viernes, 25 julio 2014

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Reforma del sistema eléctrico

Industria pone en venta la sede de la CNE para recortar el déficit de tarifa

  • La mitad del superávit de la CNE de años anteriores (60 millones) con el que el Gobierno quería recortar déficit de tarifa no es dinero líquido, sino parte del patrimonio inmobiliario del regulador, que el Gobierno ha puesto en venta. Los ingresos obtenidos pasarán a Patrimonio, por lo que es difícil que pueda destinarlo a la tarifa.
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P. MONGE

La llamada reforma del sistema eléctrico aprobada a finales de marzo por el Gobierno con el objeto de frenar el déficit de la tarifa eléctrica, incluía un recorte de los costes del sistema de 1.400 millones de euros y, en paralelo, un aumento de las tarifas de acceso de 1.700 millones. Todo ello hasta finales de este año. Entre las partidas a ajustar, el Ministerio de Industria incluía los remanentes o superávits de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) de años anteriores, que se cifraron en 60 y 600 millones, respectivamente.

Sin embargo, la primera de las partidas, la correspondiente al regulador energético, encierra una trampa: el remanente "líquido" que podría destinarse a sufragar el déficit de tarifa (que asciende a unos 24.000 millones de euros) no llega a los 30 millones. Los otros 30 millones corresponden al valor patrimonial de una parte de su sede madrileña (un inmueble adyacente al principal), que el Gobierno ha puesto a la venta para obtener liquidez.

Pero esta enajenación encierra, a su vez, otra nueva trampa, ya que, según la Ley del Patrimonio Nacional, cuando se "desafecta" un inmueble de un organismo público, el dinero que se obtiene de la venta pasa directamente a Patrimonio, por lo que, en este caso, no podría utilizarse para reducir el déficit de la tarifa, según fuentes del sector. En todo caso, se podría recortar el déficit público. Y quedaría por ver cuánto podría ingresar el Estado por el inmueble, dada la profunda crisis que atraviesa el mercado inmobiliario.

Por tanto, la supuesta reducción de costes del sistema eléctrico por esta vía sería imposible de cumplir en los términos anunciados por el titular de Industria, José Manuel Soria. Según el real decreto ley que entró en vigor a principios de abril, el Gobierno tendría hasta el 31 de diciembre de este año para vender el citado inmueble, que ya está en la cartera de Segipsa (Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio). No se descarta que, a la vista de que el Gobierno de Rajoy ha decidido eliminar por ley la Comisión de la Energía, decida vender todo su patrimonio inmobiliario.

El inmueble

El edificio que alberga la CNE fue construido en el siglo XIX y está catalogado como edificio histórico. Está ubicado en la madrileña calle de Alcalá esquina a la de Barquillo, y fue adquirida en 1999 por el organismo regulador a Altadis (grupo resultante de la fusión entre Tabacalera y la francesa Seita) por 3.400 millones de pesetas. Sin embargo, fue propiedad de la antigua Tabacalera solo durante una década (la tabacalera pública lo compró en 1981 para anexionarlo a su sede histórica ubicada a la vuelta, en la Plaza del Rey).

La historia del emblemático edificio, originalmente de viviendas que se anexionó a otro que albergaba el Teatro Apolo, está esencialmente ligada al Banco Urquijo, que lo adquirió en 1921 por estar enfrente del Banco de España y al entonces Banco del Río de la Plata. Cuenta con cuatro plantas y 10.700 metros cuadrados construidos. Por el momento, es otro edificio adyacente, en la calle Barquillo, el que estaría en venta.

Precisamente, en esta misma calle se encuentra la sede de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), otro de los organismos que, junto con la Comisión de la Energía y la Comisión de las Telecomunicaciones (CMT) serán eliminados. Sus funciones reguladoras pasarán al Ministerio de Industria y las supervisoras a un organismo de nueva creación, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que podría entrar en funcionamiento en unos meses.

Cartas para anunciar el tarifazo eléctrico

Las comercializadoras tienen ya lista las cartas que la orden ministerial de tarifas publicada el 26 de abril les obliga a remitir a los clientes para anunciarles la descomunal subida de la luz que se avecina. La orden, la primera que se aplica con carácter retroactivo (desde el 1 de abril), recoge la obligación de refacturar a 26 millones de clientes (excluidos los que tienen derecho a cobrar el bono social) los consumos entre el 1 de octubre y el 31 de marzo por 1.400 millones de euros.

Estas refacturaciones vienen impuestas por el Tribunal Supremo, que admitió las medidas cautelares solicitadas por las cinco grandes eléctricas, que consideraron que las revisiones de la tarifa en el último trimestre del año pasado y el primero de este año no respondían a la legalidad.

Según la norma, estos desfases a cobrar serán fraccionados entre las facturas que se emitan a los consumidores hasta fin de año. En su dictamen sobre la citada orden, la CNE aconsejó que se remitiesen dos cartas distintas (una a los clientes con tarifa de último recurso y otra a los que no la tienen) y una explicación en el propio recibo. Por su parte, recomendó una única revisión para los clientes en baja tensión que evitase confusiones, problemas operativos y la más que probable avalancha de reclamaciones.

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