La Fiscalía, en contra de citar ahora como imputados a los miembros del Consejo de Bankia
La Fiscalía Anticorrupción señala en el informe en el que ha dado su visto bueno a la admisión a trámite de la demanda contra Bankia por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que en estos momentos no procedía imputar conductas delictivas a personas concretas por el simple hecho de que pertenecieran al Consejo de Administración.
En este sentido, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha ido bastante más lejos de la posición expresada por el Ministerio Público en su escrito al citar como imputados a 33 exmiembros del Consejo de Administración de la entidad, entre los que se encuentran el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato; el expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, y al exministro del Interior Ángel Acebes, que también formó parte del Consejo de Administración de Bankia.
"El estado actual de la investigación no permite imputar conductas delictivas a personas físicas concretas, siendo necesario anticipar la práctica de diversas diligencias para poder establecer, siquiera sea de forma provisional, la existencia de unos hechos penalmente relevantes", señalaban en su escrito los fiscales Alejandro Luzón y Luis Rodríguez Sol.
"La mera pertenencia al consejo de administración de BFA o Bankia es un criterio de imputación genérico, válido como punto de partida a una investigación que se antoja, repetimos, necesaria, pero insuficiente en sí mismo para la atribución de conductas delictivas concretas -explicaban los fiscales- razón por la que resulta conveniente supeditar la declaración de los miembros de dichos consejos a lo que resulte de a práctica de otras diligencias a las que luego nos referiremos y que permitirán también acotar el alcance de la imputación a todos o sólo a parte de los consejeros e incluso a otras personas que no ostenten dicho cargo".
Los fiscales adscritos al caso también se oponían a la citación por el juez, en calidad de testigos, de exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez; del auditor de Deloitte Francisco Celma; del presidente del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura; y del representante lega de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Respecto a estos testigos, consideraba Anticorrupción que su llamada al proceso debería quedar supeditada al análisis de la documentación que se pida a estos organismos e instituciones, "pues sólo tras su estudio podrá valorarse si estas personas, u otras, en efecto son testigos de los hechos, si pueden añadir algo más al contenido de los documentos que hayan sido aportados y si, en definitiva, resulta necesaria su declaración".
Contraria a la intervención
En cuanto a la intervención judicial del banco que solicitaba UPyD, y que podría ser acordada tras la celebración de una comparecencia acordada por el juez Andreu el próximo 23 de julio, la Fiscalía opinaba la medida no es proporcionada porque los querellados ya no dirigen la entidad, "lo que no sólo diluye la finalidad preventiva de la medida, sino también la específicamente garantista para con trabajadores y acreedores, siendo incluso razonable suponer que su adopción resultaría perjudicial para los intereses de éstos".
Respecto de la fianza solicitada por el partido de Rosa Díez a los ahora imputados para garantizar las responsabilidades civiles derivadas de los presuntos delitos que podrían haber cometido, Anticorrupción señala en su escrito que ahora mismo tampoco procede, aunque podría establecerse "razonadamente" tras la práctica de diligencias por el juez.
Lo que si admite la Fiscalía es la practica de diversas pruebas documentales en relación con documentación que debe ser requerida a Bankia y a Banco Financiero y de Ahorro, así como a las cajas de ahorro integradas en el grupo (Caja de Madrid, Caja de de Ávila, Bancaja, Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja), excepto la del Banco de Valencia, que es objeto de una investigación penal propia en la Audiencia Nacional.
También es favorable a la petición de documentos del Banco de España, Deloitte y la CNMV que ya habían sido solicitados por Anticorrupción y de los que todavía no dispone en su totalidad.
Desestabilización del sistema financiero
Respecto del la querella en sí, Anticorrupción, que admite que mantenía abiertas unas diligencias de investigación sobre las actividades de Banckia desde el pasado mes de mayo, considera que es procedente investigar el deterioro patrimonial de la entidad para evitar los hechos denunciados por UPyD "puedan tener una repercusión todavía mayor tanto en el tráfico mercantil como en la economía nacional".
Recuerda que Bankia, el cuarto banco más grande de España por volumen de activos, con más de 11 millones de clientes, un volumen de negocio que superaba los 485.000 millones de euros y un negocio crediticio de más de 186.000 millones de euros a 31 de diciembre de 2011, es una entidad cuya quiebra "podría desestabilizar todo el sistema financiero".
Esta característica hace que el asunto sea competencia de la Audiencia Nacional. Añade la Fiscalía que el FROB ya ha inyectado en Bankia importantes fondos púbicos:4.465 millones procedentes del préstamo que el propio FROB concedió en su día a la entidad y que se convertirán en acciones de Bankia al no poder ser devueltos.
Posteriormente, recuerda el Ministerio Público, la dirección de Bankia ha solicitado 19.000 millones de euros al Gobierno de España para poder acometer el plan de saneamiento y de recapitalización del grupo financiero que ya ha sido presentado al Banco de España y al Ministerio de Economía. El coste inicial para el erario público por el saneamiento y capitalización del grupo BFA-Bankia será por tanto, en esta hipótesis, de 23.465 millones de euros.
