martes, 21 octubre 2014

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Reforma eléctrica, entre el tajo y el sablazo

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Hay un mérito (si es que se le puede llamar así) que no se le debe negar al ministro de Industria, José Manuel Soria. Y es que desde que llegó al Gobierno hace apenas un año ha mantenido en "un vilo reformador" al sector eléctrico. Ya en el primer trimestre del año anunció una gran reforma, que se saldó con un tajo a los costes del sistema eléctrico de 1.500 millones de euros (700 millones a la retribución de la distribución). Pero, ni aquello fue una reforma ni tenía carácter permanente, pues buena parte de los recortes tenían una vigencia de un año. Por tanto, los peajes de acceso que entren en vigor en enero deben volver a recuperar algunos de los costes recortados la pasada primavera.

Pero el ministro canario no cejó en su empeño y anunció una segunda reforma para el mes de mayo, "la definitiva", la que acabaría con el déficit de tarifa. Eso sí, la tenía que abordar por separado pues, mientras en el primer caso bastó un real decreto ley, en el segundo, al tratarse de la creación de nuevos impuestos, era necesaria una ley refrendada por el Parlamento. Pero no solo por el Parlamento sino, como pudo comprobarse más tarde, por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Se pasó pues del tajo que supusieron las primeras medidas, al sablazo que va a representar el proyecto de ley de medidas fiscales al sector energético (un 6% a los ingresos por cualquier tipo de generación eléctrica y un céntimo verde al consumo del gas natural)_a punto de salir del Senado y que entrará en vigor el 1 de enero.

Ya convencido de que lo que el Gobierno ha abordado hasta ahora nada tiene que ver con una reforma, Soria ha reprogramado su discurso y ha anunciado, ahora sí, "la verdadera reordenación del sector eléctrico". Sin embargo, dados los antecedentes y aunque a la tercera suele ir la vencida, en el sector y en sus aledaños muchos tiemblan ante el anuncio sin concretar de Soria.

En su nueva declamación, el titular de Industria argumenta que lo aprobado hasta ahora han sido solo medidas para "taponar" la hemorragia del déficit del sistema, que se desangra en la mesa de operaciones. Sin embargo, la realidad demuestra que con el tratamiento aplicado, Industria tampoco ha sido capaz de aplicar el torniquete, lo que pone en duda su capacidad para frenar la sangría. Según las previsiones de la Comisión Nacional de la Emergía (CNE) el déficit de tarifa se volverá a disparar en 3.000 millones de euros este año.

El motivo, la desviación respecto a lo previsto de las primas de las renovables (8.000 millones frente a 7.000 millones); una mala previsión de la demanda energética, que se ha traducido en una caída de ingresos de 400 millones y los 1.500 millones de los costes extrapeninsulares de los que nadie (ni Presupuestos del Estado ni tarifa) quieren hacerse cargo.

Pero, para mantener al sector en ese vilo reformador y, de paso, en la incertidumbre, el propio Soria va soltando píldoras sobre lo que será su "reforma verdadera". La más importante, que el Gobierno va a eliminar la tarifa de último recurso (TUR) o, al menos, rebajar el número de usuarios con derecho a la misma (los que tienen menos de tres kilovatios de potencia contratada o menos de cinco, todo un misterio).

Lo cierto es que quedan más de una veintena de medidas en el candelero, muchas de ellas por exigencia legal. Así, el 1 de enero de 2013 desaparece el actual bono social de la tarifa y la posibilidad de que se genere déficit de tarifa titulizable. Quedan pendientes también la nueva metodología de los peajes de acceso, que debe proponer la CNE, que ha realizado una consulta pública en este sentido. Sin olvidar el sistema de retribución para la distribución y el transporte; los pagos por capacidad; las extrapeninsulares; el acoplamiento del mercado con Europa; el balance neto para el régimen especial de pequeño tamaño y los fondos para la interrumpibilidad.

La desaparición de la TUR implicaría la desaparición de las subastas Cesur y de las seis comercializadoras a tarifa (propiedad de las cinco grandes eléctricas de Unesa y la portuguesa Galp). No resulta probable que una medida tan relevante se vaya a aprobar con tanta celeridad, pues requeriría, de entrada, la suspensión de la próxima Cesur prevista para la tercera semana de diciembre y que determinaría el precio de la energía para el primer trimestre de 2013.

Además, los antecedentes demuestran que la desaparición de las tarifas debe hacerse de forma transitoria, máxime en un sistema tan complicado como es el eléctrico.

Con la desaparición de la TUR el Gobierno pretende desentenderse de una tarifa que se revisa trimestralmente (la de los peajes de acceso). "Muerto el perro, se acabó la rabia" viene a decir. Al eliminar esta tarifa, los consumidores deberán contratar la energía en el mercado libre que no depende del Gobierno. La idea, según fuentes del sector, es trasvasar al precio de la energía algún que otro coste de los peajes, algo nada fácil.

Pero la TUR tiene también alguna ventaja para el Gobierno: en los periodos en los que baja el precio de la energía pueden subir los peajes en la misma proporción y vender, así, a los consumidores que la factura se ha congelado.

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