Las comunidades vuelven a fallar en la previsión de ingresos propios

Cumplir el objetivo de déficit resulta imposible si las previsiones de recaudación resultan demasiado optimistas. Y las comunidades han vuelto a caer en este error en aquellos tributos e ingresos que dependen exclusivamente de ellas.

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que se aplica a la compraventa de viviendas de segunda mano, y el impuesto de actos jurídicos documentados, que grava la formalización de una hipoteca, supuso hasta septiembre 4.236 millones, un 57% de lo presupuestado para todo el ejercicio y un 15% inferior a los derechos reconocidos en el mismo período del año anterior. La merma de ingresos no resultaría tan dañina si se hubiera contemplado en los presupuestos. Sin embargo, no ha sido así. Las comunidades presupuestaron que recaudarían un 15% más.

Es posible que el incremento de ventas de viviendas en la última parte del año ante la desaparición de la deducción en el IRPF por inversión en vivienda a partir de enero de 2013 logre mejorar esas cifras. Por otra parte, por el capítulo de enajenaciones reales -que contempla desinversiones y ventas de edificios- se registran, como ya sucedió el año anterior los desvíos más significativos.

Hasta septiembre, las comunidades solo habían logrado 116 millones de los 1.455 millones previstos inicialmente. Sin embargo, en este capítulo falta por imputar la venta de la Generalitat de Aguas del Llobregat a Acciona, que reportará a las arcas catalanas casi 1.000 millones. Aún así, en la mayoría de comunidades se registrarán importantes desviaciones. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, había previsto recaudar por la venta de edificios unos 141 millones y apenas ha logrado hasta el tercer trimestre, 9,3 millones.

Hay algunos casos que resultan casi cómicos. La Rioja había presupuestado ingresar por enajenaciones de inversiones reales 2,1 millones de euros y hasta septiembre, la recaudación asciende a 1.000 euros.

Las herencias sí funcionan

Sin embargo, otro de los tributos propios evoluciona mejor de lo esperado. El impuesto sobre sucesiones y donaciones, que grava las herencias, aportó a las arcas autonómicas 2.056 millones cuando la previsión para todo el año asciende a 1.979 millones. La mayor parte de ingresos de las comunidades autónomas procede de las transferencias que realiza la Administración central y que se deciden a principios de año, lo que permite a las regiones tener cierta certeza acerca de los recursos que dispondrán.

En cualquier caso, llama la atención que tras cinco años de crisis inmobiliaria, las comunidades sigan errando en las previsiones de los ingresos propios ligados a este sector. La mayoría de analistas sostiene que las comunidades autónomas no lograrán cerrar el ejercicio con un déficit del 1,5%, umbral que exige Hacienda. Fedea estima que los números rojos ascenderán al 2% frente al déficit del 3,3% que registraron el año anterior. Si se cumplen esas previsiones, las comunidades lograrán rebajar su desfase fiscal por primera vez desde que se inició la actual crisis.

Para el conjunto de la Administración Pública (Estado central, comunidades, ayuntamientos y Seguridad Social), el objetivo de déficit impuesto por Bruselas es del 6,3% del PIB (66.190 millones de euros). Si bien el Gobierno no lo dice de forma clara, el presidente Mariano Rajoy y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya han sugerido que se sobrepasará ese límite. El mercado da por descontado ese escenario y la incertidumbre se centra en conocer el grado de desviación.

Todo apunta a que si el déficit público se queda por debajo del 7%, los inversores internacionales reconocerán el esfuerzo de reducción de los números rojos que, en 2011, alcanzaron el 8,9%. Recortar dos puntos de déficit en un ejercicio y en mitad de una recesión no resulta sencillo. Sin embargo, si se sobrepasa el nivel psicológico del 7%, cabe esperar un incremento de la prima de riesgo, y por lo tanto, del coste de financiación de la Administración y, por extensión, de las empresas y particulares.