miércoles, 26 de noviembre de 2014

Está pasando

Pedro Saura García

17-04-2012 07:00

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El anteproyecto de ley de lucha contra el fraude no puede valorarse sin relacionarlo con dos elementos cruciales de la política económica del Gobierno del PP: la amnistía fiscal y el duro recorte de servicios públicos. Aquí hay que añadir dos elementos complementarios: la destitución de los profesionales de la cúpula de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude y el recorte en el presupuesto de la Agencia Tributaria para el año 2012. Si una amnistía fiscal es siempre discutible, y esta es muy deficiente en muchos aspectos, solo puede ser necesaria en momentos de urgencia (y este lo es) y si va acompañada de un impulso al control del fraude que no convierta la amnistía en una invitación al fraude.

A la hora de diseñar ese impulso hay que tener en cuenta dos datos: tres de cada cuatro euros defraudados se estima que se originan en empresas con más de 6 millones de facturación anual y en España la Administración tributaria cuesta 0,6 euros por cada 100 recaudados, la mitad que en Europa. En este contexto, lo que se requiere es un impulso en los medios (la mitad de los inspectores no inspeccionan), en la coordinación (con otras agencias regionales, estatales e internacionales), con una oficina centralizada de lucha contra el fraude y con el objetivo puesto en los que más tienen y en la evasión internacional. Y sin embargo nos encontramos con una respuesta nula en cuanto a medios, tibia en control internacional y aparentemente dura con el déficit a pequeña escala. En resumen, y como nos tiene acostumbrados el PP, se muestra fuerte con el débil y débil con el fuerte, en una estrategia más de cara a la galería y a la que la galería (los mercados) ya ha contestado.

Del anteproyecto del Gobierno se han destacado las siguientes medidas: se limita a 2.500 euros el pago en efectivo en operaciones donde participen empresarios o profesionales, tanto el pagador como el que reciba el dinero se enfrentan a multas del 25%; se excluye del régimen de módulos a aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares, dicha exclusión solo operará para empresarios cuyo volumen de rendimientos íntegros sea superior a 50.000 euros anuales; todos los contribuyentes deberán informar sobre las cuentas y valores que tengan en el extranjero, la infracción acarreará una multa mínima de 10.000 euros y se declara la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas.

Las medidas anteriormente mencionadas solo son aparentemente fuertes con el pequeño fraude, porque la sanción por pagos en metálico no es desincentivadora (solamente como referencia, un 25% es menos por lo que se paga por IVA y Sociedades cuando el ingreso en blanco que podría situarse en torno al 40%), y la limitación del uso de módulo solo es operativa para rendimientos inferiores a 50.000 euros anuales.

En relación a la segunda medida, y de acuerdo con los cálculos de Gestha, habrá un total de 647.200 empresarios que estarían potencialmente afectados por la exclusión de la estimación objetiva, de los que 46.000 quedarían efectivamente fuera de la estimación objetiva, un 7%, de acuerdo con los requisitos del anteproyecto de ley.

En el otro extremo, la obligación de comunicar cuentas en el extranjero, en el fondo existe ya, no implementa mecanismos efectivos de lucha contra los paraísos fiscales como sí han hecho otros países como Estados Unidos, obligando a los propios bancos que facilitan este tipo de operaciones. Esta nueva obligación es redundante, porque la contabilidad de las empresas expresa dichas cuentas y activos y deben tener su repercusión en el impuesto de patrimonio, IRPF e impuesto de sociedades. Si alguien no ha cumplido sus obligaciones contables, ni con dichos impuestos, no creo que vaya a cumplir con esta obligación.

En resumen, este anteproyecto es un decepcionante compañero de la amnistía fiscal. Si la amnistía está diseñada para beneficiar a los grandes defraudadores, este plan no les añade presión y se centra en medidas poco efectivas contra el pequeño fraude. Es más decepcionante aún si se tiene en cuenta que no se plantea objetivos cuantitativos en cada una de las medidas, y que el fraude fiscal anual en España se sitúa alrededor de los 80.000 millones de euros cada año, que multiplicado por cuatro años, periodo de prescripción, la cantidad pendiente de cobrar por parte de la Hacienda española se situaría en 320.000 millones de euros. En definitiva, el plan del Gobierno contra el fraude es un fraude de plan.

Pedro Saura García. Portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista

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