viernes, 19 septiembre 2014

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A Fondo

Una tarifa eléctrica cuadrada con calzador

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Dos son las grandes novedades de la orden ministerial de peajes eléctricos que entrará en vigor el 1 de enero: un nuevo sistema de tarifas adicionales para cobrar más a los consumidores domésticos en función de su potencia y sus consumos, y un aparente rescate del sistema eléctrico por parte del Estado que, según la propuesta remitida por el Ministerio Industria a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), sufragará a través de los Presupuestos del próximo año 5.717 millones de euros. Este es el déficit que registrará por sí mismo el sistema y que equivale a la diferencia entre los costes previstos (20.374 millones, casi la mitad de las primas del régimen especial) y los ingresos que obtendrá vía recibos de la luz, esencialmente. Lo demás es dinero a conquistar de las Cuentas Públicas.

Antes de proceder al análisis de unos peajes próximos al disparate, conviene advertir que, según la ley de medidas energéticas de julio de 2009, el sistema eléctrico no podrá registrar déficit de tarifa alguno a partir de 2013, por lo que las tarifas de acceso (y los fondos públicos, como es ahora el caso) deben ser suficientes para cubrir los costes. El Gobierno se ha visto condicionado por esta norma y ha decidido cumplirla, pero solo de antemano y con trampas en el solitario. Esto es, no reconoce déficit de tarifa alguno sobre el papel, pero sus previsiones son tan posibilistas (falsas, algún caso) que conducirán inevitablemente a una fuerte desviación en el conjunto del ejercicio. Y es que los peajes para 2013 ya arrastrarán un déficit (no titulizable con el aval del Estado) de 1.952 millones de este año, según el dato que figura en la propia orden ministerial. Y no escasean las dudas si se cumplirán las previsiones de demanda y de precios como ha ocurrido con los peajes para este año.

En un alarde de aritmética básica, el Ministerio de Industria (o quien haya sido) ha hecho cuadrar esos 5.717 millones de euros con unos ingresos que procederán, descontados los 450 millones derivados de las subastas de derechos de CO2, de las arcas públicas. Por un lado, de una partida de ida y vuelta que se alimentará de los polémicos impuestos al sector energético que entran en vigor el 1 de enero y que el Gobierno calcula en unos 3.000 millones. Y, por otro, de unos misteriosos ingresos extraordinarios también procedentes de los Presupuestos "en el entorno de los 2.270 millones". ¿Será solo casualidad que esta cifra coincida con la anualidad de déficit pasados que los consumidores pagarán en 2013? No lo parece,sise recuerda que hace unos mesesel ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció que los Presupuestos sufragarían esta deuda.

Para dar una apariencia de legalidad a estos trasvases presupuestarios, el Gobierno ha decidido también recuperar la obligación que tiene el Estado desde 2009 de financiar las subvenciones a los sistemas eléctricos de las islas, de Ceuta y Melilla, que año tras año han ido incumpliendo las correspondientes leyes de presupuestos y que en 2013 supondría el 100% de dichos costes. Así, con el dinero de la recaudación de los nuevos impuestos de la energía, que preceptivamente deberán destinarse a políticas de eficiencia energética, el Gobierno pagará primas a las renovables y con la partida misteriosa (que no figura en los Presupuestos de 2013) los extracostes de las islas. Pero algo no concuerda pues estos son inferiores (1.755 millones) a los citados 2.270 millones y ni esta partida ni la del servicio de la deuda figuran en la nueva Ley de Presupuestos.

En cuanto a los peajes progresivos, que se traducirán en una subida media del 4,3% para los consumidores domésticos afectados (que serán casi todos), es la paradoja tarifaria nunca vista: tendrán un efecto nulo en los peajes y al mismo tiempo supondrá una recaudación de 280 millones, según el texto legal. La contradicción es tal que ni el propioSoria, gran vocero de las congelaciones tarifarias (falsas y reales), se ha atrevido a salir a los medios a confirmar lo que anunció hace par de semanas: que "la parte regulada del recibo", como le gusta llamar a los peajes, no subiría en enero. Hay quien considera su silencio como la prueba irrefutable de que esa parte regulada subirá, y mucho, (se dar por descontado que también lo hará el precio de la energía que se fijará en la Cesur del día 21). Tampoco podía ser de otra manera si el Gobierno quiere evitar una nueva denuncia de las grandes eléctricas ante el Tribunal Supremo para obligar al Ejecutivoa aprobar peajes suficientes.

Pero la citada progresividad, que ya aplicó y tuvo que retirar el anterior ministro de Industria, Miguel Sebastián, tendrá otro coste, y no solo económico, para las empresas distribuidoras. Estas ya han advertido que su aplicación, que les obligará a cambiar todos los sistemas informáticos para facturar a 26 millones de clientes, "provocará el caos". Sobre todo, porque dicha progresividad, que no es equitativa por no tener en cuenta el consumo per cápita familiar y supone el pago de una segunda tarifa, se refiere a consumos mensuales con lecturas reales. ¿Cómo penalizar correctamente al mes los kW/h que se consideran derroche cuando los contadores se leen cada dos meses? ¿Serían legales las estimaciones de consumo en estos caso? Estas son algunas de las incógnitas que se plantean en unas compañías que, en privado, y cada vez más en público, no encuentran ya adjetivos para criticar a este Gobierno.

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