jueves, 30 octubre 2014

Está pasando

Tendrán un plazo de solo seis meses para contratar en el mercado libre

Industria dejará sin precio regulado de la luz a siete millones de consumidores

  • A la tarifa de último recurso solo tendrán derecho los consumidores con menos de 5 kW de potencia contratada, según la reforma que prepara el Gobierno. La medida afectará a siete millones de usuarios, que solo dispondrán de medio año para contratar la luz en el mercado libre.
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C. CORTINAS

Que el Gobierno tiene intención de eliminar total o parcialmente la tarifa de último recurso (TUR), a la que tienen derecho los consumidores con una potencia contratada igual o inferior a 10 kW, no es ninguna novedad. El propio ministro de Industria se ha ocupado de anunciarlo. Sin embargo, lo que no ha concretado hasta ahora José Manuel Soria es la fecha y, sobre todo, el número de consumidores que se quedarán sin tarifa para la electricidad que consuman.

Descartada la desaparición total de la TUR y tras barajar dos opciones (sacar de la misma a los consumidores con más de 5 kW o con más de 3 kW de potencia), Industria ha optado por la primera y más conservadora. Y es que la diferencia entre aplicar uno u otro límite es abismal: poniendo el límite en 5 kW se quedarían sin TUR unos siete millones de usuarios, pero si se baja hasta los 3 kW, se verían afectados más de 22 millones. Y es que la mayoría de los clientes domésticos (unos 15 millones) se encuentran en la franja de entre 3 kW y 5 kW de potencia contratada, en función de la cual, pagan un término fijo en su factura y una tarifa determinada por kilovatio consumido.

Conviene, no obstante, matizar que, pese a que, según los datos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), 26,6 millones tienen derecho a la TUR, más de 6,5 millones ya contratan su energía con alguna de las comercializadoras que funcionan en el mercado libre (ver gráfico), que ofrecen sus precios al margen de la tarifa y casi siempre por encima de la misma.

De estos clientes libres que aún tienen derecho a la TUR pero que han optado por no acogerse a ella, algo menos de dos millones se quedarían como están (se podría decir que se habían pasado al mercado libre antes de ser arrojados al mismo). En cuanto al resto, seguirían teniendo el derecho a la TUR, lo ejerzan o no.

Una vez decidido el límite de los 5 kW, queda por ver la fecha de la entrada en vigor de la nueva norma y el periodo transitorio para que los consumidores puedan hacer sus traspasos. Respecto a esta última cuestión, fuentes próximas al Gobierno aseguran que se les dará seis meses de plazo, tiempo que podría resultar del todo insuficiente a la vista de lo ocurrido en anteriores ocasiones. Así en 2009, cuando se bajó de 15 kW a 10 kW la potencia contratada con derecho a tarifa, lo que afectó solo a unos 600.000 clientes (especialmente, comercio y pequeña industria), se aprobó un plazo de adaptación de un año que tuvo que ampliarse en varias ocasiones ante las dificultades de los afectados para firmar contratos de suministro en el mercado libre o por las dificultades para entender un sistema tan complicado. Todavía en la actualidad, algunos de aquellos clientes siguen a tarifa, a pesar de las fuertes penalizaciones que suponía no realizar el traspaso obligatorio.

En esta ocasión, la gran novedad está en que la expulsión de la TUR afectará a los consumidores domésticos que, hasta ahora, se habían salvado, y en lo elevado del número de afectados.

Entrada en vigor

La medida forma parte de la "reordenación" del sector anunciada por Soria. Aunque la fecha es una incógnita, todo apunta a que no se aprobará el 1 de enero, ya que la subasta Cesur que determinará el precio de la electricidad para el suministro de último recurso del primer trimestre del año está fijada para el próximo día 21. Y, de momento, el ministerio no ha anunciado ningún cambio.

El Gobierno justifica la desaparición parcial de la tarifa en que es una exigencia de la UE. Además, considera que de esa manera se libra de un problema: el tener que anunciar cada trimestre las revisiones de una tarifa que, sin fijarlas él, sino la citada Cesur, le supone un coste político.

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