Gestión urbana 'low cost' Gestión urbana 'low cost'

La exigencia de ahorro que se impone desde el Gobierno a las autonomías también ha llegado a la gestión de los servicios urbanos, un sector que encuentra en España casi tantas modalidades de administración como sus 8.000 municipios. La asfixia financiera está empujando a revisar la situación actual de los contratos a empresas, a plantear la fusión de distritos dentro de la misma ciudad y de municipios que dependen de un único ayuntamiento y a resucitar la recurrente creación de nuevos impuestos verdes para paliar el agujero de las autonomías y cumplir con la orden de austeridad impuesta por el Ejecutivo.

En Barcelona, la Agencia Catalana de Residuos, dependiente de la Generalitat, expuso ayer que estudia la creación de una nueva tasa con la que se gravaría a empresas y ciudadanos para financiar parte de la gestión de basuras de esta comunidad autónoma. Durante unas jornadas dedicadas a la biometanización de desechos sólidos organizadas por el Área Metropolitana de Barcelona, el director de la Agencia Catalana de Residuos, Josep Maria Tost, explicó que "la crisis ha de servir para hacer una pequeña revolución e intercambiar experiencias, para dar un salto adelante", que en la gestión de residuos significa, según Tost, ahorrar.

"El low cost también ha llegado a la gestión de residuos y nos obliga a reflexionar sobre el coste de explotación y de gestión de infraestructuras", añadió Tost. La tasa verde en cuestión, de la que no se conocen aún más detalles, pretende en primer lugar la prevención de residuos, una vieja quimera de la Comisión Europea y su directiva de reciclaje que no logra apuntalarse, al menos en España, por la creciente generación de desechos. Pese al repetido lema de que la mejor política de residuos es no generarlos, el problema del exceso de basura urbana sigue estando a la orden del día.

La crisis también está obligando a plantear un nuevo modelo concesional que salga de la concesión pura y dura, por la que las autonomías contratan la limpieza de las calles, la gestión de basuras o el cuidado de los jardines a compañías distintas. Madrid habría prendido la mecha de un nuevo modelo por el que la compañía concesionaria suministraría sus servicios a varios distritos.

Hasta ahora y según se ha publicado en este diario, la limpieza de las calles de los barrios de Salamanca, Arganzuela y Retiro se repartían entre las compañías Urbaser y FCC. Pero el consistorio de Ana Botella estaría preparando la unión de estos tres distritos para suministrar servicios urbanos a través de un solo contrato. Esta fórmula podría emularse en otros municipios que hasta ahora contratan estos servicios de forma individualizada. Pero aunque pueda generar ahorros, la fusión de pequeños núcleos de población para la gestión de residuos no siempre es bienvenida por sus ciudadanos. No es lo mismo unir tres distritos de un barrio de Madrid para el barrido de las calles del que apenas se enteran sus 420.000 habitantes que vaciar la basura de todo un municipio en el vertedero de otro vecino.

En Alicante, varias pedanías se están movilizando contra la idea de la alcaldesa de Fontcalent, de que los municipios vecinos lleven su basura hasta la planta de residuos de esta localidad.

La medida no pretende contribuir al principio de solidaridad con otros municipios que según el diario Las Provincias han esgrimido en varias ocasiones las autoridades, sino generar ingresos adicionales para las exiguas arcas municipales. De incrementarse los residuos tratados hasta las 240.000 toneladas anuales (ahora se tratan 80.000), se podrían ingresar 10 millones de euros anuales. Los vecinos se quejan de que su pequeño municipio no tiene capacidad para tratar esa cantidad y piden explicaciones sobre las "evidentes" deficiencias de la planta, por la que el consistorio invirtió 17 millones de euros, financiados en un 80% por los fondos de cohesión de la Unión Europea.

Otra alternativa es seguir subcontratando los servicios urbanos. Según la consultora Russell Bedford, los ayuntamientos podrían ahorrar hasta 2.700 millones de euros anuales si externalizaran la gestión de residuos y los servicios urbanos, el 20% de estas partidas. Esta firma arroja que los municipios españoles gastan 9.700 millones de euros anuales en urbanismo y 3.761 millones en gestión de residuos de un presupuesto global de 59.000 millones.

"Uno de los aspectos más positivos del outsourcing de estos servicios es, aparte del ahorro que supone, el saneamiento de sus cuentas, deterioradas tras casi cuatro años de crisis económica", suscribe esta firma consultora. El déficit de los ayuntamientos se ha disparado de 3.200 millones de euros en 2007 hasta los 6.500 millones actuales, según sus cálculos. "La participación privada en las áreas de urbanismo y de residuos podría reducir este nivel de déficit en un 40%". El principal desafío de esta fórmula es mantener la calidad del servicio.

Aunque la gestión del urbanismo y de los residuos acaparan el mayor índice de ahorro respecto a otras partidas, esta firma también recomienda externalizar la limpieza y el mantenimiento de edificios públicos; la limpieza viaria y la conservación de parques y jardines y los servicios administrativos, como la recaudación o la oficina técnica de proyectos. "No hay que olvidarse de que esta es una opción atractiva para el sector público, ya que la imposibilidad de endeudarse y de partir de una situación deficitaria hace complicado prestar un servicio a los ciudadanos".