viernes, 31 octubre 2014

Está pasando

Insiste en buscar inversores para afrontar los requisitos de provisiones

Novagalicia aspira a ampliar 8.000 millones con ayuda pública y privada

  • Novagalicia se resiste a tirar la toalla y a aceptar ser subastada como el resto de entidades nacionalizadas. Ahora tantea que la protección a la que aspiraba para los inversores privados interesados en la entidad se transforme en ayuda pública. Así, recibiría capital por 8.000 millones, de los que el Estado aportaría el 75%, una propuesta con dificultades de prosperar en el Banco de España y en Economía.

N. Salobral / Á. Gonzalo

24-05-2012 07:00

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PABLO MONGE

El conjunto del sector financiero español trabaja contrarreloj estos días de cara a la cita del 11 de junio, cuando deberán presentar al Banco de España los planes con los que responderán a la nueva exigencia de provisiones que plantea la última reforma financiera del Gobierno. Para Novagalicia puede ser la última oportunidad para evitar el mismo destino que van a seguir el resto de entidades nacionalizadas, una subasta competitiva como las realizadas con CAM y Unnim o las aún pendientes con Banco de Valencia y Catalunya Caixa.

La entidad gallega sigue en sus trece de buscar inversores privados que eviten esa subasta, a pesar de que el tiempo apremia y de que no ha logrado cerrar en los últimos meses el compromiso de entrada de capital privado, un objetivo que en el mercado y en gran parte del sector se da ya por imposible. El entorno es ahora más adverso si cabe, con la desconfianza planeando sobre el conjunto del sector financiero español y con una nueva exigencia de provisiones -esta vez para el crédito sano al ladrillo- para Novagalicia de 1.109 millones de euros, que se suman a los 1.500 millones de provisiones aún pendientes del decreto de febrero. Y en un cada vez más difícil equilibrio en el que presentar un plan de viabilidad realista sin tirar la toalla, la aspiración de la entidad gallega es que el Gobierno y el Banco de España consientan en aportar nuevas ayudas públicas, al tiempo que Novagalicia da entrada en su capital a inversores privados. La entidad gallega ya planteó con anterioridad que tales inversores -cuya identidad aún está por desvelar- contaran con un esquema de protección de activos (EPA) para futuras pérdidas similar al obtenido por Sabadell en CAM o por BBVA en Unnim. Una pretensión a la que se oponen tanto el Banco de España como el Gobierno y ante lo que Novagalicia responde con la propuesta de convertir el respaldo que proporciona el EPA en una nueva inyección de ayuda pública. Fuentes financieras apuntan que el objetivo es que los 8.000 millones de cobertura de pérdidas que se pretendían con el EPA sean ahora una ampliación de capital, cubierta al 75% por el Estado y al 25% por capital privado. Sería la fórmula con la que sortear la negativa de las autoridades a cubrir con un esquema de protección de activos a inversores privados y de aprovechar la vía de inyección de ayudas públicas que abre el nuevo decreto ley para las entidades que incurran en déficit de capital como consecuencia de aplicar las nuevas provisiones. Además, se evitaría la aportación necesaria del Fondo de Garantía de Depósitos, encargado de financiar las subastas pendientes y con los recursos ya muy mermados.

Sin embargo, esta nueva fórmula encuentra serios obstáculos para su puesta en marcha, al margen del escepticismo con que se reciben en el sector los planes de la entidad de lograr capital privado, un objetivo en el que su presidente, José María Castellano, se lleva empleando a fondo desde hace meses. En teoría, Novagalicia cuenta de plazo hasta septiembre para cerrar su proceso de recapitalización. Es la fecha límite para certificar el hallazgo de capital privado. Sin embargo, fuentes próximas a la entidad gallega reconocen que ya no resulta realista apurar hasta ese momento y que la sucesión vertiginosa de acontecimientos impone despejar cuanto antes el futuro de la entidad gallega, de la que el FROB posee el 90%. Y añaden que la posición del regulador y del Gobierno sigue siendo la misma: si la entidad no es capaz de presentar inversores privados, deberá asumir su entrada en proceso de subasta convencional, como el de CAM.

La entidad gallega es la única que aún debe clarificar su destino

Desde el sector también se apunta a las fuertes presiones políticas ejercidas por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y su abierta defensa del mantenimiento de una entidad bajo la órbita gallega, que explicarían en parte que Novagalicia sea la única entidad que aún no ha resuelto su destino.

Demanda colectiva por la venta de preferentes

Las participaciones preferentes están quitando el sueño a la clientela y también a la directiva de Novagalicia. La Fiscalía Superior de Galicia anunció ayer que prepara una demanda civil de acción colectiva contra la entidad por la comercialización de este producto, según apuntó el fiscal jefe, Carlos Varela. La demanda colectiva se presentará a finales de junio en un juzgado de primera instancia de La Coruña y en ella estarán representados los 43.000 clientes afectados por la compra de preferentes de la entidad.

Este producto, que en su día fue vendido de forma masiva por las entidades financieras como fórmula con la que fortalecer el capital y el reclamo de un cupón de rentabilidad superior a la de los depósitos, ha revelado riesgos imprevistos para la gran mayoría de la clientela. Así, las preferentes han resultado ser un producto completamente ilíquido, sin posibilidad de ser vendido libremente en el mercado. Además, en el caso de las entidades nacionalizadas, se ha suspendido el pago de cupón, como sucede en Novagalicia, con lo que los clientes no pueden recuperar su inversión ni tampoco ser compensados con el pago de algún rendimiento. Fuentes de Novagalicia insisten en que la entidad está concentrada en la búsqueda de soluciones para los clientes que suscribieron preferentes, si bien con grandes limitaciones. De hecho, la entidad no está en disposición ni de pagar el cupón -el FROB controla el 90% de su capital y es previsible la petición de más ayudas públicas- ni de ofrecer un canje en acciones, puesto que no cotiza en Bolsa. Esta conversión en títulos de renta variable ha sido la fórmula mayoritaria que ha empleado la banca cotizada para dar liquidez a las preferentes.

Las cifras

1.109 millones es la exigencia adicional en provisiones que le impone el último real decreto.

8.000 millones es la cuantía que el banco pedía para el esquema de protección de activos que también debía beneficiar al inversor privado y que ahora reclamaría como ayuda pública.

90% es el porcentaje del capital de Novagalicia Banco que controla el FROB.

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