martes, 2 septiembre 2014

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Algunas ideas para aflorar la actividad en negro

  • ATA pide la identificación de quien compre material de trabajo por más de 600 euros
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CINCO DÍAS

Quién no conoce a algún profesional que realiza sus actividades sin estar dado de alta en la Seguridad Social y sin pagar los impuestos correspondientes a Hacienda? Lamentablemente, todo el mundo sabe de algún caso más o menos cercano.

Aunque no hay una estimación oficial, distintos estudios cifran la economía sumergida en España en el entorno del 20% o 23% del producto interior bruto (PIB). Por ello, una de las medidas que el Gobierno tiene en el horno es un plan antifraude fiscal, que entre otras cosas permitirá aflorar dinero opaco que está en el extranjero con una penalización del 10%, lo que ha sido denominado como amnistía fiscal. Pero al margen de este incentivo para las grandes fortunas, ¿qué puede hacerse en el terreno de los pequeños profesionales que trabajan en negro?

La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) ha trasladado a los responsables de Hacienda un documento que incluye una serie de propuestas para adoptar medidas antifraude a pequeña escala.

Hacienda descarta incentivos para los delatores

Entre estas iniciativas, el Ejecutivo podría estudiar convertir, de alguna forma, en obligatorio la identificación a través de un NIF o CIF de la persona que compre material para trabajos como construcción y asimilados, floristerías, peluquerías, estéticas o textil por valor de más de 600 euros.

Se trataría de una medida a aplicar, por ejemplo, en grandes superficies o almacenes especializados de distribución, para obtener un registro más que pudiera utilizar Hacienda para perseguir si estos compradores, que destinan sus adquisiciones a una actividad económica, cumplen con sus obligaciones con el fisco.

De esta forma, explican fuentes de ATA, tanto la Agencia Tributaria como la Inspección de Trabajo podrían comprobar que quien realiza esas compras mayoristas, así como el nivel de dichas compras se corresponde o no con personas que realizan una actividad declarada y con el grado y tipo de actividad que declaran". Estas mismas fuentes admiten la dificultad de poner en marcha esta iniciativa pero se muestran convencidas de que, independientemente de su resultado, sería cuando menos "disuasoria".

Otra de las iniciativas propuestas consistiría en la necesidad de exigir, en la certificación de obra concluida, un certificado de cada una de las actividades de la cadena de instalación (fontaneros, albañiles, etc.) y proveedores que hayan intervenido en la actividad.

Cerco al dinero público

Los autónomos también recordaron la medida incluida en la reforma laboral consistente en fomentar que los perceptores de prestaciones y subsidios por desempleo realicen trabajos sociales, de forma que esto imposibilite el fraude de cobrar estas ayudas y trabajar a la vez en negro. En este sentido, ATA especifica que debería hacerse hincapié en el seguimiento y control de los prejubilados que cobren estas prestaciones porque "estos perfiles suelen participar de estas actividades no declaradas y se enfrentan a pocos controles sobre sus incompatibilidades".

Asimismo, fuentes de esta asociación aseguraron que Hacienda también ve con buenos ojos hacer campañas de concienciación entre la ciudadanía para instarles a que denuncien el fraude. Pero, en ningún caso, barajan crear incentivos fiscales o de otro tipo para los delatores, como hay en otros países europeos.

Sin dinero para nuevas desgravaciones

Entre las ideas trasladadas por los autónomos de ATA a los responsables de Hacienda también hay un grupo de propuestas que incluirían bonificaciones o desgravaciones a modo de incentivo para contribuir en el afloramiento de estas actividades no declaradas.

Sin embargo, "para eso no hay dinero"; es la respuesta recibida por la asociación de trabajadores por cuenta propia.

En concreto, proponían, por ejemplo, desincentivar por parte de los clientes este tipo de actividades. Se trataría de desactivar los casos conocidos por todos en los que un cliente pide por favor que no le cobren el IVA por los servicios prestados. En este caso, sugerían "estímulos positivos de orden fiscal" también para los consumidores finales.

En general, reclamaban reducciones y bonificaciones a las cuotas de Seguridad Social "como una herramienta básica para aflorar la economía sumergida".

Sin embargo, tampoco para esto hay margen presupuestario, según las fuentes de esta asociación que se entrevistaron con los responsables de Hacienda.

Fraude laboral

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, entregó ayer los diplomas a 25 nuevos inspectores y 30 subinspectores de Trabajo y anunció que su departamento presentará en junio una ley que recogerá los cambios normativos del plan antifraude laboral.

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