viernes, 1 agosto 2014

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De la zozobra y la hostilidad a la intervención de YPF

María José Menéndez

17-04-2012 07:00

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Después de la zozobra de los últimos días, y tras una escalada de hostilidad creciente entre el Gobierno argentino y Repsol, parecen haberse materializado las amenazas.

Una primera norma, cuyo texto acaba de acceder a los medios, parece ser un decreto emitido por la presidenta de la nación argentina en el Acuerdo General de Ministros, y que dispone "la intervención transitoria de YPF SA por un plazo de treinta (30) días con el fin de asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, el abastecimiento de combustibles y garantizar la cobertura de las necesidades del país".

En combinación con el decreto, los medios internacionales apuntan a la presentación al Senado argentino de un proyecto de ley cuyo objeto sería la expropiación del 51% del capital en YPF.

Por el momento, el decreto persigue el efecto inmediato de atribuir al interventor, el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, las facultades que en condiciones normales asumiría el directorio y/o el presidente de la empresa, esto es, lo que serían funciones del consejo de administración: la gestión y representación de la misma.

La lectura de la exposición de motivos que precede al contenido de la norma, compuesto por seis breves artículos, demuestra sobradamente una irritación, ya sea fundada o infundada, que el Ejecutivo argentino no se molesta en ocultar -para muestra, un botón: "(...) si bien YPF SA es la mayor empresa del sector petrolero de nuestro país, su accionar a lo largo de los últimos años demuestra que los intereses del accionista mayoritario han sido distintos a los de la República Argentina, en tanto ha determinado la disminución de las inversiones, la caída de la producción y la reducción en el horizonte de reservas que compromete la soberanía energética del país (...)"-.

El fundamento de la intervención se explica como consecuencia de la supuesta pasividad de Repsol a la hora de acometer la expansión de sus inversiones, y con ello de la producción de su filial argentina. Acordando la intervención, por medio de decreto, el Estado argentino pretende acceder de inmediato al ejercicio de las funciones decisorias y de administración; tal vez con ello intenta corregir esa divergencia entre los intereses de los gestores corporativos con los más amplios intereses de la nación. Sin embargo, a menos que el propio Estado se preste a financiarlas, en el corto, o tal vez medio plazo no estarán accesibles a la sociedad intervenida las inversiones, que supuestamente permitirían potenciar su producción, dado que los accionistas que habrían de aportar el capital necesario están pendientes de que se resuelva un procedimiento expropiatorio aún ni siquiera iniciado.

El proceso al que se enfrenta la petrolera argentina y sus accionistas promete ser largo y complejo habida cuenta de las disputas jurídicas que esta situación puede desencadenar.

Sin duda, habrá inversores del sector energético que pongan la máxima atención en las oportunidades que puedan surgir de esta situación. Sin embargo, que el Estado argentino se prestara a privatizar de nuevo lo que ahora viene a considerar una industria estratégica y vital para el país es radicalmente incoherente; parece más probable que el ejecutivo se centre en obtener recursos por vía de financiación y reservarse la titularidad de una explotación que desea recuperar ahora, olvidando las bondades de su privatización en 1999. El mundo actual, su crisis global y las dudas generalizadas sobre la capacidad del liberalismo económico para obtener los mejores resultados pueden estar detrás de este cambio de perspectiva. Pero en el desarrollo de lo que el Gobierno argentino se proponga hacer ahora convendría que tenga presente que las empresas privadas y sus accionistas se rigen y se han regido siempre por criterios no necesariamente coincidentes con los intereses de Estado.

María José Menéndez. Socia del departamento de derecho mercantil de Ashurst

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