Un viaje de ida y vuelta

La economía española atraviesa por una grave situación, caracterizada por tres desequilibrios fundamentales en un contexto internacional sin signos de recuperación". La afirmación no está extraída del discurso de investidura del presidente Rajoy o del último debate sobre el estado de la nación. Tiene 35 años y con ella arranca el acuerdo del 27 de octubre de 1977 conocido como los Pactos de la Moncloa. Los tres graves desequilibrios eran una aguda inflación (20%), paro elevado (800.000 desempleados) y un fuerte desequilibrio de los intercambios con el extranjero (déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente de 5.000 millones de dólares).

Los Pactos de la Moncloa dieron algunos resultados en el control de salarios o en las disponibilidades líquidas, aunque su principal aportación fue la instauración de la concertación social como activo económico que se ha mantenido, con excepciones puntuales, durante estos 35 años. Fueron el preludio del consenso político y ciudadano que propició la Constitución del 78, que por primera vez define a España como una economía social de mercado. Terminan el proteccionismo y los mercados cautivos. "Las empresas tienen que adaptarse a un nuevo marco competitivo. Se rasga el velo de la competitividad", recuerda el vicerrector de la Universidad Complutense, José Antonio Maroto, y "la primera consecuencia es que sufren un apalancamiento financiero reductor (rentabilidad financiera menor que la económica) que no superarían hasta entrados los noventa". La necesidad de incrementar la rentabilidad empresarial provoca, en los ochenta, la reestructuración de los sectores privados y la reconversión del sobredimensionado sector público -con más de 800 empresas-, un proceso motivado también por la entrada en la Comunidad Europea. Se abandonan sectores fuertemente subvencionados, como el naval, el minero o el siderúrgico, a través de una reconversión dolorosa y costosa que consumió cerca de 1,5 billones de pesetas, afectó a 250.000 trabajadores y provocó una violenta contestación social. Las privatizaciones fueron la otra vía para racionalizar el sector público. En una primera fase (1985-1996) con objetivos más dispersos, y en la segunda (1996-2003) con el propósito explícito de incrementar la eficiencia y competitividad de la economía, poniendo en manos privadas empresas como Endesa, Telefónica o Repsol, que de ser las joyas de la abuela pasan a encabezar la lista de multinacionales made in Spain con el permiso de los grandes bancos, las principales constructoras o Inditex. La entrada en la Comunidad Europea en 1986 supone el segundo impulso modernizador de la economía española. Fue necesaria la aceptación de duras condiciones para los sectores más potentes, como el agrario. A cambio, se lograron cuantiosos fondos europeos y plazos más amplios para desmontar el sistema arancelario industrial y abrir y liberalizar la economía. Pero el mayor esfuerzo se realizó para superar la reválida del euro. De no cumplir ninguno de los criterios de Maastricht en vísperas del examen, España pasó a aprobar todas las asignaturas. La inflación se redujo del 4,7% en 1995 al 1,8% en 1998; el déficit público, del 6,6% al 3,1%. Y lo que más puede sorprender, la prima de riesgo, que en 1995 superaba los 500 puntos básicos, llegó, ya con el euro, a ser negativa para Alemania, que tuvo que ofrecer mayores intereses para competir con la deuda española. Los criterios de convergencia no examinaron el desempleo, prueba que España no hubiera superado. Aunque el paro había descendido desde su máximo del 24% alcanzado en 1994, aún había 3,7 millones de parados cuando se ingresó en la zona euro. A pesar de las múltiples reformas que impulsaron el contrato temporal, legalizaron las ETT o intentaron abaratar el despido, la tasa de paro nunca bajó del 7,9%, conseguido en 2007, después de crear ocho millones de empleos durante la bonanza económica, de los que ya se han destruido 2,5 millones. España consigue sus mejores datos macroeconómicos en 2007, con 1,8 millones de parados, un superávit presupuestario del 2,2% y una deuda pública del 36%. Pero también revela graves desequilibrios. El déficit por cuenta corriente alcanzó el 10% del PIB y se vendieron 835.000 viviendas. Fue el último año de la burbuja inmobiliaria. España había crecido durante más de una década a tasas anuales superiores al 2,5%, pero el crédito ligado a la vivienda también subía por encima del 15% al año, favorecido por unos tipos de interés reales negativos y la barra libre en los mercados financieros internacionales. La crisis de las subprime y de la banca internacional aceleró el desplome del milagro español. El crédito desaparece de cajas y bancos, el gasto público se dispara, el PIB cae un 3,7% en 2009 y el paro escala hasta los 5,3 millones. "La difícil situación que atraviesa la economía española es, en gran medida, consecuencia de los desequilibrios de los últimos años. Es difícil imaginar un punto de partida peor: economía en recesión, récord de desempleo, incumplimiento de los objetivos de déficit público, caída del crédito y deterioro del entorno internacional". Esta vez sí, la afirmación está extraída del primer discurso de Rajoy después de su investidura.