa del Gobierno a entregarles este poder. Sus argumentos son claros: en primer lugar, los médicos de estas entidades ya están autorizados a dar las altas a los trabajadores cuando estos están de baja por haber tenido un accidente laboral. Y, en segundo lugar, esta medida propiciaría un gran ahorro para las empresas y la Seguridad Social.

Según los cálculos de AMAT, si la nueva ley permitiera a las mutuas dar el alta médica en los procesos de bajas por enfermedad común; optimizar sus recursos sanitarios (haciéndose cargo de las pruebas diagnósticas desde el primer día, por ejemplo); y dedicar el 1% de las cotizaciones por contingencias profesionales a actividades preventivas con cargo a las cotizaciones, las empresas se ahorrarían unos 5.360 millones de euros al año y la Seguridad Social, otros 2.311 millones. El ahorro total si la ley atendiera estas tres demandas sería de unos 7.671 millones anuales.

Este ahorro llegaría fundamentalmente de acortar los periodos de baja de los trabajadores, algo para lo que, según fuentes de AMAT, es imprescindible que se cumplan sus peticiones en la nueva ley.

Pero quienes están trabajando en la norma parecen bastante inflexibles, sobre todo con el asunto de las altas.

Otra cosa diferente es que sí vayan a cumplir otras peticiones orientadas a optimizar la gestión que hacen estas entidades de las bajas por enfermedad común de los trabajadores. Por ejemplo, sí están buscando fórmulas para que puedan atender diagnósticamente desde el primer día de la baja estos procesos médicos en sus propias instalaciones y con sus aparatos, adelantándose a las pruebas de los servicios de la sanidad pública.

Asimismo podrían modificarse aspectos burocráticos de los que se quejan las mutuas como la realización de partes de confirmación de la baja cada siete días o el plazo de 15 días que tienen los facultativos de la sanidad pública para contestar a las propuestas de alta que hacen los médicos de las mutuas.

Más poder de gestión

En ambos casos desde Empleo estarían pensando en que, en lugar de los actuales partes de confirmación de bajas semanales, la mutua pueda elaborar su propio plan de confirmación de bajas en función de cada enfermedad.

Asimismo, estudian acortar el plazo para que los médicos de la sanidad pública contesten a las

propuestas de alta de las mutuas, aunque en este punto existe alguna dificultad administrativa, según fuentes del sector.

Qué hacer con el dinero que sobra cada año

La otra gran reivindicación de estas entidades de cara a la nueva ley tiene que ver con su financiación y el dinero del que disponen.

"La nueva ley tiene que dejar mucho más claro que somos sociedades privadas, aunque no tengamos ánimo de lucro y estemos tutelados y sometidos a la vigilancia de la Administración", asegura el director gerente de la patronal de las mutuas AMAT, Pedro Pablo Sanz.

Esto significa, entre otras cosas, que la ley debe regular dos asuntos relacionados entre sí: cómo deben competir estas entidades entre ellas; y el establecimiento de una fórmula según la cual, al menos parte de los excedentes anuales de las mutuas reviertan en ellas mismas y, por ende, en las empresas que son sus clientes.

Con la ley actual, las mutuas destinan el 50% de sus resultados derivados de gestionar las cuotas por contingencias profesionales (aquellas con las que se pagan las bajas por accidente laboral), una vez cubiertas sus reservas, a dotar el Fondo de Prevención y Rehabilitación. Las aportaciones acumuladas en dicho fondo sumaban el pasado año 5.335 millones de euros, y el Gobierno lo tuvo que utilizar a mediados del, por primera vez y ante la falta de liquidez de la caja de la Seguridad Social, para pagar la extra de verano de los pensionistas. Igualmente, el 100% de del excedente de las mutuas derivado de la gestión del porcentaje de cotizaciones por contingencias comunes, con las que financian las bajas por enfermedades normales, se destina al Fondo de Reserva de las Pensiones. Las mutuas han aportado casi 900 millones.

Ante esta circunstancia, AMAT reclama que la nueva ley incluya una fórmula para que las mutuas puedan disponer de una parte de sus excedentes para establecer un sistema de incentivos para las empresas para mejorar la siniestralidad, por ejemplo.

En definitiva, que los excedentes provenientes de la buena gestión de estas entidades revierta en sus clientes para fomentar así la competencia, dado que los precios y las prestaciones están tasadas por ley. Además los empresarios no pierden de vista la posibilidad de bajar las cotizaciones.

De momento, siguiendo una norma establecida en 2010 las empresas no se pueden cambiar de mutua hasta que no se conozcan los nuevos términos de la competencia entre ellas antes de agosto de este año.

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