lunes, 1 septiembre 2014

Está pasando

El insoportable nivel del gasto público

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La administración adecuada de los recursos tiene muchas fórmulas, unas de mayor éxito que otras, pero para ser eficaces deben partir todas del clásico axioma doméstico: no se puede gastar más de lo que se ingresa. Eso lo sabe bien cualquier ama o amo de casa. Y si son responsables, lo tienen muy en cuenta en cada decisión de gasto. Porque nadie en su sano juicio gasta indefinidamente más de lo que gana, fiando el futuro al que venga detrás. ¿Nadie? Hay una enorme excepción: las Administraciones públicas.

El conjunto del sector público español, formado por la Administración central, la Seguridad Social, las 17 comunidades y dos ciudades autónomas, el medio centenar de diputaciones y los más de 8.100 ayuntamientos, ingresaba en 2007, cuando comenzó la crisis económica, 433.000 millones de euros. Al cierre de 2011 los ingresos sufrieron una fuerte sangría, hasta bajar a 377.000 millones, un 12,9% menos. Se trata de una evolución coherente tras cuatro años y medio de una de las mayores crisis de los últimos ochenta. Pero la sorpresa llega en el capítulo de gastos. El buen gobierno de las cuentas exigiría un recorte paralelo al de ingresos. Sin embargo, el gasto público total hizo lo contrario y pasó de 413.000 millones del primer año de la crisis a los 468.000 millones de 2011, es decir, no solo creció (un 13,4%), sino que lo hizo en un porcentaje superior a la caída de los ingresos. Y no ha ido a menos: el pasado año España gastó 91.000 millones más de lo que ingresó.

Una lectura coyuntural podría encontrar justificación a este desequilibrio, con el argumento de que se pueden compensar unos ejercicios con otros y conseguir refinanciación. Sería ignorar de nuevo la crisis. Porque las Administraciones no solo no la vieron -o no la quisieron ver- llegar, sino que la ignoraron irresponsablemente incluso cuando ya estaban dentro de la boca del lobo. Y más. Durante la época de bonanza y hasta ahora mismo han cometido la imprudencia de fijarse obligaciones de gasto estructurales a partir de unos ingresos coyunturales que, en el caso de las autonomías y municipios, procedían básicamente del boom inmobiliario. Su extraordinaria vinculación fiscal al sector inmobiliario ha demostrado la dependiente debilidad de sus fuentes de ingresos que, como aquel, han caído cual castillo de naipes, con bajadas muy superiores al descenso del PIB. Lo cierto es que los espectaculares ingresos tributarios por la actividad inmobiliaria no volverán en mucho tiempo a los niveles de antaño. Y es deseable que nunca lo hagan, por lo que significa de desequilibrio.

De aquellos lodos vienen ahora los barros de un tremendo ajuste antidéficit, que se ha visto obligado a tocar áreas tan sensibles en el Estado de bienestar como la sanidad o la educación para rebajar de forma permanente el insoportable nivel de gasto público.

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