miércoles, 17 septiembre 2014

Está pasando
Temas relacionados:

Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca protestan frente a la sede del Partiodo Popular el 12 de noviembre de 2012.

REUTERS

"El objetivo del Gobierno es que nadie se vaya de su casa", resumió el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que desgranó las medidas acordadas por el Gobierno para poner fin a la "alarma social" generada por los desahucios de personas que no pueden seguir haciendo frente a su hipoteca. La cifra total de desahuciados asciende a 400.000 en los últimos cinco años, según datos que maneja Bloomberg.

El texto aprobado el jueves contempla la suspensión de los procedimientos de ejecución hipotecaria para determinados colectivos sociales que cumplan unos requisitos de renta. Podrán beneficiarse familias numerosas, monoparentales con dos hijos, con algún menor de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33% o dependencia que incapacite permanentemente para trabajar y si se dan algunos supuestos de violencia de género. También podrán acogerse deudores en paro y que hayan agotado la prestación por desempleo, las unidades familiares en las que convivan con el deudor una o más personas unidas al titular de la hipoteca o a su cónyuge por parentesco o vínculo hasta tercer grado de consanguinidad y que estén en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que incapacite para trabajar.

El Gobierno ha dejado claro (al menos así lo ha asegurado Guindos) que este real decreto no incrementará la tasa de mora de la banca.

Las medidas, sin embargo, no han satisfecho a nadie, si bien el texto legal aún no ha agotado su recorrido. La intención del Gobierno es tramitar el Real Decreto-Ley en las Cortes como Proyecto de Ley y abrir así un diálogo con aportaciones "de todos los grupos, especialmente el PSOE". Según la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se abordarán cambios en los intereses de demora, medidas para garantizar la independencia de las tasadoras respecto a los bancos, evitar el sobreendeudamiento de las familias e iniciativas para evitar las cláusulas abusivas en las hipotecas.

La oposición. A finales de la semana pasada, PP y PSOE anunciaron de todas las formas posibles que se iban a sentar este lunes para poner fin a un drama que se había llevado la vida de dos personas en Barakaldo y Granada, con un tercer intento de suicidioen Valencia. Las dos fuerzas políticas mayoritarias, sin embargo, no se pusieron de acuerdo y los socialistas no ha suscrito las medidas anunciadas ayer. La secretaria de Economía, Inmaculada Rodríguez Piñero (quien estuvo presente en las negociaciones) ha afirmado que la moratoria de dos años aprobada por el Ejecutivo ante los desahucios es "muy restrictiva" y "un parche". "Hemos defendido en la negociación con el Gobierno que lo primero son las personas. Hoy el Gobierno ha aprobado una moratoria para defender a los mercados", ha recalcado.

El portavoz económico del PNV en el Congreso, Pedro Azpiazu, ha asegurado por su parte que el decreto antidesahucios aprobado este jueves por el Consejo de Ministros es "absolutamente parcial", y ha lamentado que el texto "no aborda el tema como debería". El coordinador federal de IU, Cayo Lara, cree que ni PP ni PSOE están abordando el asunto de los desahucios "con inteligencia" y teme que "estén pretendiendo que se resuelve un problema sin resolverlo a fondo", reclamando que las medidas se negocien con todos los grupos parlamentarios en el Congreso.

La banca. La banca ha tratado en los últimos días de mostrar una cara conciliadora. Ayer hizo lo propio su patronal, la Asociación Española de banca. En un comunicado, ha asegurado que "entiende" la razón que ha llevado al Gobierno a tomar medidas que atenuen los desahucios. Sin embargo, la organización no ha ahorrado críticas al texto legal presentado y "tiene que hacer notar", apunta el comunicado, "que el coste económico de las medidas acordadas corre exclusivamente a cargo de las entidades de crédito". Según apuntan diversos analistas, los bancos van a necesitar más capital, lo que podría suponer el incremento del precio de las hipotecas, según aseguraron ayer varios analistas consuktados por la agencia Bloomberg.

Para la AEB, "es necesario hacer compatible la protección a estos colectivos sociales más débiles con un sistema y una legislación que permitan el acceso a una vivienda en propiedad a la mayoría de los ciudadanos".

Las asociaciones de consumidores. El portavoz de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez, ha criticado hoy que "ni siquiera los suicidios" han provocado que el Gobierno ponga en marcha "cambios legislativos a la altura de la tragedia social que atraviesa España" con motivo de los desahucios.

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, Tatiana Roeva, ha advertido por su parte de que las medidas urgentes contra los desalojos, aprobadas por el Consejo de Ministros este jueves, suponen "poner un parche sobre una herida muy sangrante".

A su juicio, son "un tipo de ampliación del código de buenas prácticas" del ministro de Economía, Luis de Guindos y "no son suficientes". No obstante, ha reconocido que solo ha visto "parte" de estas medidas y que le gustaría conocerlas en "más profundidad".

Desde la Asociación de Usuarios Bancarios Adicae también han explicado que la moratoria de dos años aprobada "no es ninguna solución para el grave problema hipotecario de 10 millones de familias en España".

Para el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, "el problema no son los desahucios ni los muy lamentables suicidios, sino las hipotecas y la banca. Lo que hay que hacer es reformar en profundidad el sistema hipotecario español y esto es algo que, lamentablemente, los sucesivos Gobiernos no se han atrevido a hacer".

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) valora por contra que la nueva regulación sobre desahucios otorgue una protección reforzada a las personas con discapacidad y a las personas en situación de dependencia, así como a las familias que tienen a estas personas en su seno.

Los sindicatos. UGT ha dicho que "es insuficiente y restrictivo el real decreto aprobado y ha instado a que se modifique en profundidad en el trámite parlamentario, ya que "no da respuesta al drama social que afecta a cada vez más familias". Así, ha alertado de que si no se modifican estas normas, el texto tendrá "el mismo futuro que el Código de Buenas Prácticas, es decir, fracasará".

La prensa. Las principales caberceras españolas no han aplaudido precisamente las medidas adoptadas por el Ejecutivo. "Avance pírrico", es la conclusión del rotativo catalán La Vanguardia. "Non Stop", la de El Periódico de Catalunya.

"El decreto aprobado ayer por el Gobierno no es el adecuado a la emergencia nacional desatada", asegura por su parte el editorial de El País. Sí aprueban las medidas tanto El Mundo como La Razón o ABC.

La justicia. Hay voces críticas incluso desde la justicia. La vocal del Consejo General del Poder Judicial, Margarita Robles, asegura hoy en declaraciones a El Periódicoque el Gobierno no es valiente" y que recoge lo que dice la banca". Las medidas del Gobierno son muy decepcionantes porque su alcance es escaso".

La asociación de Jueces para la Democracia ha tachado de "fiasco" el decreto que permite paralizar los desahucios durante dos años a las personas más vulnerables y ha criticado la "publicidad engañosa" del Gobierno puesto que las medidas tendrán un alcance "levísimo" al no ser aplicables para la "gran mayoría" de familias.

El abogado y economista Jacint Soler Padró ha reclamado al Gobierno y la banca que la solución en materia de desahucios incorpore también una salida para las participaciones preferentes. Soler Padró, que es el presidente para España de la World Jurist Association, propone que cuantías de 20.000 euros suscritas en preferentes sean consideradas como depósito bancario, con las garantías que ello ofrece.

El profesor de finanzas de Esade, Joan Carles Amaro, se muestra en contra de la condonación de deudas en declaraciones al diario La Vanguardia. "La condonación de la deuda es muy controvertida y tengo dudas", explica en conversación telefónica. "No se puede hacer borrón y cuenta nueva. ¿Para qué sirven los contratos entonces?", se pregunta

LOS ESPECIALISTAS

DESIGUALDAD

Una visión desde los mercados

José Luis Martínez Campuzano

Ver

Asociados
© ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS S.A.- Miguel Yuste, 42 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 538 61 00