El nuevo grupo controlará un 16,2% de todas las oficinas bancarias

La absorción de Banca Cívica por parte de CaixaBank, operación aprobada ayer por los consejos de ambas entidades, no solo dará a luz al primer grupo financiero por volumen de activos y depósitos del territorio español. También reforzará el liderazgo que ya ejerce la entidad catalana con la mayor red de oficinas del país. Con 6.590 sucursales (5.196 de CaixaBank, 1.394 de Cívica) la unión resultante superará en casi 2.000 centros el despliegue de Banco Santander (4.781), el segundo de la lista, y controlará el 16,2% de todas las sucursales de España, según La Caixa.

La diferencia es aún más clara si se comparan estas cifras con las de otro gigante como BBVA que, incluso sumando la adquisición de Unnim, domina poco más de la mitad de oficinas: 3.626 sucursales. En la misma línea se mueve Bankia, con 3.248 oficinas, mientras, que la fusión de Popular y Pastor aúna 2.542 centros, o la de Sabadell y CAM, 2.279, una tercera parte que lo que tendrá CaixaBank con Cívica. El resto de entidades financieras del país no sobrepasa las 2.000 oficinas.

Pese a que es señal de identidad de la entidad catalana sustentar su negocio en una fuerte presencia física en las calles, el gigantismo que genera la absorción de Cívica obligará al grupo a ajustar tamaño. Los expertos de la consultora financiera Cumbria apuntan a que CaixaBank "tendría que enfrentarse sin demora al sobredimensionamiento de su red minorista" con una reducción de sucursales de entre el 20% y el 25%, lo que equivale al cierre de entre 1.320 y 1.648 oficinas. Desde el sector coinciden en que afectará, al menos, a 1.000 centros. Teniendo en cuenta que la operación no está soportada con ayudas públicas, y que el grupo prevé inyectar 3.400 millones en Cívica para sanear los activos inmobiliarios -pese a que podría disponer de hasta dos años- la clave de la operación estará en la reducción de gastos y en las sinergias que puedan obtenerse de la nueva red comercial. La entidad calcula que los costes de reestructuración ascenderán a 1.100 millones.

Andalucía y Canarias son las regiones que más puntos tienen para absorber el grueso del ajuste, en vista del fuerte solapamiento que pesa sobre ambas redes. En la región insular, de hecho, Cívica posee mayor número de sucursales aún que CaixaBank, concretamente, 206 oficinas (177 solo en Tenerife) frente a las 155 de la catalana. Entre las dos controlan el 28% de las oficinas, el 27,5% del crédito concedido en la región y el 31,5% de los depósitos. Más grave aún parece el caso de Andalucía. Solo esta comunidad aloja 1.300 sucursales del nuevo grupo resultante, de las que 656 pertenecen actualmente a CaixaBank y 634 corresponden a Cívica. El 20% de las sucursales de la comunidad pertenece ahora a este grupo, que domina el 17,3% del crédito, y el 20,4% de los depósitos. Sevilla, en particular, es una de las provincias con mayores solapamientos pues reúne 308 centros de la antigua Cajasol y 159 del banco catalán.

El peso de la otra gran entidad que compone Cívica, Caja Navarra, convierte a esta región en otra de las zonas con mayor presencia de la fusión. Las 55 oficinas de CaixaBank y las 177 de Cívica conceden al grupo resultante el 33,8% de la red regional, el 39,8% del pasivo concedido y el 45% de los depósitos.

Pese a las citadas duplicidades, la fusión de ambas redes cuenta con algunas particularidades especialmente atractivas para el grupo que preside Isidro Fainé. De un lado, Cívica apenas cuenta con oficinas en Cataluña, área de influencia por excelencia de CaixaBank, que reúne 1.859 sucursales en sus cuatro provincias. Cívica, por su parte, solo suma 29 más, todas ellas en Barcelona.

La segunda gran ventaja que aporta la red de Cívica es que no añade ni una sola oficina más a la presencia de La Caixa en Galicia. Una característica de especial interés, teniendo en cuenta que la adquisición de Novagalicia se dibuja como el siguiente paso estratégico de la entidad catalana. Aunque la fusión de cajas gallegas tiene previsto continuar su andadura en solitario captando capital de inversores externos, lo cierto es que solo tiene de plazo hasta septiembre para lograrlo. Si no lo hiciera, Novagalicia sería subastada, como ya lo fue Unnim o lo será en breve Catalunya Caixa. Un evento para el que La Caixa se postula como uno de los principales postores.

Uno de los problemas a la hora de casar ambas entidades surge, de otra parte, en las duplicidades que se dan entre los servicios centrales de cada entidad, pues CaixaBank los concentra en Barcelona, mientras que Cívica tiene sede en Madrid y delegación en cada una de las regiones de origen de las cajas que conforman el grupo (Andalucía, Navarra, Canarias y Castilla y León).

En total, la plantilla conjunta alcanzará 36.329 empleados por lo que en el sector también se baraja la salida de varios millares de ellos. "Va a haber un proceso de reestructuración, sí o sí. Nos preocupa que no se haga de forma consensuada y que se acuda a medidas traumáticas", apunta Isabel Lara, responsable de CC OO en Banca Cívica. Fuentes del sector aluden a una reducción de personal de entre 3.000 a 3.500 empleados.

Cerrar el proceso sin incurrir en un ERE tradicional, estigma que el sector financiero ha tratado de evitar durante toda la crisis, no será sencillo. Durante el ajuste que se efectuó durante la fusión de cajas que dio lugar a Cívica, el grupo prescindió de unos 1.100 trabajadores por la vía mayoritaria de las prejubilaciones, por lo que ahora apenas quedaría un centenar de trabajadores por encima de los 55 años, susceptibles de acogerse a un plan similar. Fuentes sindicales indican que CaixaBank sí tendría mayor margen para prejubilar, con unos 1.000 empleados por encima de los 58 años, y alrededor de 3.000 con más de 55 años. "El problema es que el grueso de ellos se concentra en Cataluña, y no se puede recortar todo de ahí", asumen desde una de las centrales más representativas.

Por ahora, la fusión ha dejado aparcada la salida de otros 1.400 empleados -o una reducción salarial y de jornada equivalente- que tenía prevista Cívica. La ecuación, sin embargo, ha cambiado por completo. Comenzando por el hecho de que esta decisión ya no se tomará en Sevilla o Pamplona, sino en Barcelona.