Golpe ¿definitivo? a la cultura del impago

Y pese a que algunos estimaron esa cifra como "claramente insuficiente" por la deuda pendiente que acumulaban las administraciones, al final, se saldaron facturas por valor de 27.000 millones. De ese monto, 17.718 millones correspondieron a las regiones y 9.263 a los ayuntamientos. Gobierno y empresas defendieron que gracias a esta iniciativa se salvaron centenares de cierres y liquidaciones de compañías y probablemente miles de puestos de trabajo (las cifras manejadas por algunos dirigentes autonómicos y las patronales de varios sectores no tienen mucha credibilidad). Sin embargo, ¿se habrá logrado acabar para siempre con la cultura española del impago?

Aunque consiguieron abonarse las últimas facturas emitidas en pesetas, lo que da idea de los retrasos que acumulaban puesto que la antigua moneda dejó de circular definitivamente en 2002, lo cierto es que a estas alturas del año, autónomos y empresas denuncian que las administraciones vuelven a acumular, al menos, otros 10.000 millones de euros en recibos impagados. Y todo ello, pese a que existe desde 2010 una Ley de Morosidad que establece los plazos en los que deben pagar a sus proveedores tanto las administraciones públicas, como el sector privado. Para el sector público determina que este año las facturas deberían haberse abonado en no más de 40 días, tiempo que se reducirá a 30 días el próximo ejercicio.

Los datos que manejan las principales patronales y la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad estiman que la realidad no puede estar más lejos de esos parámetros que marca la normativa.

La mitad de los autónomos tarda más de 180 días en cobrar sus facturas de las administraciones y la patronal de las empresas fabricantes de productos sanitarios Fenin estima que la demora media que soportan sus asociados es de 242 días, más de ocho meses.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acaba de anunciar que a partir del próximo verano todas las empresas españolas que trabajen con la Administración cobrarán sus servicios en 30 días, tal y como establece la ley. En su ímpetu por recalcar que esos plazos se cumplirán sí o sí, Montoro ha retado a todos los gestores públicos a dar un paso al frente. "Y quien no pueda cumplir con sus compromisos, para eso está el Estado, para hacer que se cumplan", espetó.

La reacción no se ha hecho esperar y las distintas organizaciones patronales vuelven a exigir un régimen sancionador que castigue a quienes incumplan con sus plazos de pago. No conviene olvidar que cuando se retrasa el abono de una factura, quien debía haberla cobrado puede tener a su vez la tentación, o la necesidad, de no pagar tampoco a sus proveedores.

Así, lo que empezó siendo un problema entre una administración y una gran compañía, por ejemplo, termina afectando a toda la cadena productiva en la que los más débiles (pymes y autónomos) son los que suelen pagar las peores consecuencias. De hecho, muchas pequeñas y medianas entidades denunciaron no haberse podido beneficiar del plan de pago a proveedores y criticaron que sus facturas con grandes grupos empresariales continúan en los cajones. Para evitar estas situaciones es para lo que la Plataforma contra la Morosidad propone implantar lo antes posible un régimen de sanciones que castigue a los incumplidores. En el documento que le han hecho llegar al Ejecutivo insisten en decretar multas que oscilen de los 6.000 euros para los incumplimientos leves hasta los 900.000 euros para las empresas reincidentes. Solo de esa manera consideran que se podrá acabar con la fea costumbre de no pagar, sobre todo ahora que ya nadie fía ni presta, y menos la banca.