Las cuentas del fútbol español, a examen

El tiempo en el que los clubes gastaban sin control y no respondían de sus deudas puede haber llegado a su fin. Hoy a las 18:00 horas se cierra el plazo para que cumplan con sus compromisos los equipos que han sido denunciados por impagos ante la Liga (LFP) o la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). La alternativa, el descenso a Segunda División B.

Los jugadores a los que sus equipos les deben cantidades de la temporada pasada, podían denunciar al club ante la Comisión Mixta AFE/LNFP hasta el 28 de junio o bien aplazar el pago con el club, como máximo hasta diciembre, y mantener la opción de denunciar al equipo si no cumple lo pactado. Con la denuncia se inició un procedimiento en el que los clubes tenían diez días para presentar alegaciones sobre la cantidad reclamada. La semana pasada tuvo lugar una reunión de la Comisión Mixta de la Liga y la AFE en la que se estableció definitivamente la cantidad que tienen que abonar los clubes. Ahora, la pelota está en el tejado de los equipos deudores.

Hasta el momento solo se ha hecho pública la denuncia de cuatro jugadores del Málaga, que posteriormente retiraron tras llegar a un acuerdo con el club. La AFE y la Liga no han revelado cuantos jugadores han incoado este procedimiento, por lo que de momento se mantiene la incertidumbre. A 20 días de que comience la Liga todavía no se pueden confirmar los veinte equipos que arrancarán el campeonato.

Esta medida es la más inminente, pero no es la única. La UEFA, La Liga y el Gobierno han desarrollado un nuevo marco legal para penalizar las prácticas económicas en el fútbol. De la severidad con la que se apliquen estas normas dependerá si descienden de categoría o no los equipos en una situación más crítica.

La UEFA pionera en el fair play financiero

Michel Platini fue el ideólogo de un entramado legal con el que se pretende lograr la estabilidad financiera de los equipos de fútbol y de paso, igualar el nivel deportivo.

Cuando el ex futbolista francés alcanzó la presidencia de la UEFA se propuso imponer a los equipos europeos una conducta responsable en las finanzas. A este conjunto de normas se le ha bautizado como fair play (juego limpio) financiero.

La norma estrella dispone que no jugarán en Europa aquellos equipos con un déficit superior a cinco millones de euros. Para la temporada en la que entra en vigor, la 2013/2014, solo se tendrá en cuenta el déficit de 2012 y 2013, pero en las siguientes campañas se tendrá en cuenta el déficit agregado de los tres años anteriores. Estas condiciones son inalcanzables a corto plazo para muchos equipos, por lo que la UEFA ha optado por una implantación gradual.

Durante los dos primeros años, los clubes podrán acumular un déficit de 45 millones siempre y cuando esté cubierto por una ampliación de capital. Desde el tercer año hasta el quinto, el déficit cubierto no podrá ser superior de 30 millones de euros. A partir del sexto año, la UEFA cifrará la cuantía máxima por debajo de los 30 millones.

Para entender la aplicación práctica de la medida podemos poner como ejemplo al Manchester City. Si el City acumula una déficit de 70 millones de euros, hasta ahora, el jeque acudía al rescate y todo solucionado. A partir de la temporada 2012/2013 el jeque solo podrá cubrir 45 millones de euros, por lo que si el déficit del Manchester City supera esta cantidad no podrá participar en competiciones europeas.

En cuanto a la situación concreta de los clubes españoles, basta con citar los 3.530 millones de euros de deuda que acumulaban los equipos de primera división en la temporada 2010/2011, para comprender que el escenario es muy complejo. El dato de la deuda total procede de un estudio de la Universidad de Barcelona y la Universidad Abat Oliba CEU, dirigido por el profesor José María Gay de Liébana, que desgrana la situación financiera de los equipos españoles.

De acuerdo con los datos del estudio, según los resultados después de impuestos, cinco equipos no podrían participar en competición europea sin acudir a una ampliación de capital. Tres de ellos están clasificados para jugar en Europa la presente temporada: el FC Barcelona (-9,3 millones) Atlético de Madrid (-6 millones) Athletic Club (-10,1 millones).

Otro de los afectados sería el Real Mallorca (-5,2 millones), que esta temporada ya se vio privado de jugar la UEFA. El otro equipo que no cumpliría con el fair play Financiero es el Real Zaragoza (11,7 millones).

Además, ya desde 2011, se deniega la licencia UEFA a aquellos clubes que tengan deudas pendientes con otros equipos por los traspasos o impagos con sus futbolistas. Esta última norma, es la que amenaza la participación del Málaga el Champions League por primera vez en su historia. Tampoco se concede la licencia a los que tengan deudas en el pago de traspasos o no hayan cumplido con sus obligaciones con el fisco. Esto último no afecta a los equipos que tengan un acuerdo con el Estado para aplazar el pago de la deuda, como sucede en España.

España sigue los pasos de la UEFA

La Liga, a instancias de Europa, aprobó el pasado verano un mecanismo de control económico de la LFP, aunque hasta la temporada 2014/2015 no se aplicarán las sanciones.

Este régimen disciplinario otorga potestad al Comité de Control Económico para prohibir la inscripción de jugadores, suspender los derechos políticos y económicos, quitar puntos de la clasificación, prohibir la inscripción del equipo en Primera o Segunda División, castigar con el descenso de categoría o expulsar de la competición.

Otra medida destacada es la barrera que se impone para controlar los gastos salariales. Los emolumentos de la plantilla no podrán superar el 70% de los ingresos ordinarios de la temporada. En la temporada 2010/2011 tan solo dos equipos, Barcelona y Real Madrid, cumplían con la norma. En el otro extremo, llama la atención el caso del Hércules que destinó a pagar a sus jugadores un 278% de lo que ingresó. A pesar de ello descendió de categoría.

Deudas con la Agencia Tributaria

La deuda de los clubes con l Agencia Tributaria ha levantado una gran polémica. Los clubes han de pagar 752 millones, además de otros 10,6 millones a la Seguridad Social. La Hacienda pública necesita dinero y el fútbol, consentido y utilizado por el poder político durante tantos años, ahora no se salva de la recaudación.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes tomó cartas en el asunto y elaboró un protocolo junto con el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Liga. En ese protocolo se plantean medidas que deben implementar a posteriori la Liga y el CSD.

Las bases son contundentes. Se proponen unos estrictos mecanismos de control: monitorización de la situación económica, posibilidad de la AEAT de tasar jugadores y obligar a su venta para satisfacer la deuda a Hacienda, garantizar la deuda con el fisco con el 35% de los ingresos por la explotación de los derechos audiovisuales...

También son estrictas las sanciones previstas para los que incumplan sus pagos con Hacienda: pérdida de derechos económicos, pérdida de puntos y descenso de categoría. Ahora bien, todas estas medidas quedaron pendientes de una futura implementación de la que todavía no hay noticias.

Sobre el plazo para que se pague la deuda, el Secretario de Estado para el Deportes, Miguel Cardenal, ha asegurado en todas sus intervenciones que el calendario de pagos que se ha acordado con los clubes tienen previsto la satisfacción del total de la deuda con la Hacienda pública para 2020

Ley Concursal

Otra pieza fundamental en el futuro del fútbol español es la reforma de la Ley Concursal en lo que concierne a las entidades deportivas. Se incluye una modificación para que acogerse al concurso de acreedores no sea una solución para los clubes deudores, que dejaban de pagar y evitaban perder la categoría.

A partir de la reforma, el concurso de acreedores no eximirá al club de que se le aplique la normativa deportiva, por lo que los equipos deudores o los que no avalen el pago de los salarios en el futuro cumplirán las sanciones del Reglamento General de la RFEF, que impone el descenso de categoría.

La aplicación de la disposición dejaba un margen de seis meses para que el Gobierno desarrollara un proyecto de ley, es decir, tenía hasta julio para desarrollar la norma. En junio la Liga y varios expertos de la Universidad San Pablo CEU trabajaron sobre este proyecto para presentar un borrador que sirva de base al Gobierno. Hasta ahora las Cortes Generales no han aprobado nada.

Sin embargo la reforma ya está teniendo efectos a falta de desarrollo legislativo. Ya son dos Juzgados de lo Mercantil que han aplicado la reforma, condenando al descenso de categoría al Puertollano y al Orihuela de acuerdo con la normativa deportiva.