miércoles, 20 agosto 2014

Está pasando

El empresario estaba totalmente acostumbrado a declarar en juzgados

Ángel de Cabo, ¿dónde comemos hoy?

  • Ángel de Cabo no es un especialista en el sector de la construcción, en el del turismo o en el de la alimentación. Sin embargo en los tres últimos años se ha hecho cargo de tres de las compañías más representativas de esos sectores: la constructora Teconsa, el grupo Marsans y Nueva Rumasa.
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No será un experto en ninguno de estos negocios, pero sí lo es en el de dar la cara en el juzgado cuando jueces y administradores concursales reclaman la responsabilidad societaria pertinente en concursos necesarios, aquellos en los que los anteriores propietarios son apartados por el juez de la administración de las compañías.

En los casos de concurso necesario el empresario al frente de la compañía afronta una elevada conflictividad laboral y el riesgo de que sus propiedades sean embargadas para pagar a los acreedores. Además del daño reputacional que supone aparecer en los medios. De Cabo, al frente del despacho valenciano Aszendia, asumió esa carga al tomar los mandos de Marsans, Nueva Rumasa o Teconsa, entre otras muchas compañías. Pero, según denuncias de empresarios que traspasaron sus sociedades a De Cabo, el empresario valenciano aprovechaba además la situación para cargar a los anteriores administradores altas minutas y tratar de vender como fuera los pocos activos que quedaban en las compañías.

El informe concursal de la inmobiliaria y constructora Vías, Canales y Puertos, al que ha tenido acceso este diario, asegura que Aszendia trató de quedarse con fincas de la concursada como pago por determinados servicios, "en claro perjuicio del resto de acreedores". Los administradores concursales se encontraron con que 22 vehículos de VCP habían sido transferidos a terceras empresas tras la declaración del concurso. Comprobaron que algunas de esas empresas estaban vinculadas a De Cabo Sanz. En julio de 2009 los administradores solicitaron al juez que se requiriera a De Cabo la devolución de cinco vehículos. El informe concursal de Marsans también recoge situaciones similares a las apuntadas por el informe de VCP.

Empresarios dueños de compañías de menor tamaño que las apuntadas y con los que ha hablado este diario afirman que el equipo de De Cabo se hacía cargo de las empresas en concurso y que "arramplaban con todo, dejando la empresa en peor situación de la que estaban". Iván Losada, mano derecha de Ángel de Cabo, que también fue ayer detenido, respondió a este diario en una entrevista publicada este año cuando se le comentaron estas acusaciones: "Asumimos que nos ven como el malo de la película".

En una querella presentada en la Audiencia Nacional en enero de este año por Nueva Rumasa, a la que ha accedido este diario, el querellante advierte que en la vivienda "titularidad del Sr. De Cabo se encuentran guardados o depositados objetos de gran valor, tanto económico como artístico e histórico, que ha ido sustrayendo a las empresas que ha adquirido, a modo de alzamientos de bienes".

El pasado mes de julio De Cabo anunciaba a través de un portavoz que abandonaba el negocio de la adquisición y gestión de compañías quebradas. Demasiado tarde para evitar mayores procesos judiciales y presión mediática. Pocos días antes se había conocido que la fiscalía de Ginebra había bloqueado en Suiza 4,9 millones de euros de Ángel de Cabo. El auto explica que tales fondos "procederían de una empresa irlandesa del Grupo Marsans".

A finales de febrero De Cabo acudió a la Audiencia Nacional para declarar como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la presunta estafa de los pagarés emitidos por el grupo de Ruiz-Mateos. Aunque el empresario valenciano siempre ha rehuido a los periodistas -"han ido al colegio de mis hijos para pillarme a mi", dijo- no pudo entonces evitar hacer comentarios jocosos, para desesperación de su responsable de comunicación. A los medios presentes, tras declarar ante el juez y más de 20 abogados, preguntó si conocían un buen restaurante para comer, quizá un cocido.

Las causas pendientes de Díaz Ferrán

Gerardo Díaz Ferrán mantiene abiertos varios procesos judiciales. Además de la causa investigada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se une la que instruye en el Juzgado Central de Instrucción número uno, que investiga al expresidente de la patronal por la presunta apropiación indebida de 4,4 millones de Marsans procedentes de clientes minoristas del grupo turístico.

La tercera causa que tiene Díaz Ferrán en la Audiencia Nacional es la relacionada con un presunto delito fiscal que tanto él como su socio Gonzalo Pascual, fallecido este año, habrían cometido en la operación de compra de Aerolíneas Argentinas en 2002. El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo solicita en un escrito de acusación fechado el pasado 8 de noviembre, y conocido en marzo, penas de prisión de dos años y cuatro meses por presunto delito contra la Hacienda pública contra los expropietarios de Marsans. Fuentes judiciales indicaron ayer a este diario que el juicio está señalado para el próximo mes de febrero.

El Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid declaró a Díaz Ferrán culpable de la quiebra de Seguros Mercurio en mayo. Este mismo juzgado de Madrid tenía previsto interrogar mañana a Díaz Ferrán por la aprobación de un crédito de 26,6 millones que la entidad Caja Madrid concedió al empresario, informó Efe.

La juez del concurso de Marsans tiene pendiente anunciar la calificación del concurso; fuentes judiciales informan que el fallecimiento de Gonzalo Pascual ha retrasado el proceso que, previsiblemente termine con la declaración de culpabilidad.

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