domingo, 21 de diciembre de 2014

Está pasando

El valor de la filial de Repsol está tasado por ley y los acuerdos hispano-argentinos

La nacionalización de YPF costaría a Argentina 18.000 millones de dólares

  • Una expropiación de YPF dentro de la legalidad costaría a Argentina 18.000 millones de dólares, que es el precio que se derivaría de aplicar los estatutos y los acuerdos bilaterales hispano-argentinos. La medida no podrá ser discriminatoria, de lo contrario Argentina se enfrentaría a un alud de reclamaciones.
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EFE

Los despachos de abogados especializados en arbitrajes internacionales se están frotando las manos ante una posible nacionalización de la filial argentina de Repsol, YPF, por parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, los propios juristas reconocen las enormes dificultades que tendrá Argentina para abordar la que sería la expropiación más grande de la historia.

Frente a la creencia de que, para pagar menos por la petrolera, la estrategia del Gobierno argentino es laminar el valor de sus acciones (lo que se conoce como expropiación rampante), lo cierto es que dicho valor está tasado, pese a haberse depreciado más de un 30% este año. En estos momentos (a 31 de marzo), el valor de YPF, a efectos de una transacción, se cifra en 18.000 millones de dólares (más de 13.600 millones de euros) o 47,18 dólares por acción. Ninguna broma si se tiene en cuenta que la deuda del país con el Club de París es de 5.000 millones.

Esta tasación es el resultado de aplicar el artículo 7 de los estatutos de YPF, que reproduce a su vez la Ley de Privatización de YPF. En él se establece que la contraprestación en el caso de una opa (a lo que está obligado cualquiera que quiera hacerse con más del 14,9% del capital) será el precio más elevado que resulte de varios supuestos, como, por ejemplo, el valor promedio de los dos últimos años o el precio mayor pagado en los últimos 30 días.

REPSOL 16,075 0,062%

Más allá de los estatutos de YPF, que fueron consensuados con el propio Gobierno en 1993 durante su proceso de privatización para dar seguridad a los inversores, también existen normas internacionales, que están muy claras en el caso de países como Argentina y España, que mantienen un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appri). Según fuentes jurídicas, el Gobierno argentino "está en su derecho a expropiar YPF por razones estratégicas", pero debe pagar por ella el precio de mercado "anterior a que se desataran los rumores que provocan que su cotización se derrumbe". Y en este caso de Repsol, que tiene un 57%, debe pagar una compensación por la prima de control.

Además, y no es menos importante, el acuerdo exige que la nacionalización no sea discriminatoria. Una condición esta que incumple claramente el proyecto de ley de nacionalización que, en múltiples versiones, ha circulado sin que el Gobierno argentino haya reconocido su autoría. En él, el Estado argentino pretende hacerse con el 50,01% del capital de YPF, que correspondería al paquete del grupo del empresario Enrique Eskenazi, que tiene algo más del 25%, y otro 25% de la participación en manos de Repsol. "Esto sería claramente confiscatorio y no justificaría la declaración de servicio público de YPF que fija el proyecto de ley", señalan fuentes empresariales. Y es que, de dar crédito al borrador, la valoración, que podría durar tres años, la haría el Tribunal de Tasaciones en colaboración con la Secretaría de Energía.

Es probable que sean estas dificultades de las que han alertado los abogados argentinos, cuya habilidad es reconocida, las que estén haciendo que Kirchner demore su decisión.

El laudo del argentino Maffezzini, antecedente para Repsol

España mantiene con Argentina un acuerdo bilateral de promoción y protección recíproca de inversiones (Appri) que ambos países firmaron hace ya dos décadas. En todo este periodo de tiempo, solo ha habido un caso de reclamación de expropiación y es, por ahora, el único que existe en aplicación del acuerdo hispano-argentino.

Sin embargo, no se trata de una denuncia contra Argentina, sino contra España, y tampoco se trata de una gran empresa, sino de un pequeño inversor argentino, Maffezzini, que ha dado nombre al que se considera uno de los laudos importantes en la historia del arbitraje internacional y que se dictó en el año 2000.

El empresario argentino, que aportó en su día garantías por más de 50 millones de pesetas a la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Galicia (Sodiga) para montar una fábrica de productos químicos en esa región, no pudo realizar finalmente la inversión al serle denegados los permisos de impacto medioambiental por parte de la Xunta. Pero en lugar de reclamar en Galicia la devolución de sus avales, se los reclamó al Reno de España ante el Banco Mundial apelando al acuerdo bilateral de protección de las inversiones con Argentina.

Pese a que el caso pudiera parecer menor, fuentes jurídicas lo consideran un antecedente muy importante para Repsol, en el caso de que se vea abocada a un arbitraje ante el Banco Mundial por la nacionalización de YPF.

El país con más demandas por expropiación

Argentina es el país del mundo con mayor número de reclamaciones internacionales por expropiaciones que se produjeron, fundamentalmente, durante la época del corralito. Sobre unas 40 demandas, ha sido condenado en casi la mitad. Además, el país andino es el único de la lista de condenados que ha incumplido el laudo y no ha pagado a las empresas demandantes. Concretamente, en media docena de casos. Algunas de ellas son compañías de Estados Unidos, lo que ha llevado recientemente al presidente Barack Obama a imponerle sanciones comerciales severas. Por ejemplo, contra las exportaciones de vinos argentinos, que están prácticamente bloqueadas. Por otra parte, Argentina mantiene pleitos comerciales con México, ya que ha puesto cortapisas a las importaciones de coches.

Fuentes jurídicas consideran que de abordar la expropiación de YPF tal como figura en el borrador de proyecto de ley que se ha filtrado a los medios, se enfrentaría a múltiples demandas: además de la de Repsol, se toparía con la de los accionistas de Wall Street, donde Repsol colocó el año pasado un 18% de su capital (en forma de ADR) y cuyo valor ronda los 4.000 millones de dólares. Estos no serían expropiados, pero verían hundirse su cotización tras la estatalización.

Y por supuesto de la familia Eskenazi, a la que se quiere confiscar su 25%. Se da la circunstancia de que el empresario argentino prácticamente no ha pagado su inversión de 4.000 millones (financiada en un 45% por la propia Repsol y el resto por un grupo de bancos), con lo que Kirchner expropiaría una deuda de la que no podrá librarse. En mayo, Eskenazi debe hacer frente a un pago de 400 millones a sus bancos acreedores o refinanciar su deuda.

Una lluvia de litigios

Además de las demandas de Repsol, Argentina podría encontrarse con las reclamaciones del Reino de España ante el Banco Mundial por incumplimiento de tratados bilaterales y otros afectados españoles.

También podría ser denunciada por la UE, competente en cuestiones de comercio exterior.

Y, por supuesto, por el resto de accionistas: Eskenazi y los propietarios de ADR de Wall Street.

Confianza de Soria

El Gobierno cree que la ofensiva diplomática contra la posible intervención de Argentina en la petrolera YPF lanzada en los últimos días está dando sus frutos. Así lo aseguró el sábado el ministro de Industria, José Manuel Soria: "Las cosas parece que se encauzan", dijo.

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