viernes, 31 octubre 2014

Está pasando

El macroajuste del PP

20.500 concejales menos

  • La reforma de la Administración pública supondrá un ahorro de 3.500 millones.
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Mayor austeridad y eficiencia. Con este lema, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó ayer en el Congreso la aclamada reforma de la Administración pública, que afecta a ayuntamientos y comunidades autónomas, y con la que pretende ahorrar un total de 3.500 millones de euros. El paquete de medidas, algunas de las cuales serán aprobadas en el próximo Consejo de Ministros, incluye recortes tan drásticos como la supresión de 20.500 concejales, la eliminación de las mancomunidades, la limitación de las competencias consistoriales y el control de sus finanzas por un cuerpo de interventores dependientes de Hacienda.

Rajoy asume con estas decisiones un gran coste político al ordenar que un 30% de los 68.462 concejales que fueron elegidos en las últimas elecciones de mayo de 2011, gran parte pertenecientes a su propio partido, dejen sus puestos. La reducción se realizará por tramos de población en función de la Ley Orgánica de Régimen de Bases Locales.

También se abre un nuevo periodo, donde los consistorios no podrán fijar a su libre albedrío los salarios de sus altos cargos y mucho menos mantenerlos en el ostracismo. A partir de ahora, y para evitar abusos, las remuneraciones de alcaldes y concejales quedarán estipuladas por el Estado y tendrán carácter público. El presidente del Ejecutivo explicó que cada año se publicará en los Presupuestos Generales del Estado un baremo según las características de cada municipio.

Junto a esto, Rajoy busca racionalizar las funciones de los ayuntamientos. Bajo la premisa "una Administración, una competencia", se evitará que los consistorios presten servicios para los que no tengan la financiación necesaria.

Frente a la idea lanzada por el líder de la oposición en la campaña electoral, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien abogó por la supresión de las 38 diputaciones provinciales que existen en España para ahorrar 1.000 millones de euros, Rajoy anunció que reforzará su papel para centralizar la prestación de algunos servicios. "Con esta reforma", agregó el presidente, "se garantizará que los pequeños municipios puedan recibir servicios públicos adecuados a precios razonables".

Para el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Juan Ignacio Zoido, del PP, la reforma de la Administración pública resulta positiva. "Los políticos deben predicar con el ejemplo", matizó. Coincidió plenamente con el presidente del Gobierno en la necesidad de que los consistorios no puedan contar con obligaciones para las que no tienen competencias ni asignaciones presupuestarias y defendió que sean las comunidades autónomas las que asuman esas obligaciones. Desde su punto de vista, resulta necesario "eliminar sociedades, organismos autónomos y fundaciones que duplican la Administración".

En este sentido, el adelgazamiento de la Administración pública también afectará a las empresas públicas de ámbito local. "Se pretende con ello evitar duplicidades e incluso triplicaciones", dijo Rajoy, quien además anunció una nueva medida de control, con la creación de una nueva figura de carácter nacional, el interventor municipal. Este nuevo perfil no será nombrado por los ayuntamientos, sino que dependerá del Ministerio de Hacienda.

1,5%

Las comunidades autónomas no se librarán de la reforma integral diseñada para el conjunto de la Administración. El presidente del Gobierno adelantó que aprovechará la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebra hoy, para comunicar la creación de "un instrumento financiero que garantice la liquidez suficiente para que los Gobiernos autónomos puedan hacer frente a sus compromisos financieros".

"Ahora les toca a las comunidades autónomas acreditar que están cumpliendo con sus compromisos y ganar credibilidad para que todas puedan volver a financiarse normalmente en el mercado, cosa que ahora no se produce", afirmó Rajoy.

El nuevo mecanismo incluirá los vencimientos de la deuda financiera y comercial, "todo ello con una condición y con controles adicionales del Estado, que requerirá la autorización de las comunidades autónomas, de su capacidad normativa y de decisión en el ámbito de ingresos y gastos".

El Consejo de Política Fiscal y Financiera, que también deberá fijar hoy los nuevos objetivos de déficit para este año y los ejercicios de 2013 y 2014, tendrá que informar y revisar la aplicación de los planes económicos y financieros aprobados en abril, "en la línea de lo establecido en el procedimiento de corrección del déficit excesivo".

"En virtud de la aplicación de los planes aprobados se pondrán en marcha los mecanismos correctores previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria", añadió el presidente.

Claves para el adelgazamiento del Estado

Recorte de ediles en las próximas elecciones. El Gobierno decidió ayer suprimir el 30% de los 68.462 concejales que existen actualmente en España en los 8.116 ayuntamientos. El recorte se aplicará en las próximas elecciones y para ello será necesario modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Actualmente, corresponden tres concejales a los municipios de hasta 100 habitantes, que va ascendiendo hasta los 25 ediles para las localidades de 50.000 a 100.000 vecinos.

Eliminación de la empresa pública local. Las empresas públicas de ámbito local tendrán una drástica reducción e incluso una supresión total. El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, anunció ayer la creación de una nueva figura dentro del ayuntamiento, el interventor municipal, que tendrá carácter nacional y dependerá del Ministerio de Hacienda. Sus principales funciones serán velar por las cuentas públicas de los ayuntamientos con el objetivo de evitar despilfarros.

Cierre de las mancomunidades. La eliminación de las mancomunidades ahorrará 700 millones de euros. El Ejecutivo tiene previsto suprimir estos organismos y concentrar todo el trabajo de prestación de servicios municipales en las diputaciones provinciales. Estas serán las que asuman las competencias de los pueblos de menos de 5.000 habitantes y de todos aquellos de mayor tamaño que no puedan prestar servicios de forma eficiente sin incurrir en déficit.

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