domingo, 21 de diciembre de 2014

Está pasando

Se incrementan en mil millones respecto a 2012

Las primas a las renovables superarán los 9.000 millones el próximo año

  • Las primas del régimen especial ascenderán a 9.060 millones en 2013, lo que supone casi mil millones más que en 2012, año en que se producirá una desviación similar. Esa partida representa casi la mitad de los costes del sistema.
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La propuesta de orden ministerial de los peajes de acceso pone una vez más en evidencia los desvíos que se producen cada año en el cálculo de las primas de las energías renovables, que se financian en esta tarifa. También la bola de nieve que suponen las anualidades del déficit de tarifa que comenzó a generarse hace ya más de una década y que el año que viene sumarán 2.271 millones.

Las primas del régimen especial ascenderán el próximo año a 9.060 millones de euros, casi la mitad del total de los costes regulados del sistema (20.374 millones) y unos mil millones por encima de la previsión de pagos para este año, que, según la CNE, alcanzará los 8.981 millones. En este ejercicio, se ha producido una desviación de otros mil millones respecto a la cifra que recogía la orden de peajes de 2012.

Fuentes empresariales y del propio regulador atribuyen este fuerte incremento a los megavatios termosolares no afectados por la moratoria a las primas de la renovables aprobada hace casi un año por el Gobierno de Rajoy y que se han incorporado o se van a incorporar al mercado. También a la propia crisis económica y la incertidumbre que provoca el sistema de pago de primas para compensar los precios de mercado.

La segunda mayor partida de costes regulados del sistema, aunque a distancia de la anterior, es la de la distribución, 5.161 millones, de los cuales, 4.809 millones corresponde a las cinco grandes eléctricas (de estos, la mitad, a Endesa) y, el resto, a las pequeñas distribuidoras con menos de 100.000 clientes. El pasado marzo el Gobierno recortó a través de un real decreto ley la retribución de esta actividad y, aunque está pendiente la elaboración de una nueva metodología, por el momento, el Gobierno va a aplicar "los criterios introducidos" en dicha norma, que supuso un recorte de ingresos para las compañías de 700 millones de euros.

Otro tanto ocurre con la actividad del transporte, cuyo recorte fue mucho menor, y que el próximo año tendrá un coste en los peajes de 1.637 millones, en su mayoría destinados a la retribución de REE.

En cuanto a las anualidades por los desajustes de ingresos (déficit de tarifa) que los consumidores tendrán que pagar este año ascienden a los 2.271 millones antes citados, que se reparten entre las liquidaciones de distintos años y la anualidad al FADE, el fondo para la titulización de la deuda eléctrica. Según la propuesta de orden de tarifas, en tanto se desarrolle un nuevo método de cálculo, los intereses que devengarán los derechos de cobro del déficit serán del 2%.

Otra partida reseñable en el escandallo de costes de la tarifa es el del exceso de déficit de este año (por encima del límite legal permitido para ser titulizado con el aval del Estado) que suma 1.952 millones, además del permitido de 1.500 millones. Para absorber esta cifra y los sobrecostes extrapeninsulares (más de 1.755 millones) el Gobierno ha recurrido a la financiación de la tarifa vía Presupuestos. Si bien es cierto que una buena parte, 3.000 millones, según la orden ministerial, procederá de los impuestos a la generación eléctrica y el gas, que pagarán los propios consumidores, pues las empresas los repercutirán en el precio final.

En cuanto a los ingresos no fiscales de la tarifa (14.844 millones de euros), solo una pequeña parte procede de otro bolsillo que no es el de los consumidor. Por ejemplo, los 127 millones de euros de los peajes de los generadores o los 200 millones de los tributos autonómicos que se ha quedado asume el Estado, pero que debe compensarles después en los Presupuestos.

Latarifa de la industria

Por su parte, la partida de los peajes con la que se compensa el consumo de la gran industria sigue igual: 484 millones deeuros. Pero solo de momento. El Ministerio de Industria tiene en marcha otra orden para mejorar esa cifra en 150 millones. Si la aprueba en enero, evita encajar ese dinero en unos peajes ya artificialmente ajustados.

El bono social se mantiene en 2013

La orden de peajes recoge una sentencia dictada este año por el Supremo, según la cual, no deben ser las cinco grandes eléctricas las que financien el bono social de la tarifa. El Gobierno ha optado por que lo pague el resto de consumidores. Este bono, que supone la congelación de la factura eléctrica, la disfrutan varios colectivos pero no se aplica según la renta. Según la ley de 2009 por la que se creó, el bono debía desaparecer en 2013, pero otra norma de diciembre de 2010 amplió su vigencia hasta 2014.

Así, la nueva orden de peajes recoge un coste de 161 millones por el bono social imputable a la tarifa de 2012 y otros 187 millones de para 2013. Estos consumidores quedan al margen del nuevo sistema de peajesprogresivos.

Por otro lado, la propuesta remitida a la CNE vuelve a dar un año de plazo para que abandonen el mercado regulado los consumidores con potencia superiores a 10 kW que, sin tener derecho a la TUR, tienen problemas para encontrar un suministrador en el mercado libre.

Tal es el caso de muchos ayuntamientos y organismos públicos que disponían de plazo hasta el próximo 31 de diciembre para pasar el mercado libre. Los que no puedan hacerlo, pagarán el precio de la TUR con un recargo del 20%. La historia de esta prórroga se repite desde que en 2010 estos consumidores, muchos con problemas de morosidad, fueron arrojados al mercado libre.

Por otro lado, el pleno del Senado aprobó ayer con los votos del PP, el proyecto de ley de medidas fiscales al sector energético. Respecto al texto que salió del Congreso, se eleva del 6% al 7% el impuesto a la generación eléctrica y se baja el céntimo verde al gas para uso industrial de 0,65 a 0,15 céntimos por gigajulio, excepto a la cogeneración y los ciclos combinados. Los grupos de la oposición votaron en contra de estas medidas, que han sido fuertemente contestadas por las empresas.

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José Luis Martínez Campuzano

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