martes, 21 octubre 2014

Está pasando

Deberán acreditar una pérdida sustancial de ingresos

El Gobierno extremeño suspende dos años el pago del alquiler de viviendas públicas para familias necesitadas

  • El Gobierno de Extremadura suspenderá de manera "inmediata y temporal" el pago del alquiler de las viviendas públicas durante un periodo máximo de dos años para aquellas familias que han visto "alterado" sus ingresos "significativamente" como consecuencia de la crisis económica en los cuatro años anteriores al momento de su solicitud.
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El consejero de Fomento, Víctor del Moral, ha informado en rueda de prensa de que podrán acogerse a esta medida todas aquellas unidades familiares para quienes el alquiler suponga un "esfuerzo económico" superior al 10 por ciento de sus ingresos netos anuales.

En su intervención, Del Moral ha explicado que el Consejo de Gobierno de Extremadura ha conocido este viernes el borrador de la orden que dictará la Consejería de Fomento sobre los requisitos que deberán reunir los inquilinos de viviendas de protección pública para acogerse a la suspensión temporal de la facturación mensual de la renta.

Del Moral ha hecho estas declaraciones en compañía de la vicepresidenta y portavoz, Cristina Teniente, y del consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, tras el Consejo de Gobierno de Extremadura.

Requisitos

En su intervención, Del Moral ha indicado que la semana pasada el Gobierno central aprobó un decreto de urgencia para "reforzar" la protección de los deudores hipotecarios, atendiendo a las "circunstancias excepcionales" provocadas por la crisis.

Una realidad que, según ha dicho, "también es palpable" en Extremadura, y ante la que el Ejecutivo regional ha decidido "complementar y adaptar la iniciativa del estado" para los beneficiarios de viviendas sociales con "dificultades".

Fuentes de la Consejería de Fomento han aclarado, en declaraciones a Europa Press, que los beneficiarios deberán cumplir tres requisitos para quedar exentos del pago del alquiler durante un plazo de hasta dos años, el primero de ellos relativo a que el importe del alquiler no resulte superior al 10 por ciento de los ingresos netos.

Otro de los puntos pone como requisito que se trate de una unidad familiar en la que concurran al menos uno de los siguientes supuestos: familia numerosa, unidad familiar monoparental con dos hijos, unidad familiar con, al menos , un menor de tres años, unidad familiar desempleada y agotamiento de las prestaciones por desempleo.

Otro de los supuestos incluidos en este punto es que la unidad familiar presente algún miembro con discapacidad reconocida superior al 33 por ciento, o enfermedad que suponga incapacidad permanente para la actividad laboral; así como la presencia de una unidad familiar en la que exista una víctima de violencia de género.

Para concluir, el tercer supuesto que deben cumplir los beneficiarios es que en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una "alteración significativa" de sus circunstancias económicas, y cuando el esfuerzo que represente el pago del importe del alquiler, sobre la renta de la unidad familiar se haya multiplicado por al menor 1,5.

Todas las personas que deseen acogerse a esta medida deberán acudir al Servicio de Viviendas Promoción Pública, de Consejería de Fomento, donde deberán entregar el modelo de solicitud de suspensión de facturación, junto al resto de la documentación que acredite los requisitos.

El plazo máximo de resolución de la notificación será de tres meses desde la presentación de la solicitud.

Para concluir, Víctor del Moral ha señalado, a preguntas de los periodistas, a unas declaraciones de la Plataforma del Afectados por la Hipoteca de Cáceres, tras mantener una reunión con miembros de su consejería y en la que, según dijo el colectivo, se les transmitió que si el único requisito para el desahucio "era la falta de pago, no se va a desahuciar".

A este respecto, el consejero ha señalado que la plataforma procedió a "interpretar" las palabras del director general de Arquitectura y Vivienda, Manuel Lozano.

"Si cualquier persona adjudicataria de una vivienda social incumple injustificadamente y reiteradamente sus obligaciones del pago, del contrato de alquiler que tiene firmado con el Gobierno de Extremadura, se intentará por todos los medios recuperar esa vivienda", ha señalado.

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