jueves, 31 julio 2014

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El Foco

El mundo tributario al revés

  • El autor reflexiona sobre las posibles consecuencias negativas que puede traer consigo la amnistía fiscal que ha aprobado el Gobierno. En su opinión existen otras alternativas para elevar los ingresos tributarios.

José María Peláez Martos

23-11-2012 07:21

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La amnistía fiscal está poniendo todo nuestro sistema tributario del revés. Desde el punto de vista de la justicia fiscal, solo hay que leer el artículo 31 de la Constitución para comprobar que la medida no cumple con los principios del sistema tributario establecidos en dicho precepto, y, en su momento, el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse en el recurso que se ha presentado contra la medida.

Además de ello, produce vergüenza que con esta medida se le haya abierto la puerta al blanqueo de dinero procedente del crimen organizado, ya que, incompresiblemente, no se le exige al declarante que manifieste el origen de las rentas que ahora regulariza. Si el nombre oficial es Declaración Tributaria Especial, ¿Qué problema había para exigir al declarante que manifestara si las rentas y bienes ocultos, que ahora declara, corresponden a ventas en negro, plusvalías, o dineros del abuelo que están en Suiza?

Desde el punto de vista recaudatorio, el objetivo es ingresar 2.500 millones de euros. Aún con los recortes de su presupuesto, la Agencia Tributaria lleva recaudado en lo que va de año un 20% más de lo presupuestado (1.338 millones). Si se le dotara de los medios necesarios para luchar contra el fraude fiscal, algo que llevamos demandando los Inspectores desde hace mucho tiempo, los ingresos que se podrían obtener serían muy superiores a los conseguidos por la amnistía, y sin necesidad de poner del revés los cimientos de nuestro sistema tributario.

Desde el punto de vista jurídico, la amnistía se ha convertido en una auténtica chapuza, ya que ha sido aprobada por un Real Decreto-Ley, modificado a los pocos días por otro posterior, y desarrollado por una orden ministerial que, sin tener cobertura legal para ello, amplió su contenido. La Dirección General de Tributos ha emitido dos informes, ampliando aún más su contenido, y la Dirección General del Tesoro ha emitido dos notas para tranquilizar a los que quieran pagar en el sentido de que no van a tener problemas con la legislación sobre el blanqueo de capitales.

La situación ha provocado una tremenda inseguridad jurídica, y así lo han puesto de manifiesto los asesores fiscales y otros profesionales. Con este lío normativo, se permite ahora regularizar el dinero efectivo, que no figuraba en el Decreto-Ley inicial, con la presunción legal de que el dinero depositado ahora en una cuenta bancaria ya se tenía el 31 de diciembre de 2010. Con esta ampliación se está permitiendo que las ventas en negro de los años 2011 y 2012 se acojan indebidamente también a la amnistía, lo que supone una incitación al fraude, ya que, ¿para qué va a pagar el empresario 21% de IVA de unas ventas de septiembre de 2012, más el impuesto sobre Sociedades o IRPF correspondiente, si haciéndolo en negro e ingresando su importe en una cuenta bancaria solo tiene que pagar el 10%? Otra ampliación de su contenido inicial permite aplicar la prescripción, con lo que solo se tendrían que declarar ahora los rendimientos correspondientes a esos bienes obtenidos en los últimos cuatro años. Así, una cuenta en Suiza abierta en los años del boom inmobiliario por importe de 2 millones de euros, con pagar ahora el 10% de los rendimientos obtenidos se queda santificada, y no hay que pagar nada para regularizar los dos millones. Esto sí que es una verdadera amnistía, pero sin que el Estado recaude casi nada, lo que contradice el objetivo de la medida.

Desde el punto de vista operativo, con la amnistía se han cambiado los papeles. Una de las funciones de la Agencia Tributaria es perseguir a los que no quieren pagar sus impuestos, a veces infructuosamente porque tienen a su alcance los paraísos fiscales, y la colaboración de expertos en planificación internacional, que les ayudan a ocultar las rentas en dichos territorios, mediante complejas estructuras fiduciarias. Con la amnistía, estamos asistiendo a una campaña de promoción de sus "bondades", con la implicación de la cúpula de la Agencia Tributaria, y, a veces, de la mano de los que previamente han organizado los entramados para defraudar. Además, las declaraciones presentadas están "secuestradas", ya que la Agencia no ha hecho los procesos que resultan habituales con el resto de las declaraciones.

Por ello, algunas comprobaciones que se ultiman estos meses se pueden estar perjudicando, como las del IVA, al no conocer la Inspección si la empresa ha presentado la declaración (modelo 750) por ventas en el Impuesto sobre Sociedades, que afectarían también al IVA. Una vez más, la bicefalia política (Secretario de Estado) y técnica (Director General de la AEAT) está provocando ineficacia en la actuación de la Agencia, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores.

El Gobierno ha aprobado deprisa y corriendo una ley de medidas contra el fraude, y la utiliza como amenaza para los que no se acojan a la amnistía. Los Inspectores sabemos que sin más medios, y sin otras reformas legales y organizativas necesarias, las medidas que contiene dicha norma, que son positivas, quedarán en papel mojado, como ha ocurrido con las más de 600 aprobadas desde el año 2005, y otras leyes contra el fraude anteriores, que no han servido para reducir sustancialmente el enorme fraude existente en España. Pero, esto también lo saben los defraudadores, y los que planifican sus estructuras perfectas para no pagar.

En conclusión, se podría admitir la amnistía fiscal como medida de fuerza mayor con el fin de obtener ingresos suficientes para salvar al país de una hipotética quiebra, o rescate, y si no existieran otras alternativas, pero no es esa la situación. La alternativa estaba clara, ya que con un plan especial de actuación de la Agencia Tributaria, que en otras épocas se han hecho, se podrían obtener ingresos muy superiores a los que se esperan con la amnistía, y sin necesidad del galimatías que se ha producido. Por lo demás, solamente hay que esperar a que pase el 30 de noviembre, y que a partir de entonces se nos permita perseguir a aquellos a los que, a pesar de haberles puesto la alfombra roja para ver si quieren pagar algo, no lo han hecho.

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