viernes, 31 octubre 2014

Está pasando

Los 800.000 trabajadores autonómicos y locales no funcionarios centrarán el ajuste

El Gobierno solo puede despedir al 13% de los empleados del Estado

  • El Gobierno es el patrón de más de medio millón de trabajadores de la Administración estatal. Pero de este colectivo, el Ejecutivo solo podrá despedir a poco más de 72.000 empleados, que no son funcionarios (el 13% del total del Estado). Así, los gobiernos autonómicos y locales harán el mayor ajuste entre sus 800.000 trabajadores no funcionarios.
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Hasta la entrada en vigor de la reforma laboral en febrero pasado, la ley tenía una laguna respecto a la posibilidad de realizar despidos colectivos en las administraciones públicas. Por eso, se habían dado casos de este tipo de despidos con anterioridad a la reforma, pero existían diversas sentencias judiciales dispares respecto a su legalidad.

La reforma lo aclaró, permitiendo hacer expedientes de regulación de empleo (ERE) de extinción en todas las administraciones por las mismas causas económicas y empresariales que el sector privado.

Si bien la ley no permite incluir en un ERE a funcionarios de carrera, por lo que solo será susceptible de ser despedido el personal laboral y otro tipo de empleados que trabajan para las administraciones públicas.

De esta forma, tras los recortes del último año en el sector público (con 228.900 empleos menos) el mayor ajuste lo tendrán que realizar los gobiernos autonómicos y locales, que podrán aplicar ERE en cuanto cumplan los requisitos legales sobre un colectivo de cerca de 800.000 empleados no funcionarios, de un total de unos dos millones.

Pero al margen de este ajuste, ¿a quiénes podrá despedir el Gobierno de Mariano Rajoy, que ha sido el impulsor de la reforma? Este grupo se circunscribe a los trabajadores no funcionarios de la Administración estatal.

Incurrir en déficit

Según los datos incluidos en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, la Administración pública estatal tiene 547.102 trabajadores, de los que 474.605 son funcionarios y los 72.497 restantes son personal laboral y de otro tipo, tanto fijo como temporal.

Es solo este último colectivo -el 13% de los empleados del Estado- el susceptible de ser despedido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Aunque para ello, los organismos a los que estén suscritos (ministerios, agencias estatales, organismos autónomos u otros) deberán cumplir dos requisitos fijados por el reglamento que regula los ERE: que el año anterior hayan incurrido en déficit y que en el año en curso del despido colectivo hayan tenido un recorte presupuestario del 5% o del 7% en los dos años anteriores.

Además, de todo este colectivo, más del 80% tendrá "prioridad de permanencia" por ser personal laboral que ha accedido a sus puestos tras haber superado procesos de selección, por lo que serán los últimos en poder ser despedidos.

ERE inminentes

Según todo esto, los mismos Presupuestos Generales del Estado ponen ya en el punto de mira de un ERE a casi 6.000 empleados no funcionarios de organismos autónomos del Estado, que ya han registrado recortes presupuestarios de más del 5% en 2013.

Por ello, en el momento en el que incurran en déficit a lo largo del próximo ejercicio, el Gobierno podrá promover en cualquier momento sus despidos colectivos. De hecho, una veintena de los más de 60 organismos autónomos que tiene el Estado ya han experimentado el citado recorte presupuestario superior al 5% para 2013.

El organismo autónomo que más empleo da y que cumpliría los requisitos para un ERE es el Servicio Público de Empleo -con una merma de financiación del 11%- que da trabajo a 9.433 personas; de las cuales 8.261 son funcionarios y las 1.171 restantes personal laboral y de otro tipo, que son los susceptibles de ser despedidos. Seguidamente, el Instituto Nacional de Estadística (INE), con un recorte presupuestario del 14,4% y 4.213 empleados, 1.410 funcionarios y 2.803 de otro tipo que sí pueden ser despedidos.

Los 347.000 puestos generados en plena crisis

Tras el verano de 2011 el sector público marcó un récord de ocupación. Un total de 3.220.600 personas trabajaban en las administraciones y empresas públicas en toda España.

Lejos de verse sometido a la fuerte destrucción de empleo del sector privado -que perdió 2,5 millones de ocupados desde el inicio de 2008 hasta el verano del pasado año- el sector público generó en esos tres años y medio, en plena crisis, nada más y nada menos que casi 347.400 nuevos empleos.

Las distintas ediciones Plan E, del anterior Gobierno socialista, que inyectó 13.000 millones de euros a los ayuntamientos para dinamizar la economía;y la celebración de elecciones autonómicas y locales en mayo de 2011 hicieron que el empleo en el sector público se cebara, a pesar de que la economía española ahondaba en la recesión más grave de su historia reciente.

Pero la llegada del Gobierno popular hace poco menos de un año y el recrudecimiento de la crisis han hecho que el sector público haya comenzado ya el ajuste.

Desde septiembre de 2011 al mismo mes de 2012 el sector público ha perdido 228.900 ocupados. Un total de 45.430 efectivos menos en el Estado y el resto repartidos entre las empresas públicas y las administraciones autonómica y local.

Hacienda impone su criterio sobre Empleo

Los distintos borradores del reglamento que desarrolla las novedades de la reforma laboral en materia de expedientes de regulación de empleo (ERE) que ha manejado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social incluían todos un requisito para que las administraciones públicas pudieran hacer uno de estos despidos colectivos: tenían que tener un recorte presupuestario del 10% respecto al año anterior.

Sin embargo, tras el verano, cuando todo el sector laboral esperaba que se aprobara este reglamento, el texto normativo empezó a retrasarse semana tras semana.

Al principio, el motivo del retraso no estaba claro, pero en seguida distintas fuentes conocedoras del asunto apuntaron a "ciertos cambios" que quería realizar el Ministerio de Hacienda sobre este reglamento. La modificación que finalmente consiguió imponer sobre el texto inicial auspiciado por el departamento que dirige Fátima Báñez no fue otro que disminuir del 10% al 5% la pérdida de financiación presupuestaria que debían haber sufrido los organismos públicos que quisieran acometer un ERE entre sus trabajadores.

Con ello, Hacienda endureció notablemente el texto facilitando que, a partir del próximo año, sean muchas más las administraciones y organismos públicos que puedan despedir a parte de sus empleados de forma colectiva.

Desde el Ministerio de Empleo no se sienten responsables del endurecimiento de esta norma, ya que desde el primer momento algunos de sus responsables aseguraron que únicamente Hacienda estaba detrás de este cambio.

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