El debate del coste universitario

El Gobierno ha aprobado recientemente una serie de medidas que afectan significativamente a la universidad. Un aspecto de las mismas que va a condicionar el importe de las nuevas tasas universitarias son los costes en las universidades, que se convierten así en un elemento capital dentro del nuevo escenario económico de estas instituciones; hasta una veintena de veces se hace referencia al término coste/costes a lo largo del Real Decreto-Ley 14/2012 que contiene dichas medidas.

Esta nueva normativa establece que el importe de las tasas a pagar por la matrícula en las enseñanzas universitarias será una proporción de sus costes reales (entre el 15% y el 25% de estos costes en primera matrícula, entre el 30% y el 40% en segunda matrícula, y así hasta poder llegar al 100% de los costes en la cuarta matrícula), lo cual evidencia la importancia de calcular de una forma adecuada dichos costes universitarios.

Vamos a exponer aquí unas breves consideraciones sobre los costes universitarios y aprovechamos de paso para comentar algunas cuestiones sobre los aspectos económicos de las universidades.

En primer lugar, parece que la regulación de algo tan sustancial y supuestamente objetivo y equitativo como son las tasas universitarias, se va a basar en una magnitud ciertamente subjetiva y compleja como son los costes de las universidades. Según lo comentado públicamente por el propio ministro de Educación, José Ignacio Wert, las tasas que se pagan actualmente por las matrículas universitarias de grado cubren por término medio un 14,8% del coste real de las enseñanzas. Puesto que estos costes pasan a ser un elemento básico para calcular el importe de las nuevas tasas universitarias, y sin dudar de los criterios metodológicos utilizados por el ministerio, sería conveniente (y transparente) poder conocer con algún detalle los datos económicos y los criterios concretos utilizados para llegar a la estimación de este coste real, que lógicamente tendrá un carácter promedio, y resultante en todo caso de una enorme amplitud y variedad de magnitudes, dado que los costes varían muy significativamente entre las distintas universidades, facultades, escuelas, titulaciones, etc., que forman el amplio y complejo sistema universitario español.

Cabe recordar en ese contexto que en España hay 79 universidades (50 públicas y 29 privadas), ubicadas en la nada despreciable cifra de 236 campus universitarios (la gran mayoría de ellos públicos). Estas universidades imparten aproximadamente 2.400 titulaciones de grado, 2.800 másteres oficiales, y cerca de 1.700 doctorados, ello aparte del amplio elenco de titulaciones en forma de licenciaturas que se siguen hoy día impartiendo. En estas universidades estudian aproximadamente 1.600.000 alumnos. No vamos a analizar aquí este tan abultado como disperso conglomerado universitario, ya que ello conllevaría más espacio del que aquí disponemos, pero sí conviene recordar lo complejo y subjetivo del cálculo de los costes en esa tan compleja estructura de centros y titulaciones universitarias.

En cualquier caso, no será lo mismo, por ejemplo, que el citado índice de cobertura del 14,8% se haya basado en los costes reales de todas y cada una de las universidades públicas (aunque esto lo vemos difícil porque un buen número de universidades desconoce el detalle de sus costes), o se fundamente en algún estudio selectivo parcial, o bien se haya calculado en base a un muestreo estadístico. Los cálculos de los costes también serán diferentes si se utilizan datos de un solo año o se han usado varios años; y también pueden variar según la proporción que se contemple, en su caso, entre escuelas técnicas y facultades, así como en relación a qué tipos de tasas (muy distintas por comunidades autónomas) se comparen los costes para calcular dicho índice de cobertura.

Cabe recordar, por otra parte, que del total de los costes corrientes de una universidad, aproximadamente el 80% son costes del personal, y el restante 20% son costes derivados de los bienes y servicios que consumen las universidades en su funcionamiento.

Pues bien, y solo como ejemplo, será muy importante la forma de repartir e imputar esos costes fundamentales de personal entre los dos outputs o servicios fundamentales que presta la universidad: docencia e investigación, ya que el criterio que se adopte (siempre subjetivo) para decidir qué parte de esos costes del profesorado universitario se asignan a la docencia y qué parte se imputan a la investigación condicionará de lleno la estimación final de los costes de las enseñanzas universitarias. En cierta forma se trata de decidir si los estudiantes universitarios han de participar únicamente en la cobertura o financiación de los costes de la docencia al pagar sus tasas o también en los costes de las tareas investigadoras de los profesores.

Ya en el terreno de la práctica, cabe recordar que los resultados de diversos estudios reflejan una importante diferencia entre los costes de unas y otras universidades, e incluso entre los propios centros de cada universidad. A modo de ejemplo, en un estudio que hemos realizado recientemente en nuestra universidad (UAM), a petición del consejo social, los costes medios por crédito matriculado muestran diferencias superiores a un 50% entre algunas facultades.

En resumen, el cálculo de los costes universitarios, como otros muchos cálculos económicos, dista mucho de ser una ciencia exacta, y por ello es de esperar que mediante un buen ejemplo de transparencia por parte de los responsables políticos en esta materia, los ciudadanos podamos llegar a conocer con algún nivel de detalle la cuantía o la forma que oficialmente se adopte para calcular esos costes, ya que ello va a afectar de lleno a los precios a pagar, y por tanto al bolsillo de ese gran número de estudiantes (y de sus familias) que están cursando o se proponen cursar estudios universitarios.

Jesús Lizcano Álvarez. Catedrático de la Universidad Autónoma de madrid. Presidente de Transparencia Internacional España