martes, 2 septiembre 2014

Está pasando

PP y PSOE estudian fijar plazos de carencia que paralicen los desalojos

El Gobierno estudia paralizar los desahucios de los colectivos más vulnerables

  • Presidencia y Economía se movilizaron el viernes, horas después del suicidio de otra afectada por un desahucio, para agilizar la propuesta de medidas contra los desalojos que Ejecutivo y PSOE comenzarán a negociar el lunes. El Gobierno estudia paralizar los desahucios hasta la nueva ley, solicitud que Rubalcaba presentó a las patronales bancarias. Mariano Rajoy señaló en un mitin en Lleida que el lunes espera concretar diversas medidas contra los desahucios, como "la paralización temporal de los desahucios que afectan a familias más vulnerables".
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Protesta contra un desahucio

El suicidio de una afectada por un desahucio el viernes, el tercer caso de este tipo en apenas unas semanas, ha vuelto a elevar la presión social e institucional que clama por una solución inmediata a un drama, el de los desalojos, que viven ya 400.000 familias. El suceso llevó al Gobierno a agilizar sus planes de actuación lo que se tradujo en una intensa jornada de contactos entre Presidencia y el Ministerio de Economía a fin de ultimar la propuesta que presentarán el lunes al PSOE con el que se han comprometido a tramitar una legislación de urgencia que frene la ola de 500 desahucios diarios que se están produciendo en el país, según la Asociación de Jueces para la Democracia.

La necesidad de tomar medidas urgente cristalizó el vienes por la tarde noche, cuando en un mitin de la campaña electoral catalana el presidente del Gobierno aseguró que el lunes espera concretar diversas medidas, como "la paralización temporal de los desahucios que afectan a familias más vulnerables". El presidente del Gobierno ha asegurado que quiere, dentro de ese paquete de medidas, poder hacer más fácil "renegociar la deuda y permanecer en la vivienda cuando eso no sea posible".

Rajoy ha remarcado que confía en dar pronto "buenas noticias" a los españoles y que este problema hay que abordarlo con "mucha humanidad".

El detonante fue la muerte, el viernes por la mañana, de una mujer de 53 años, en la localidad vizcaína de Barakaldo, quién al parecer saltó al vacío por la ventana de su vivienda, en el segundo piso del inmueble, cuando la comisión judicial iba a proceder a su desahucio. No es el primer caso. A finales de octubre, un hombre de 54 años apareció ahorcado en su vivienda de Granada horas antes de su desalojo; un joven, afectado por una ejecución hipotecaria, murió tras saltar desde un puente en Las Palmas de Gran Canaria y un varón de 50 años trató de quitarse la vida en Burjassot (Valencia) cuando iba a ser desahuciado.

El piso en del que iba a ser desalojada Amaya Egaña, la mujer que falleció el viernes, llevaba meses a la venta en Servihabitat, la inmobiliaria de CaixaBank, que comenzó a comercializarlo una vez se adjudicó el piso, paso previo a la ejecución del desahucio. El anuncio fue retirado el viernes.

Para evitar nuevos sucesos de este tipo, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, envió una carta a los presidentes de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, y al de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Isidro Fainé, instándoles a paralizar todos los procedimientos de desahucio hipotecario en curso hasta que Gobierno y oposición aprueben una nueva regulación. La petición, que también fue elevada por la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, está siendo estudiada por el Ejecutivo que podría incluirla en la propuesta de consenso que presentará el lunes al PSOE.

Las voces que reivindican la suspensión temporal de los desahucios y otros cambios legislativos en esta línea se multiplicaron el viernes, sumándose a las ya producidas en los últimos días. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, abogó el viernes por "operar un cambio profundo e importante en la legislación en materia de desahucios porque no hay derecho a que estén ocurriendo las situaciones que hoy sufren familias desesperadas que no tienen cómo afrontar determinados pagos", recoge Efe. Unos argumentos ya presentados días antes por los jueces decanos de España o el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo vicepresidente, Fernando de Rosa, defendió que la ley hipotecaria "no es la adecuada y debiera reformarse". La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha recomendado al Gobierno que imponga una moratoria sobre los desahucios.

Temboury coordinará el grupo de trabajo mixto

El lunes echará a andar el grupo de trabajo que Gobierno y PSOE han organizado para consensuar una solución al drama de los desahucios. El subsecretario de Economía, Miguel Temboury Redondo, mano derecha del secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, será el encargado de coordinar al equipo.

De los seis miembros que compondrán dicho grupo, tres han sido designados por el Ejecutivo y otros tantos por el principal partido de la oposición. El PSOE ha elegido como principal portavoz a la diputada Inmaculada Rodríguez Piñeiro, encargada de defender la proposición de ley contra los desalojos presentada por el partido ante el Congreso. Junto a ella, los socialistas han propuesto que participe el economista Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario, y el notario Ignacio Navas.

Fuentes del Ejecutivo citadas por Efe han explicado, a su vez, que los expertos que elegirá el Gobierno para este grupo de trabajo no serán fijos y podrán ir rotando en función de los temas a tratar en cada sesión de la negociación.

El objetivo de ambas partes es aprobar medidas "paliativas y preventivas" en el ámbito de los desalojos hipotecarios, que han dejado sin vivienda a unas 400.000 familias desde que estalló la crisis. Tanto Gobierno como PSOE han anunciado su compromiso de tramitar la legislación que pacten por la vía más rápida posible. Los colectivos más vulnerables, como los ancianos o los menores, tendrán además una atención especial dentro de la batería de medidas que se aprueben. Ambas partes han coincidido también en que se podrán exigir vías alternativas al desalojo a las entidades que hayan recibido ayudas.

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