sábado, 26 julio 2014

Está pasando

El fabricante reclama 40 millones

El Gobierno rechaza indemnizar a Instalaza por las bombas de racimo

  • Instalaza no va a recibir ninguna indemnización tras la decisión de España de prohibir la fabricación y venta de bombas de racimo. El anterior Gobierno socialista desestimó la reclamación de la empresa y el actual del PP recuerda que no se puede compensar por cumplir un tratado internacional.
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El Gobierno no tiene ninguna intención de indemnizar a la empresa Instalaza tras la decisión de aprobar una moratoria unilateral en el uso, producción y venta de bombas de racimo. Una medida que perjudicó, fundamentalmente, a la empresa zaragozana, el único fabricante que quedaba de este tipo de bombas en España, con sus MAT-120.

La decisión de firmar la moratoria la adoptó el anterior Ejecutivo socialista, en julio de 2008. Entonces, la compañía presentó una reclamación por pérdida patrimonial al Gobierno por 40 millones de euros, en concepto de daño emergente y lucro cesante por venta de las bombas de racimo en siete países. Hasta ahora no se sabía cuál había sido el resultado de esa reclamación. Sin embargo, hace unos días el actual Gobierno del PP ofreció algunos detalles por escrito a la diputada de ICV, Laia Ortiz, que había preguntado sobre este asunto el pasado mes de enero.

Según la respuesta del Ejecutivo, a la que tuvo acceso CincoDías, la solicitud de responsabilidad formulada por Instalaza fue presentada ante el Ministerio de Presidencia en julio de 2009 y acabó siendo desestimada por este mismo departamento en septiembre del año pasado.

Recurso ante los tribunales

La empresa que preside Leoncio Muñoz ha recurrido esta decisión ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Instalaza quiere que se le indemnice por los contratos de venta con países como la Libia de Gadafi o Finlandia que dejaron de tener validez tras la moratoria, y que se le compense por las existencias acumuladas y el gasto en I+D invertido en las bombas de racimo. El actual Gobierno del PP está de acuerdo con la decisión de sus antecesores. Según recuerda en su escrito, los tratados internacionales en los que participa España pasan a formar parte de su ordenamiento legal interno, por lo que, "obviamente, no puede existir una compensación por cumplirlos".

Además, añade que, como figura en la propia resolución del expediente, la decisión de adoptar la moratoria "no puede dar lugar a una responsabilidad general del Estado, por tener los afectados la carga de soportarlo". ¿Por qué? Porque la medida adoptada no iba destinada a una empresa en concreto, sino que era "genérica" y las "limitaciones o prohibiciones" que imponía son extensibles a todas las empresas, "apreciando unas necesidades de interés general".

Morenés y la venta de los proyectiles a Gadafi

Instalaza saltó a los medios internacionales el año pasado cuando fuerzas leales al dictador libio Muamar Gadafi usaron sus bombas de racimo MAT-120 en el asedio a la ciudad de Misrata, según las evidencias recogidas por un reportero del The New York Times y por la organización Human Rights Watch.

El anterior Gobierno del PSOE confirmó a la Coalición contra las bombas de racimo que autorizó la venta a Libia de un total de 1.055 MAT-120 (con 22.155 bombetas) en agosto de 2006 y a finales de 2007. La operación fue legal ya que se cerró antes de que España aprobara la moratoria.

La polémica sobre la venta salpicó al actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, que formó parte del consejo de administración de Instalaza hasta marzo de 2009.

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