¿Qué tiene de malo el orgullo?
El Gobierno ha tenido que pedir ayuda para sanear nuestro sistema financiero. Describamos con rigor la diferencia entre la situación de España -que solicita una línea de crédito para su sector financiero- y la de Grecia, Portugal e Irlanda, cuyas economías están intervenidas. España es un país solvente que se enfrenta a crecientes problemas de liquidez por la situación de su sistema financiero. Pendientes del contenido del memorándum que se firmará con el Eurogrupo para acceder a los 100.000 millones de euros, es improbable que contenga mucha condicionalidad macroeconómica.
Seguramente no se pedirá a España de manera explícita en el memorándum una batería amplia de medidas, como la troika (FMI, BCE, UE) ha exigido a Grecia, Portugal e Irlanda. España aún continua vendiendo su deuda en los mercados a inversores privados, aunque tenga que pagar un interés demasiado elevado (6,7% para sus bonos a 10 años). Los países intervenidos no pueden vender su deuda a inversores privados porque les exigen unos intereses prohibitivos, un 8,2% en el caso de Irlanda, 10,6% para Portugal y 29% para Grecia. Otra diferencia fundamental entre España y los tres países intervenidos radica en su aplicación de reformas estructurales y ajustes. Los países intervenidos tuvieron que pedir un rescate porque no las habían acometido. España, en cambio, ha podido negociar desde una posición más favorable precisamente porque el Gobierno ha llevado a cabo profundas reformas y ajustes durante los últimos seis meses: del mercado laboral, del calendario de festivos, Ley de Estabilidad Presupuestaria, código de buen gobierno para sancionar incluso con cárcel la mala gestión de fondos públicos, racionalización del gasto sanitario y en educación, aprobación de unos presupuestos austeros, lucha contra la economía sumergida y el cobro fraudulento de prestaciones y aceleración de trámites para la apertura de comercios. Hemos podido mantener un alto grado de soberanía económica y obtener una línea de crédito en unas condiciones favorables (interés de 3%-4%) precisamente porque el nuevo Gobierno está desplegando con firmeza un programa de transformación y liberalización de la economía española.
El Gobierno ha negociado la línea de crédito desde la reivindicación de las muchas reformas y ajustes acometidos en seis meses. Algunos se burlan del orgullo que muestra España en su trato con las autoridades europeas. La sociedad española debe estar orgullosa del sacrificio y esfuerzo que está realizando para que nuestras cuentas vuelvan a cuadrar. La Comisión ya ha premiado este empeño retrasando en un año el objetivo de reducción del déficit al 3%. Todos los organismos internacionales (FMI, Comisión, BCE, OCDE) han elogiado las reformas y ajustes y apoyado el establecimiento de la línea de crédito. Obama, Merkel y otros líderes europeos han alabado el tesón reformista español y destacado que no se pide a España austeridad adicional.
La sociedad española está haciendo sus deberes. La línea de crédito debería relajar la presión sobre la prima de riesgo española. Debe asimismo propiciar la provisión de crédito de la banca a empresas y particulares. Pero como sucede en competiciones deportivas como la Eurocopa, el resultado final no depende exclusivamente de nuestra actuación. Se precipitó la creación de la línea de crédito para España porque otro resultado ambiguo en las legislativas griegas del próximo domingo generará turbulencias en los mercados. Era imprescindible crear un cortafuegos para España, Portugal e Irlanda ante la posibilidad que Nueva Democracia y el Pasok no consigan el apoyo de un tercer partido favorable a la continuación del programa de reformas después de las elecciones. La troika debería relajar la dureza del ajuste que se exige a Grecia. Pero únicamente lo puede hacer si se forma un Gobierno comprometido con las reformas. La ayuda que ha recibido Grecia desde su primer rescate en mayo de 2010 equivale al 170% de su PIB. La recapitalización del sistema financiero irlandés ascendió al 50% de su PIB. La línea de crédito para España representa menos del 10% de nuestro PIB y es posible -y deseable- que solo haya que utilizar una parte.
El próximo 21 de junio conoceremos el resultado de las auditorías independientes sobre las necesidades del sistema financiero español. Junto a las recomendaciones del FMI determinarán la magnitud de los préstamos que los fondos europeos (FEEF, MEDE) harán a España y que el FROB canalizará a los bancos y cajas. Si España, Italia, Irlanda y Portugal no flaquean en sus esfuerzos reformistas y se forma un Gobierno prorreformas en Grecia podríamos vislumbrar la salida del túnel a finales de año.
Alexandre Muns. Profesor de la Escuela Superior de Comercio Internacional de la Universidad Pompeu Fabra