domingo, 26 octubre 2014

Está pasando

El Ejecutivo recurre al perdón tributario y sube los impuestos a las grandes empresas para cuadrar el Presupuesto más austero

Hacienda aprueba por sorpresa una amnistía fiscal para recaudar 3.250 millones

  • El Gobierno dio luz verde el viernes a una amnistía fiscal con la que pretende recaudar 3.250 millones. El Ejecutivo aplicará un gravamen del 8% para las empresas que repatríen dividendos de filiales en paraísos fiscales y fijará un tipo del 10% para los contribuyentes que afloren dinero evadido. La amnistía fiscal complementa un plan más amplio de incrementos tributarios que afectan, sobre todo, a las grandes empresas.
Temas relacionados:

Hacienda aprueba por sorpresa una amnistía fiscal para recaudar 3.250 millones

PABLO MONGE

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no pudo ocultar cierta incomodidad el viernes al anunciar un "plan de regularización tributaria". La amnistía fiscal, término que Montoro no citó en ningún momento, acompañará a los Presupuestos más austeros de la historia. La cuentas de 2012, que se presentarán en el Congreso el martes, contemplan un drástico recorte del gasto que, sin embargo, no afecta a las prestaciones por desempleo, a la revalorización de las pensiones ni supondrá un recorte de los salarios públicos, que se mantienen congelados.

Montoro destacó que todas las medidas económicas tienen como fin el cumplimiento del objetivo de estabilidad, que obliga al sector público a reducir su déficit del 8,51% al 5,3%, lo que supone un ajuste de 35.000 millones de euros. "O hacíamos eso o subíamos el IVA", señalan fuentes del Gobierno para justificar la amnistía fiscal, que se articulará a través de dos medidas. Por un lado, se establece un gravamen especial del 8% para que las empresas repatríen dividendos obtenidos por filiales ubicadas en paraísos fiscales o países de baja tributación. Ello supone un reclamo para que las empresas rescaten estos beneficios, una operación que hasta ahora implicaba tributar al tipo del 30% en el impuesto sobre sociedades. En el caso de otros países con los que España tiene convenios de doble imposición, la repatriación de dividendos está exenta, una situación que no varía. El Ejecutivo prevé recaudar 750 millones con esta medida.

Por otra parte, el Gobierno establecerá un gravamen especial del 10% para los contribuyentes que afloren rentas no declaradas, es decir, dinero negro o evadido. En este sentido, el objetivo es que tanto empresas como personas jurídicas que engañaron a Hacienda y cuentan con recursos ocultos -probablemente en el extranjero- opten por regularizar su situación. Pagar un tipo del 10% supone un importante incentivo para los evasores ya que, como explica el presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, José María Lluis Odriozola, en caso de que fueran descubiertos, podrían llegar a perder todo el dinero defraudado o, como mínimo, más de la mitad. Los contribuyentes tendrán de plazo hasta el 30 de noviembre para presentar una "declaración confidencial" con el fin de regularizar su situación

El Ejecutivo prevé que con este plan aflorarán hasta 25.000 millones de euros, lo que permitirá ingresar unos 2.500 millones. A esta cifra, debe sumarse la recaudación por el tipo del 8% para los dividendos de fuente extranjera. En total, la amnistía fiscal elevará en 3.250 millones los ingresos del Estado, si se cumplen las previsiones de Hacienda.

Montoro invitó a las empresas a acogerse al plan de regularizaciones, ya que en 2013 se endurecerá el régimen sancionador contra la evasión de impuestos y advirtió que los contribuyentes no tendrán una segunda oportunidad. Sin embargo, eso también se dijo en 1991, cuando el Gobierno de Felipe González aprobó la última amnistía fiscal. Este tipo de medidas son habituales en momentos de escasez de recursos. El último Ejecutivo en aprobar una amnistía fue Italia, que fijó un tipo del 5% para los contribuyentes que afloraran dinero sumergido. También recurrió a ella Alemania.

La amnistía fiscal anunciada el viernes no se incluirá en los Presupuestos, sino que se aprobará en un real decreto ley que contemplará, como ya avanzó CincoDías, una importante subida fiscal para las grandes empresas que tendrá un impacto en la recaudación de 5.350 millones. Si bien no se toca el tipo nominal del impuesto sobre sociedades que sigue en el 30%, se cercenan importantes beneficios tributarios.

La legislación pondrá coto a la deducciones de los gastos financieros, "el auténtico agujero negro de Hacienda", en opinión de los inspectores fiscales. Así, las empresas solo podrán deducirse los gastos financieros por un importe equivalente al 30% del beneficio. En este sentido, el objetivo es evitar que los grandes grupos se presten dinero entre si con el único objetivo de pagar menos impuestos.

Además, también se elimina la libertad de amortización para las grandes empresas, una medida que aprobó el anterior Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y que el año pasado permitió a las empresas rebajar su factura fiscal en 557 millones. Ahora, la ley volverá a fijar qué porcentaje de las inversiones o compras de inmuebles de una gran empresa puede imputarse en cada ejercicio fiscal en el capítulo de gastos. La libertad de amortización, muy criticada también por los inspectores fiscales, permitía a las empresas reducir a la carta su base imponible.

Por otra parte, el Ejecutivo aplicará otras subidas fiscales de carácter temporal. Así, limitará la deducibilidad del fondo de comercio -la diferencia entre el precio de compra de una compañía y el valor en libros- del 5% al 1%. También se reducirá del 35% al 25% el límite máximo de aplicación de deducciones. Además, se modificarán los pagos fraccionados que desembolsan trimestralmente las grandes compañías.

Todas estas medidas deberán contribuir a reducir el déficit de la Administración central en 17.800 millones. Para ello, el Gobierno estima que será necesario un ajuste de 27.300, un importe superior, ya que el Estado debe contrarrestar la caída de ingresos por la crisis y el incremento de gastos ya comprometidos como, por ejemplo, los destinados a pagar los intereses de la deuda.

Dos precedentes

La amnistía del Gobierno tiene dos precedentes en democracia. En 1991, el Ejecutivo de Felipe González permitió la compra de deuda pública con dinero evadido a un interés del 2% por seis años (el rendimiento de esas inversiones era entonces del 13%). La medida del ministro Carlos Solchaga generó unos beneficios al Estado de unos 4.000 millones de euros. El también socialista Miguel Boyer, al frente de Economía y Hacienda, aprobó en 1984 otra amnistía a través de la compra de pagarés públicos.

La cifra

27.300 millones es la cifra a la que asciende el esfuerzo presupuestario de la Administración central para llevar su déficit del 5,1% al 3,5% del PIB.

LOS ESPECIALISTAS

¡BEACON! Tecnología de corto alcance para móviles

Tu ADN Digital

Luis Ferrándiz, Eduardo Vázquez y Nacho Prada

Rajoy no sueña con Europa

La UE, del revés

Bernardo de Miguel

¿LES GUSTA EL ORO?

Una visión desde los mercados

José Luis Martínez Campuzano

Ver

Asociados
© ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS S.A.- Miguel Yuste, 42 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 538 61 00