miércoles, 23 abril 2014

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Más impuestos y amnistía

PABLO MONGE

Si hoy España presenta uno de los déficits más elevados de la UE se debe, especialmente, a los reiterados errores que cometió el anterior Gobierno en la previsión de ingresos. Afinar en la recaudación tributaria supone el reto más difícil y del éxito de la previsión depende en buena medida que se cumpla el objetivo de rebajar el déficit de la Administración central del 5,1% al 3,5%. El Ejecutivo ha aplicado una subida generalizada de impuestos con el propósito de que los ingresos del Estado alcancen los 119.233 millones, un 14,3% más. Este importe asciende hasta los 211.089 si tiene en cuenta la parte de los ingresos que se transfieren a las comunidades autónomas.

El Ejecutivo confía así en que las medidas tributarias y la polémica amnistía fiscal contrarrestarán la caída de ingresos derivada de la recesión económica y elevarán la recaudación en 14.900 millones. "La previsión de ingresos es realista", aseguró el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que no quiso desvelar si el Ejecutivo contaba con un plan B para responder a un posible error en las previsiones.

Con la salvedad del IVA, las principales figuras impositivas -IRPF, impuesto sobre sociedades e impuestos especiales- han sufrido un incremento tributario con el que el Gobierno pretende recaudar 12.300 millones adicionales. Esta cifra ya contempla la subida del IRPF que aprobó en diciembre el Ejecutivo y que elevó hasta el 52% el tipo marginal máximo para los rendimientos del ahorro y fijó un gravamen del 27% para las rentas del ahorro que superen los 24.000 euros. El Gobierno prevé recaudar en este ejercicio 4.100 millones adicionales por esa subida fiscal, un importe inferior al anunciado en diciembre, ya que parte de la subida del IRPF se pagará el próximo año, cuando se presente la declaración del ejercicio en curso. En total, se recaudarán 73.106 millones de euros por el impuesto sobre la renta, un 4,7% más que lo ingresado en 2011. Sin embargo, de este importe, la Administración central obtendrá 29.232 millones, un 12,9% menos. Esta aparente contradicción -que también se produce en el IVA- se debe a la aplicación del modelo de financiación autonómica, que recortará los ingresos fiscales del Estado central. Esta reducción se compensará con el incremento de los ingresos por transferencias corrientes.

El Ejecutivo prevé que los recursos derivados de la lucha contra el fraude disminuyan

Más allá del impuesto sobre la renta, el Gobierno ha fiado buena parte del éxito fiscal de este ejercicio al impuesto sobre sociedades, la figura impositiva que más capacidad recaudatoria ha perdido con la crisis. El tributo que grava los beneficios empresariales llegó a recaudar 44.823 millones en 2007 y en 2011 reportó solo 16.611 millones. El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, reconoció que el problema es el exceso de beneficios fiscales que aplican las grandes empresas y que provoca que una multinacional tribute a un tipo efectivo menor que una pyme. El Ejecutivo ha aprobado así un listado de modificaciones fiscales en el impuesto sobre sociedades con el que pretende recaudar 5.350 millones, lo que permitiría contrarrestar la caída de ingresos derivada la previsible caída de beneficios empresariales por la recesión. Si se cumplen las previsiones del Gobierno, el impuesto sobre sociedades -el único de los grandes tributos del que las comunidades autónomas no participan- aportará a las arcas públicas 19.564 millones, un 17,8% más. Entre las medidas adoptadas, destaca el incremento de los pagos fraccionados, es decir, el dinero que las compañías avanzan en función del resultado del ejercicio anterior. El Ejecutivo también ha escuchado las reclamaciones de los inspectores fiscales y limitará la posibilidad de deducir los gastos financieros, "el auténtico agujero negro" de Hacienda, según los expertos. Así, a partir de ahora, "no serán deducibles los gastos financieros que excedan del 30% del resultado (ebitda) de una compañía". En el caso de operaciones entre empresas de un mismo grupo empresarial solo se permitirá aplicar la deducción siempre y cuando se justifique que los gastos financieros derivan de "motivos económicos válidos". Con ello, se pretende evitar que un conglomerado cree operaciones ficticias entre sus empresas con el mero objetivo de reducir la factura tributaria. Además, se eliminará la libertad de amortización para las grandes empresas, un beneficio fiscal que permitía que las compañías imputaran como gasto y sin ninguna restricción sus inversiones. Eso permitía modificar la cuota del impuesto a la carta. En cualquier caso, la medida más sorprendente es la inclusión de un nuevo gravamen del 8% para las empresas que a lo largo de este año repatríen beneficios de filiales ubicadas en paraísos fiscales, una operación que hasta ahora tributaba al tipo general del 30%. Según los cálculos de Hacienda, el cambio normativo permitirá el ingreso de 750 millones de euros.

El Ejecutivo asegura que ha intentado que sus decisiones tributarias tengan el menor efecto posible sobre el crecimiento económico. Con este argumento, justifica que la puesta en marcha de la amnistía fiscal aprobada el viernes era la única salida para evitar una subida del IVA. El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, defendió que la previsión de ingresos de 2.500 millones que contempla el presupuesto por el perdón tributario resulta realista.

Hasta el 30 de noviembre, los contribuyentes que mantengan dinero oculto podrán regularizar su situación pagando solo un 10%. Ferre recordó que esta medida también la han adoptado países como Italia y Alemania. Las haciendas forales de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava -esta última gobernada por el PP, aseguran que no aplicarán la amnistía fiscal. Ferre puso en duda que eso sea posible, lo que abre un conflicto entre la Administración central y las haciendas forales, que cuentan con una gran autonomía. De hecho, el Ejecutivo ha establecido que la amnistía reportará 2.500 millones bajo la hipótesis de que se aplicase sobre todo el territorio.

Montoro aseguró que el perdón tributario dará paso a un nuevo plan contra el fraude mucho más potente y que limitará el uso de efectivo en las transacciones entre empresas. En cualquier caso, los Presupuestos contemplan que la labor de los inspectores contra el fraude se traducirá en 8.171 millones para las arcas públicas, una cifra inferior a los 9.209 millones recaudados el año anterior. El Ejecutivo justifica que en 2011 se lograron 1.000 millones extras por operaciones que difícilmente se volverán a repetir.

Así, las subidas fiscales, la amnistía y la lucha contra el fraude son los tres elementos que deben permitir cuadrar uno de los presupuestos más difíciles jamás elaborados. No será hasta el verano cuando se tendrán datos fehacientes que permitan calibrar el grado de acierto en las previsiones de ingresos. En caso de error, en la recámara aguarda una subida del IVA y de los impuestos especiales.

La cifra

12.300 millones son los ingresos adicionales que el Ejecutivo confía en recaudar con la subida fiscal y la amnistía tributaria.

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José Luis Martínez Campuzano

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