miércoles, 1 octubre 2014

Está pasando

Editorial

Otra política pública para la vivienda

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Aunque nunca nadie ha demostrado que en una economía abierta sea imprescindible tener una política pública de vivienda, su atractivo debe ser tan embriagador que los políticos caen en la tentación de aplicarla de oficio, convirtiéndose en supuestos benefactores de los compradores, de los vendedores, de los propietarios o de los inquilinos, pero nunca de todos a la vez, porque tal cosa es imposible. El Gobierno del PP, considerando que es un error cometido con contumacia la bonificación fiscal a la compra practicada desde los ochenta, o quizá porque en materia fiscal no les llega la camisa al cuerpo, han comenzado a aparcar tal práctica, y a sustituirla por las subvenciones al alquiler, y por concentrar las ayudas en la rehabilitación del parque y en la recuperación de las zonas más deterioradas de las ciudades, en las que se ha incrementado la vivienda desocupada tanto como ha aumentado la nueva en los cinturones urbanos en la última burbuja.

Es discutible la necesidad de una política pública de vivienda. Pero hay que admitir que los desarreglos ocasionados en el mercado por los años de descontrol y agitación de la demanda residencial, además de llevarse por delante la mitad del sistema financiero, han trastocado tanto las variables básicas de la vivienda que puede caerse en la tentación de corregirlas o atenuarlas con la acción pública. Si el incentivo a la compra ha fracturado el mercado, con unos precios prohibitivos para una buena parte de la población, veamos qué ocurre con los incentivos al alquiler, aunque sea para los colectivos más necesitados. No es, desde luego, manera responsable de proceder, aunque hay una franja demográfica que por la intensidad de la crisis puede quedar en la exclusión social o cerca de ella y debe ser atendida, al menos temporalmente. Y en ese caso los umbrales marcados por el proyecto defendido ayer por Fomento en el Parlamento pueden ser tan válidos como otros.

La ahora desechada bonificación de la vivienda protegida, además de marcar, como todas las subvenciones, los precios mínimos del mercado, ha quedado desautorizada por el mercado (hay stocks), y ha cebado más una oferta a todas luces desorbitada por la facilidad dada por los ayuntamientos y el crédito barato a la urbanización, acto con el que, por otra parte, alimentan sus arcas.

Si la política de Fomento pretende convertirse en un programa paliativo para aminorar el coste mientras se supera la crisis, bienvenido sea. Pero la única política de vivienda que en condiciones normales debe existir es libertad de mercado, sin intervencionismo fiscal, y garantía jurídica para movilizar el alquiler. Y dar tiempo a que se absorba la ingente cantidad de inmuebles vacíos que motean el paisaje. Para política pública, por ahora, basta con la gestión eficaz de esa descomunal inmobiliaria que es el banco malo.

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