Los proveedores amenazan con denunciar al Gobierno ante la UE

España figura, junto a Grecia e Italia, entre los países cuyas Administraciones públicas pagan peor sus deudas. En 2012, el plazo medio para saldar sus deudas se ha elevado a 160 días, según el último informe elaborado por la consultora Intrum Justitia, lo que supone un incremento de siete días respecto a 2011 y casi el triple del plazo medio entre los socios europeos, fijado en 60 días.

La ley de Morosidad, aprobada a mediados de 2010, establecía un calendario de reducción en los plazos de pago hasta el año 2013, en el que las administraciones públicas estarían obligadas a pagar en 30 días a partir del día 1 de enero. Un plazo que Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos difícilmente van a cumplir en medio año, pese a lo cual el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se comprometió el lunes en Córdoba a que todas las administraciones pagaran a 30 días a partir del verano.

Este plazo ya supone un retraso de seis meses respecto a lo marcado por la ley de Morosidad y de otros tres meses respecto a la transposición de la directiva europea que marca los límites en los plazos de pago, que entrará en vigor el próximo 17 de marzo. Y es este segundo incumplimiento el que quieren aprovechar los proveedores para presionar al Ejecutivo en la negociación. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que agrupa a un millón de empresas, ya ha solicitado una reunión con Montoro para principios de enero, para trasladarle sus reivindicaciones. Antoni Cañete, portavoz de la Plataforma y secretario general de Pimec, apunta que le agradecerán su compromiso de rebajar los plazos de pago en España y se mostrarán dispuestos a negociar el calendario de los plazos de pago fijados por ley. A cambio le pedirán que se aprueben con carácter urgente varias medidas que alivien la delicada situación financiera de muchos pymes y autónomos. La primera de ellas será la aplicación de un régimen sancionador para aquellas administraciones que no paguen, tal y como existe en otros socios europeos. "Solo con medidas coercitivas se puede lograr cambiar la mentalidad de aquellos que no pagan", subraya Cañete. La segunda será la aplicación del IVA con criterio de caja, lo que significa que las empresas solo pagaran el IVA de lo que hayan facturado siempre que lo hayan cobrado. Todo lo contrario que lo que sucede en la actualidad, en la que muchas empresas se ven obligadas a destinar grandes cantidades para sufragar el IVA de facturas que no han sido cobradas. La tercera gran petición se centrará en que el Ejecutivo haga oídos sordos a las presiones de las grandes empresas para que se puedan pactar plazos de pago entre acreedor y deudor que dejen en papel mojado lo marcado por la ley, una figura más conocida como "pacto entre partes".

Cañete remarca que van a ser muy exigentes con estas tres reivindicaciones y que si el 17 de marzo no se han visto refrendadas podría darse el caso de que desde la Plataforma se presenten denuncias a España ante las autoridades comunitarios por no trasponer una directiva comunitaria. "Lo único que vamos a hacer es actuar para que se cumpla la ley", apunta.

El portavoz de la Plataforma confiesa, no obstante, que espera no tener que llegar a esa situación y confía en que el Ejecutivo tenga voluntad de negociación. "Ya la tuvo con el Plan de Pago a Proveedores y esperamos que también lo tenga en este caso. Lo que proponemos es una actitud laxa en la negociación con los plazos, siempre que no haya fisuras en temas tan controvertidos como el pacto entre partes", recalca.