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Lucrarse en internet sin ser ilegal

Convencer a los usuarios de que vale la pena pagar por los contenidos on line es una tarea difícil que las empresas de la red intentan solucionar con calidad y servicios añadidos.

Cuanto más crece internet, más incontrolables se hacen sus contenidos. Avanzan las normativas a la vez que prolifera la picardía de los piratas. Los medios de comunicación viven en la paradoja de que la gratuidad es el modelo de negocio más rentable.

Pese a que un estudio de la asociación española de empresas tecnológicas AMETIC demuestra que apenas la mitad de los usuarios españoles están dispuestos a pagar por la cultura en la red, cada vez hay más empresas solventes que se dedican a difundir contenidos de forma legal. La consultora estadounidense especializada en el mercado audiovisual Screen Digest prevé que este año los visionados de películas on line que cumplen con los derechos de propiedad intelectual superen por primera vez las ventas de DVD y Blue-ray. Según sus cálculos, se doblarán rescpeto a 2011, pasando de 1.400 millones a 3.400 millones en EE UU, mientras la compra de originales perderá 200 millones de copias hasta alcanzar los 2.400 este año.

En el mercado de la música, itunes y Spotify son ya, respectivamente, la primera y la segunda fuente de ingresos de las grandes discográficas. Estas plataformas musicales son totalmente legales y pagan sus cuotas por propiedad intelectual. En itunes (de Apple) el usuario abona cada descarga mientras que la sueca Spotify se financia con un pago mensual de los usuarios o mediante publicidad.

"La copia está obsoleta. Cuanto más flexible sea el modelo, mejor", explica Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la comunicación. Las plataformas de streaming tienen cada vez modelos más moldeables y diferentes cuotas. Perales apuesta por sistemas freemium, una combinación entre el pago y el gratis para que el usuario pueda escoger en cada momento qué producto necesita.

Con Spotify Premium, el usuario abona una cuota mensual de 10 euros para escuchar música de forma ilimitada, sin publicidad, mejor calidad de sonido y con opciones interactivas como compartir listas en las redes sociales. Hay distintas opciones más baratas y con menos prestaciones. En marzo, ya eliminó el límite de cinco reproducciones al mes por canción para los usuarios Free, que oyen anuncios y tienen un límite de 10 horas de música al mes. Spotify firmó a finales de junio, un acuerdo con la operadora de telefonía Yoigo para que sus usuarios puedan acceder a la conexión Premium de manera gratuita durante tres meses y un precio reducido a partir del cuarto mes.

Microsoft, por su parte, se propone sacarle más jugo a su consola Xbox. Baraja lanzar a finales de año la Xbox Music, un servicio donde unirá el modelo de Spotify, para escuchar música on line, con el de itunes, la descarga y almacenaje de canciones de forma legal. Para ello, Microsoft está negociando con Vivendi, Universal, Warner Music, Sony y EMI para completar su catálogo.

Según un estudio realizado por la Asociación de Internautas, las páginas de Peer-to-peer (P2P), un sistema usado tanto legal como ilegalmente a través del cual los usuarios comparten los archivos sin necesidad de crear un gran depósito de contenidos, tienen una oferta cuatro veces superior que los catálogos de las industrias: alrededor de 1.700 títulos contra los 400 de las productoras legales.

"La restricción no elimina los contenidos ilegales". Frederic Donck, el director de la oficina europea de la plataforma de promoción de la red Internet Society constata que cada vez que se diseña un modelo para combatir la piratería, los internautas encuentran la manera de burlarlo.

Las asociaciones de usuarios de internet denuncian que, además de los contenidos, tienen que pagar un precio muy elevado por su conexión. España tiene una de las tarifas de acceso a internet más caras de la Unión Europea (3,5 euros/mega), solo superada por Grecia (15 euros) y Luxemburgo (4,4 euros), según datos de la OCDE de diciembre de 2011. En Francia y Portugal se paga alrededor de 1 euro por mega, en Reino Unido, 1,3 euros y en Italia 2,6.

Los usuarios piden productos más atractivos, fáciles de usar, económicos y con la etiqueta nacional para que desarrollen la industria. "Es absurdo que los varios cientos de euros que gasto al año en cultura vayan a parar a empresas extranjeras como Amazon o Nteflix", lamenta el director y productor de documentales Stephane Grueso. "Si la gente estaba dispuesta a pagar por Megaupload, ¿por qué no copian el modelo las industrias?", se pregunta.

Las leyes antipiratería frustradas

ACTA (Acuerdo Comercial Anti-Falsificación). Internacional. Cooperación interestatal para limitar la falsificación y la piratería en internet. Fue rechazada esta semana por el Parlamento europeo por considerar que incumple la libertad de expresión.Ley Sinde-Wert. España. Aprobada en 2011 por el Gobierno de Rajoy pero redactada durante la anterior legislatura socialista por iniciativa de la ex ministra de Cultura Ángeles González-Sinde, esta normativa prevé acabar con las descargas ilegales mediante el cierre de páginas web que contengan enlaces a contenido protegido. El actual ministro de Cultura, José Ignacio Wert, contempla que España tenga una nueva ley de propiedad intelectual dentro de dos años. Más de 400 webs se han autoinculpado de incumplir la ley en protesta contra su aprobación en Wertdeenlaces.netPIPA y SOPA. (Ley en defensa de la propiedad intelectual y contra la piratería en la web). EE UU. La SOPA permitiría al Gobierno cerrar automáticamente páginas con contenidos que violan la propiedad intelectual y a los proveedores, controlar esas páginas. Fueron aplazadas indefinidamente por el Senado en enero de 2012.Canon digital. España. Anulado por la Audiencia Nacional en 2011, que pone en duda que empresas y organismos públicos deban pagar también una tasa, el canon digital aprobado en 2009, preveía un impuesto extra por la compra de productos de almacenaje de datos. Wert lo sustituyó por una tasa que no alcanza un euro por contribuyente para compensar a los creadores. Si el anterior canon sufría críticas por hacer pagar a todos aquellos que registran información digital (aunque sea suya), el actual impuesto afecta a todos los ciudadanos, usen o no internet.

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