lunes, 15 septiembre 2014

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Presenta a las autonomías una reforma con la que pretende ahorrar 7.000 millones

El Gobierno generaliza el copago en fármacos y ataca el turismo sanitario

  • A cambio de mantener la gratuidad en los servicios sanitarios, el Ejecutivo decidió ayer presentar una reforma a las comunidades autónomas en la que se generaliza el copago farmacéutico a casi todos los colectivos, incluidos los jubilados. Además se adoptan medidas para evitar el coladero del turismo sanitario, que origina un gasto anual de 1.000 millones.

L. Fernández / C. Molina

19-04-2012 07:00

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La reforma sanitaria que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, dio ayer a conocer a las comunidades autónomas durante el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) supondrá un ahorro superior a los 7.000 millones, según sus cálculos. Las medidas contenidas en un real decreto que el Ejecutivo aprobará en el Consejo de Ministros de mañana entrarán en vigor de forma inminente. "En dos meses, según las comunidades autónomas, se habrán puesto en marcha", precisó la titular de Sanidad.

A partir de esta fecha, los medicamentos costarán más a los ciudadanos, incluso a los jubilados. Los pensionistas españoles, los únicos en Europa que estaban exonerados del pago de medicamentos, tendrán ahora que abonar parte de los fármacos. æscaron;nicamente las pensiones más bajas (las no contributivas), quedarán libres de este desembolso mientras que el resto pagará en función de la renta, no del importe de la pensión.

Así, los pensionistas que no alcancen los 18.000 euros de renta, aportarán un 10% del precio del medicamento, con un tope mensual de ocho euros. Este límite aumentará a los 18 euros al mes en caso de superar los 18.000 euros y a los 60 para los que estén por encima de 100.000 euros. Para la ministra Ana Mato, dicha medida implica un esfuerzo para los pensionistas, aunque remachó que en algunos casos solo tendrán que pagar unos 20 céntimos al día. "Nos hubiera gustado no haberla hecho, pero era la única manera de garantizar que no haya copago sanitario como ocurre en otros países europeos", advirtió.

Los asalariados con rentas inferiores a 18.000 euros, los que no tengan obligación de tributar en el IRPF y las familias numerosas seguirán pagando el 40% del coste de los fármacos como en la actualidad. Por el contrario, quienes superen los 18.000 euros abonarán el 50% de su precio, mientras que los contribuyentes con mayor poder adquisitivo (por encima de 100.000 euros de renta) aportarán el 60% del precio de los medicamentos.

El medicamentazo, como algunos ya han denominado a la reforma, no tendrá efecto para los parados de larga duración que no cobran prestación. Tampoco afectará a los enfermos crónicos, que seguirán abonando un 10% de los fármacos prescritos, tal y como sucede en la actualidad. Mato no precisó, pese a la insistencia de la prensa, cuanto prevé recaudar con el copago en fármacos. "No se trata de una medida con efecto recaudatorio, sino disuasorio", precisó la titular de Sanidad, quien aseguró que España es el segundo país del mundo que más medicamentos consume, lo que provoca que se tiren un total de 3.700 toneladas de fármacos al año, con un coste estimado por encima de los 1.000 millones de euros.

Para evitar este despilfarro, el Ministerio de Sanidad solicitará a la industria farmacéutica que adecue los envases a la duración estimada del tratamiento del enfermo. "Además, vamos a apostar por los genéricos y por la bajada de precios", añadió. Con todo ello, la previsión del Gobierno es ahorrar entre 3.000 y 3.500 millones de euros al año.

Otra de las iniciativas que adoptará será el frenazo al coladero del turismo sanitario. El Ministerio de Sanidad ha detectado que casi 700.000 extranjeros han accedido sin derecho a la tarjeta sanitaria, lo que ha ocasionado un gasto de 917 millones de euros. La ministra explicó que muchos europeos viajan a España, se empadronan, obtienen la tarjeta sanitaria y luego retornan a su país para hacerse los tratamientos de salud necesarios, algo que luego tiene que abonar España. "Por este motivo, incorporaremos un artículo de una directiva que ya estaba traspuesta, aunque no en su totalidad en el que se prohibirá el desplazamiento en busca de asistencia sanitaria", sentenció la ministra. Pero, además, se clarificará el derecho de los asegurados. España podrá facturar de manera rápida y directa al país de origen, del mismo modo que sucede con los españoles que viajan al extranjero. "Queremos evitar las lagunas administrativas o la picaresca para beneficiarse de los servicios sanitarios de España", avisó la ministra.

La reforma sanitaria también contendrá una cartera básica de servicios sanitarios que asegure a todos los españoles con independencia de la comunidad autónoma donde residan el acceso a las mismas prestaciones. Aunque la ministra señaló que el contenido exacto de dicha cartera se resolverá en el próximo Consejo Interterritorial, sí informó que se dividirá en servicios asistenciales, suplementarios y accesorios. Por último, la plataforma centralizada de compras, que no solo afectará a los medicamentos, sino también a los servicios y a la tecnología, permitirá obtener un ahorro entre 1.000 y 1.500 millones de euros. También habrá una reordenación de los recursos humanos, que incluirá cambios en los modelos retributivos del personal sanitario, para ahorrar un total de 470 millones.

Los ajustes en sanidad, en cifras

-Partidas afectadas

Farmacia: el Ejecutivo prevé un ahorro de entre 3.000 y 3.500 millones mediante tres grandes medidas: el copago para jubilados y activos, la adecuación de los envases de los fármacos a la duración del tratamiento y varias medidas de fomento para un mayor consumo de fármacos genéricos y para rebajar el precio de algunos medicamentos.

Turismo sanitario: endurecerá la normativa para que los no residentes puedan acceder a la sanidad pública y modificará la Ley de Extranjería para limitar los derechos a los que se tiene acceso con la tarjeta sanitaria. El ahorro previsto es de 917 millones.

Plataforma de compras: se centralizará la compra de medicamentos y aparatos de alta tecnología, entre otros, con lo que se prevé que dejará de pagar entre 1.000 y 1.500 millones de euros al año.

Cartera básica de servicios: se creará una nueva cartera básica de servicios para unificar las prestaciones en todas las comunidades, con un ajuste previsto de 500 millones.

Recursos humanos: se unificarán las categorías profesionales y las retribuciones en el sector sanitario para ahorrar 470 millones.

-Colectivos afectados

Pensionistas y asalariados: las medidas afectan a pensionistas y asalariados, que pagarán en función de las rentas que declaren a Hacienda. Los activos pagaran lo mismo que ahora si ganan menos de 18.000 euros y los jubilados el 10% con un máximo de ocho euros al mes. En esta situación están 11,1 millones de personas (el 57,6% del total), mientras que otras 7,9 millones (el 41%) están por encima de 18.000. En este tramo, los asalariados pagaran el 50% del medicamento y los pensionistas el 10% hasta un máximo de 18 euros al mes.

REACCIONES

La mayoría de los consejeros de Sanidad que asistieron al Consejo Interterritorial se mostraron de acuerdo con la reforma sanitaria planteada por la ministra Ana Mato. El consejero vasco, Rafael Bengoa, apuntó que se había alcanzado el mayor consenso en el turismo sanitario y en los genéricos, aunque también precisó que existían diferencias en otros asuntos que se debatirán en reuniones posteriores. Por su parte, el consejero catalán, Andreu Mas-Colell, adelantó que se tendrán que adoptar nuevas iniciativas y calificó la reforma como "valiente". La más crítica fue la consejera andaluza en funciones, María Jesús Montero, quien criticó el plan al calificarlos como "un recorte en pensiones".

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