La primera huelga de todo el sistema educativo registra un apoyo dispar

La educación primaria, secundaria y universitaria celebraron ayer la primera jornada de huelga conjunta contra el real decreto que aprobó en abril el Gobierno y que permitirá a las comunidades elevar el ratio de alumnos por aula o incrementar las tasas universitarias hasta un 64% en la primera matrícula.

La huelga se convocó en todas las comunidades con la excepción de País Vasco, Baleares y La Rioja, que pese a no secundar el paro también convocaron movilizaciones. Como suele ocurrir, los datos de seguimiento de sindicatos y Gobierno no tuvieron nada que ver. Los convocantes aseguraron que el 80% de la comunidad educativa apoyó la huelga y no fue a su puesto de trabajo. En cambio, el Ministerio de Educación rebajó esa cifra al 19,41% y aseguró en un comunicado que en comunidades como Canarias, Galicia o La Rioja el seguimiento no llegó al 4%. Paradójicamente, el Ejecutivo incluyó en ese listado a La Rioja, una de las comunidades en las que no se convocó la huelga. En otros territorios (Aragón, Asturias y Navarra), el Ejecutivo informó que el 40% apoyó el paro.

"Desde el Ministerio de Educación se valora la responsabilidad que ha demostrado el personal docente en esta jornada por ayer, acudiendo a sus respectivos centros de trabajo. De esta manera, se ha garantizado que a los alumnos no se les ha privado de su derecho a la educación", señaló el departamento de José Ignacio Wert en un comunicado.

Por el lado de los manifestantes, se defendió que los recortes que propugna el Ejecutivo de Mariano Rajoy suponen un golpe mortal a la educación pública y vulnera la igualdad de oportunidades ya que, siempre según esa visión, la subida de tasas que aprobarán la mayoría de comunidades para el próximo curso implica una barrera de entrada para los estudiantes con menos recursos.

El Gobierno confía en que las medidas incluidas en el real decreto del 20 de abril, de "medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo", tales como los límites a la contratación de interinos, la ampliación de jornadas lectivas, los aumentos del ratio de alumnos por aula o la subida de las tasas universitarias permitirán un ahorro de 1.333 millones este año y de 2.667 el próximo.

Y serán las cuentas de las comunidades -que ejercen las competencias en educación- quienes se beneficiarán de estas medidas. Sin embargo, para los manifestantes, la reducción del gasto en educación en un país que está por debajo de la media europea supone un decisión contraproducente y perjudicial a medio plazo. Las mayores protestas se registraron en Madrid y Barcelona. En Cataluña, estudiantes de la Universidad Autónoma cortaron la autopista AP-7 y medio millar de jóvenes trataron de cortar al tráfico la Diagonal de Barcelona, una de las principales arterias de la ciudad.

En Madrid, fuentes policiales confirmaron la detención de dos manifestantes tras bloquear el paso a un coche que circulaba por el campus de la Universidad Complutense. Los portavoces estudiantiles negaron la mayor y aseguraron que la policía cargó contra ellos y detuvo a dos manifestantes. El Gobierno aseguró que en Madrid el seguimiento no alcanzó el 20% y, además, indicó que los sindicatos falsearon los datos de seguimiento en la universidad, ya que actualmente es época de exámenes y no hay clases.

Todo indica que el Gobierno no modificará un ápice su postura actual. Rajoy considera prioritario reducir el déficit público y asegura que, para ello, resulta necesario ajustar el gasto en educación y sanidad.