jueves, 21 agosto 2014

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El foco

Una docena de reformas

  • El Gobierno aprueba mañana la duodécima reforma del sector financiero. ¿Será la definitiva? El autor reflexiona sobre las razones que han llevado a la situación actual y recuerda que la última palabra es del mercado.
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Hasta once decretos leyes acumula España desde que en octubre de 2008, justo un mes después de la quiebra de Lehman Brothers que supuso el punto álgido de la crisis financiera, el Gobierno español aprobara el primero con el objetivo de hacer frente al impacto de la crisis sobre el sistema financiero. ¿De qué han servido todos ellos?

El primer diagnóstico de los problemas fue que se trataba de una crisis de liquidez, lo que justificó aprobar medidas como la constitución del Fondo de Adquisición de Activos Financieros o la concesión de avales del Estado a la emisión de deuda bancaria. Posteriormente la crisis fue económica (con fuertes caídas del PIB), lo que exigió corregir los desequilibrios generados en la época del boom inmobiliario, iniciándose una profunda reestructuración financiada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y apoyada en la ley de reforma de las cajas de ahorros. En el contexto de la crisis de la deuda soberana, la falta de confianza de los inversores impedía a nuestros bancos financiarse en los mercados internacionales, lo que obligó a aumentar la transparencia informativa y a exigir mayores niveles de capital (RDL de reforzamiento del sistema financiero de febrero de 2011). Hubo que esperar a febrero de 2012 a que se reconociera por primera vez que había problemas de solvencia, exigiendo un elevado saneamiento de los activos problemáticos relacionados con la construcción y promoción inmobiliaria.

El elevado número de medidas adoptadas ya es de por sí un indicador de la falta de un rumbo definido en el proceso de reestructuración. El FROB ha sido la piedra angular donde se apoya el proceso, incentivando la integración entre entidades como vía de solución a sus problemas. Algunos se han corregido gracias a la integración (como la corrección del exceso de capacidad instalada), pero otros no, a juzgar por las vulnerabilidades que presentan las entidades que han recibido apoyo público, según las conclusiones preliminares del FMI. Muchos de esos procesos de integración han dado como resultado entidades que han tenido que ser subastadas, y en el caso del mayor grupo resultante (Bankia), tampoco la fusión ha resuelto sus problemas, como se ha demostrado esta semana.

En mi opinión, lo que ha fallado es haber reconocido con retraso los problemas de solvencia y haber dedicado una cantidad muy reducida de fondos públicos para resolver ese problema. No hay más que comparar el importe de las ayudas públicas concedidas en forma de capital en España (2,1% del PIB hasta junio de 2011 según datos del FMI) con la de otros países (3,1% en EE UU, 5,7% en el Reino Unido, 12,4% en Alemania, 38% en Irlanda, etc.).

Hace menos de tres meses se pensaba que exigir un mayor nivel de provisiones (53.900 millones de euros) para sanear los activos que más sospechas generaban era suficiente para recuperar la confianza de los mercados. Y ciertamente debería haber despejado dudas, ya que el Banco de España estima, en su último Informe de Estabilidad Financiera, que esas provisiones son suficientes para hacer frente a caídas muy elevadas (82% en suelo y 87% en promoción en curso) del valor de los activos. Pero desde fuera las cosas se ven de otra manera, al menos a los ojos del FMI y del Banco Central Europeo que, con su opinión, han precipitado una nueva reforma financiera.

Habrá que esperar a leer la letra pequeña para poder valorar la nueva reforma anunciada para mañana. Pero por lo que se ha ido conociendo, los ingredientes básicos son dos: la creación de los mal llamados "bancos malos", que son sociedades inmobiliarias a las que los bancos transferirán sus activos más problemáticos; y la exigencia de mayores provisiones para los activos inmobiliarios con riesgo normal.

En el primer caso, la segregación del balance de los activos improductivos es un paso importante para mejorar la imagen del sector bancario, en la medida en que se limpia el balance y se liberan necesidades de capital al reducir los activos con más riesgo. De esta forma, es una medida que intenta restaurar el flujo del crédito, ya que se mejora el acceso de los bancos a la financiación mayorista, sin tener que vivir como hasta ahora enganchados a la botella de oxígeno del Banco Central Europeo o a los avales del Estado.

El éxito de la operación va a depender de la valoración de los activos problemáticos, siendo necesario para ello contar con la opinión de expertos independientes. Además, habrá que incentivar al capital privado, lo que podría exigir algún tipo de protección en caso de pérdidas durante varios años. Y si el capital privado no es suficiente, el Gobierno ha dicho que está dispuesto a aportar financiación pública si fuera necesario.

En el tema de la valoración realista de los activos inmobiliarios (difícil de realizar en muchos casos por falta de mercado para algunos inmuebles), la ventaja de partida es el saneamiento exigido, que llega a porcentajes del 80% en suelo, 65% en promoción en curso y 35% en vivienda terminada. Con provisiones tan elevadas, los valores netos de provisiones se reducen de forma considerable, convergiendo de esta forma a su valor de mercado.

La exigencia de una mayor provisión genérica en el crédito inmobiliario no problemático tiene como objetivo hacer frente al elevado importe de refinanciaciones que han tenido lugar para hacer frente a la morosidad, tal y como ha señalado el FMI en su informe. Se habla de una provisión entorno al 25%, que en caso de confirmarse, supondría que los 124.000 millones de euros en activos con riesgo "normal" pasarían a tener una provisión de 31.000 millones de euros. Esta cifra tan elevada puede poner en serios aprietos a más de una entidad, teniendo en cuenta que en 2011 el margen de explotación (que es el que alimenta las provisiones) de las entidades de depósito (estados individuales, sin contar los las filiales en el extranjero) fue de 28.640 millones de euros. Algunos bancos pueden entrar en pérdidas, lo que hará necesaria la ayuda del FROB.

¿Será está la última y definitiva reforma financiera? Con la de mañana llegamos a la docena, por lo que no me atrevo a afirmar que será la última. Ojalá que así sea, si bien la última palabra la tienen esos señores sin nombre que son los "mercados" a los que tenemos que convencer si queremos que compren las emisiones de deuda de nuestros bancos.

Joaquín Maudos. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia e Investigador del Ivie

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