jueves, 24 abril 2014

Está pasando

El Gobierno de Rajoy se estrena con una importante batería de reformas y dos subidas de impuestos al mes

El año en el que España bordeó su particular abismo

  • Nunca antes un Gobierno había hecho tanto en tan poco tiempo", coinciden defensores y detractores del Gabinete de Mariano Rajoy. El presidente lo sabe y, por eso, suele empezar sus últimas intervenciones defendiendo lo más evidente: "no nos podrán acusar de no haber hecho nada", dijo la semana pasada en el Congreso.
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De hecho, si ha habido una nota predominante en este primer año de Gobierno de Rajoy es que la hiperactividad de su Consejo de Ministros ha tenido que convivir, para desesperación de todos, con la exasperante lentitud de la Unión Europea para tomar decisiones y, lo que es peor, para aplicarlas.

Así pues, desde aquella imagen de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría flanqueada por los ministros de Economía y Hacienda, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro anunciando el 30 de diciembre de 2011 las primeras subidas de impuestos, en contra de lo preconizado y defendido por el PP en la campaña electoral, hasta el pasado viernes se han sucedido dos incrementos fiscales al mes y una larga lista de reformas que han puesto de manifiesto hasta qué punto era terminal la situación de la economía española.

España estaba quebrada y sin apenas margen de maniobra. Semanas después de aquella tétrica puesta en escena de los tres mandatarios (Santamaría, Guindos y Montoro) explicándole al país por qué había que elevar los principales tributos que gravan a empresas y contribuyentes se supo que el déficit de 2011 no solo no había cumplido el objetivo establecido por Bruselas, del 6%, sino que había rozado el 9,4%. Todas las medidas puestas en marcha después han tenido como hilo conductor rebajar ese colosal desfase presupuestario que había que domeñar sí o sí para evitar que España pasara a engrosar la lista de países intervenidos por la Unión Europea. Además, apelar a la banca para seguir financiando gastos como el pago de las nóminas, las pensiones o los subsidios por desempleo era impensable con la prima de riesgo en el nivel de los 450 puntos cuando Rajoy aterrizó en La Moncloa.

Comenzó entonces a acuñarse aquel famoso "no se puede gastar lo que uno no tiene" o el desafortunado "España ha vivido por encima de sus posibilidades" que tantas iras despertó en algunos colectivos que después se verían especialmente señalados por los recortes.

En materia tributaria, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha tenido que renunciar a buena parte de sus principios para pasar de defender la idoneidad de aplicar rebajas de impuestos en plena crisis para recaudar más e incentivar la creación de empleo a decretar una subida fiscal cada quince días. Las decisiones con un impacto económico más relevante se han adoptado en el IVA y en el IRPF. Y el mayor número de cambios normativos se han aplicado sobre el impuesto de sociedades. Las medidas fiscales se han concentrado en tres reales decretos y una Ley de medidas tributarias que aprobó el Congreso el pasado día 20 junto con los Presupuestos de 2013.

También se han adoptado medidas que, en puridad, no pueden calificarse como un incremento ni una rebaja impositiva. Se trata, por ejemplo de la polémica amnistía fiscal puesta en marcha en marzo que concluyó el pasado 30 de noviembre o la posibilidad dada a las empresas de repatriar dividendos procedentes de paraísos fiscales pagando un 8%. Una y otra han defraudado respecto a los cálculos efectuados por Hacienda. Así, mientras que en el primer caso el departamento que dirige Montoro esperaba recaudar unos 2.500 millones de euros, los datos oficiales apuntan que se han aflorado rentas valoradas en unos 12.000 millones de euros, que han aportado a las arcas públicas 1.200 millones al tributar al 10%.

La segunda iniciativa, la llamada amnistía fiscal para las empresas tampoco ha respondido a las expectativas generadas porque de los 1.050 millones de recaudación estimada, hasta el 21 de noviembre apenas había supuesto recursos por 85 millones. La suma de todas estas medidas de índole tributario, la mayoría ha entrado en vigor este ejercicio y otras lo harán en enero de 2013, supone un impacto neto favorable a las arcas públicas de 31.434 millones en un año natural.

Dicho de otra forma, la política fiscal provocará que asalariados, pensionistas y empresas abonen un 3% del PIB más en impuestos. Es aquí donde surgen las primeras dudas acerca de la conveniencia o no de aplicar medidas que castigan de lleno el ya mermado bolsillo de ciudadanos y empresas. El Ejecutivo siempre argumentó que eran decisiones difíciles, pero imprescindibles para evitar males mayores.

Esos temores a que se esté haciendo realmente lo adecuado no son baladí. El consumo representa el 60% del PIB, por lo que éste se convierte en el principal motor de la economía. De esta forma, una merma de la renta disponible de los hogares se traduce casi de manera mimética en menos gasto, menos demanda interna y, por ende, menos crecimiento.

Desde que se inició la crisis con toda su crudeza, en 2008, los hogares no han dejado de perder renta, sobre todo vía destrucción de empleo y por el menor incremento salarial. En los últimos doce meses y a corto plazo, las subidas tributarias no harán otra cosa que apuntalar esa merma de ingresos, de ahí que algunos se pregunten si no terminarán siendo contraproducentes.

Junto a toda esa batería de alzas impositivas, el Ejecutivo garantizó que pondría en marcha la Ley de Estabilidad Presupuestaria por la que el sector público debería ser capaz de reconducir su déficit galopante sin tocar los pilares del Estado del bienestar. Pero la realidad, una vez más, truncó los planes del Ejecutivo. Presionado por una prima de riesgo desbocada, que en verano llegó a los 650 puntos, y con el aliento de Bruselas en el cogote, comenzó entonces la batalla por reducir el déficit y en su empeño, al Ejecutivo no le quedó otra que aplicar medidas tan poco populares como la supresión de la paga extra de Navidad de los funcionarios, drásticos ajustes en el gasto sanitario y educativo, implantar nuevas tasas judiciales y la última y más polémica: la no revalorización de las pensiones según el IPC.

Y_como la Administración en España se divide en tres niveles (algo que a buen seguro le ha costado explicar al equipo de Guindos a sus homólogos europeos), el compromiso de gastar solo lo que se ingresa se hizo extensivo a comunidades autónomas y ayuntamientos. Entonces, saltó el escándalo. Regiones como Andalucía, País Vasco y, sobre todo, Cataluña, con gobiernos de distinto signo político, se sublevaron ante algunas exigencias de recorte del gasto y demandaron cambios en el actual sistema de financiación autonómica.

El no rotundo del Gobierno central a abrir por enésima vez la negociación sobre cómo ha de ser el reparto de los recursos públicos precipitó la ruptura de CiU con el PP que desembocó en el adelanto electoral catalán. Así, mientras en Europa se aúnan esfuerzos por evitar otra crisis de la deuda como la actual apostando por la unión bancaria y una verdadera política económica y fiscal común, el Gobierno de la Generalitat anuncia una consulta soberanista para 2014. Lógico que en Bruselas aleguen: Spain is different.

Ante la disyuntiva de tener que atajar su déficit público al 1,5% del PIB este año, algunas regiones comenzaron a desvelar la verdadera situación de sus finanzas. Casi todas, como el Estado, resultaron estar quebradas. Por eso, muchas terminaron reconociendo que durante los años de bonanza se financiaron exclusivamente mediante crédito y no pagando a sus proveedores. Todo resultó ser una gran mentira. Las inversiones faraónicas, las prestaciones sociales propias de países ricos, el aumento desmesurado de todo el aparataje público, todo se pagó como si la borrachera de crédito y la burbuja inmobiliaria no fuesen a parar jamás y eso explica que una vez que se cerró el mercado de crédito, todo se haya desmoronado como un castillo de naipes.

Con el coste de la financiación escalando peligrosamente por encima del 6%, España tuvo que resistirse hasta julio para pedir un rescate financiero que pusiera fin a la desconfianza sobre la salud de su sistema bancario (aunque el dinero no lo recibió hasta hace una semana) y casi al unísono idear a nivel interno el plan de pago a proveedores para poner a cero el contador de la deuda comercial de las administraciones con sus suministradores y el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para rescatar de su particular abismo a más de la mitad de las autonomías.

De las reformas estructurales que se comprometió Mariano Rajoy a llevar a cabo, tres son las más importantes. Las dos primeras, la financiera y la laboral, por lo que han supuesto de revolucionario y la tercera, la de la Administración, es la gran tarea pendiente para este 2013 que está a punto de arrancar.

La reforma financiera, cuyo objetivo era librar a las entidades de su exposición al ladrillo, culminó después de varias intentonas con el compromiso de Bruselas de inyectar hasta 100.000 millones (que después serían algo más de 40.000) en los bancos con más problemas, al tiempo que propició un complejo baile de fusiones. La china en el zapato del Ejecutivo fue Bankia, cuya nacionalización fue el mayor escándalo al que tuvo que enfrentarse el sector en décadas. El tamaño de la economía española y su ingente nivel de endeudamiento público, pero sobre todo privado, hizo ver a la troika que para España, como para Italia, no valían los mecanismos de rescate que se habían aplicado en Grecia, Irlanda o Portugal. Por ello, después de muchos debates y algún que otro conato de ruptura por las discrepancias internas en el seno de la Unión, se diseñó el método Draghi, un sistema de ayuda financiera ad hoc para cuando la tercera y cuarta economías de la zona euro (Italia y España) consideren que seguir pagando diferenciales de en torno a los 380 puntos es insostenible. De momento, ni una ni otra potencia dicen necesitarlo. Ahora bien, descartarlo por completo bien podría ser considerado osado cuando aún no llegan señales inequívocas (_el Gobierno admite en privado que haberlas, haylas) de que lo peor haya pasado.

La reforma laboral fue después del primer rajonazo fiscal y los acuerdos de no disponibilidad de gasto público de las primeras decisiones que adoptó el Ejecutivo. Abarató el despido e introdujo medidas de flexibilidad interna que, como defiende el Ejecutivo, más que crear empleo, pretenden frenar la sangría del paro. Sin embargo, los datos muestran que el número de desempleados escala inexorablemente hacia los seis millones de personas, aunque, eso sí, a un ritmo más pausado que antes de los cambios normativos. Rajoy fía la recuperación a 2014 e impertérrito a las críticas y las manifestaciones o huelgas, insiste en que las medidas dolorosas darán sus frutos pronto. Los mercados darán su veredicto final.

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José Luis Martínez Campuzano

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