jueves, 17 abril 2014

Está pasando

Editorial

IPC, pensiones, déficit y caprichos editoriales

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Sorpresa: el índice de precios de consumo (IPC) ha avanzado entre noviembre de 2011 y noviembre de 2012 un 2,9%, la nada despreciable cantidad de seis décimas menos que la tasa interanual registrada en octubre. La causa es la fuerte bajada de los precios de los carburantes en la última semana de octubre y las tres primeras de noviembre, que ha duplicado la intensidad de las caídas de precios de gasolina y gasóleo en el resto de Europa, y la consecuencia, de haber cumplido la ley, una revalorización mucho menos costosa de las cuantías de las pensiones de la Seguridad Social y clases pasivas del Estado. Otra cuestión es saber si un descenso tan acusado de la factura del repostaje de los carburantes ha estado inducido por el Gobierno, que mantuvo una agresiva política en tal sentido en octubre, y explicitada tanto en declaraciones del titular de Industria como en informes de Competencia. Las cosas, desde luego, no ocurren porque sí.

Sea como fuere, la inflación ha descendido seis décimas en noviembre, hasta el 2,9%, más acorde que la tasa anterior a una situación de recesión severa de la demanda, en la que las ventas minoristas registran caídas anuales de más del 8%. Bien es verdad que el índice de precios de consumo está violentado por las fuertes subidas de los impuestos desde enero, y que abandonarán la tasa anual pasado un año. Otra cosa es que esa inflación se queda toda la vida en los precios finales de los bienes y servicios, puesto que el IVA que subió en septiembre no volverá a bajar.

El Gobierno y su presidente, de manera muy explícita, han hecho bandera política y electoral del respeto de la norma en materia de pensiones y respetarla supondría abonar ahora a todos los pensionistas 1,9 puntos sobre las cuantías vigentes y consolidar la subida en 2013, antes de proceder a la revalorización del próximo ejercicio. Pero la mala situación de las finanzas públicas, atenazadas por la fuerte caída de la recaudación tanto en Hacienda como en la Seguridad Social, ha llevado al Gobierno a pedir ayuda financiera para capitalizar una parte de la banca, podría obligarle de nuevo a pedir socorro para financiar al propio Estado y ha forzado al Ejecutivo a romper su promesa. No hay actualización en función del IPC este año.

La crítica política se cebará con el Gobierno en esta materia. Pero hoy es más prioritaria la consecución del objetivo exigido de déficit (6,3% para este año) que actualizar las pensiones, por mucho quebranto de la norma que ocasione. Actualizar las pensiones costaría 1.900 millones de euros este año, dos décimas de déficit más, que se replicarían de nuevo en 2013, y que se arrastrarían durante un periodo medio de nueve años, con un sobrecoste de 19.000 millones. De enviar una señal muy convincente a los mercados de que se puede bajar el déficit y comenzar a domeñar el avance de la deuda pública depende la financiación del Estado, de la banca y de la propia economía para recuperar el crecimiento. Y los pensionistas deben poner su parte de sacrificio en esta carrera de estrecheces en la que se ha metido el país para superar la crisis, máxime cuando la Seguridad Social tiene que meter mano este año a sus ahorros (fondo de reserva) para abonar la paga extra de Navidad. Cierto es que las cuantías de las pensiones no son precisamente muy generosas (casi seis millones de ellas son inferiores a 1.000 euros mensuales), pero esas dispondrán de una subida en 2013 del 2% para atemperar su sacrificio. Mantener hoy a toda costa la promesa, por mucha pomposidad que se le quiera conceder a los compromisos electorales, tiene un precio económico muy elevado y podría considerarse más un capricho que un compromiso.

Dicho esto, lo lógico es que el Gobierno hubiese eliminado de una vez el mecanismo de indización al que están sometidas las pensiones, para evitar el sofoco político por el que ha pasado este año, y que bien podría pasar de nuevo en noviembre de 2013 si el IPC sigue desbocado. Debería sustituirlo por un sistema que pudiese adaptarse a las circunstancias financieras de la caja de las pensiones sin atropellar a cada paso la ley. Pero no lo ha hecho. Y ha fracturado la revalorización de 2013, castigando a quienes durante más años han mantenido más esfuerzo de cotización, ese mismo que cada vez que se invoca el espíritu reformista se pide a los activos.

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