Tolerancia cero con la mala gestión pública
El anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, presentado el viernes en Consejo de Ministros, supone un gran paso cualitativo en materia de claridad institucional, pero todavía más, y sobre todo, en el ámbito de la fiscalización, control y posible sanción de los gestores públicos en el desempeño de sus funciones. La gran novedad de la norma no consiste tanto en la serie de obligaciones que establece para facilitar el acceso de la ciudadanía a la información gubernativa e institucional, que también, sino en el severo régimen sancionador al que prevé someter a los cargos públicos que incurran en desviaciones, incumplimientos y malas praxis en su labor.
En el marco de ese nuevo régimen disciplinario destaca, por su especial trascendencia para el presente y futuro inmediato de España, el capítulo dedicado a las infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria. En él se tipifican y castigan conductas consideradas graves o muy graves, como es el caso del falseamiento u ocultación de los datos contables ligados al cumplimiento de la ley presupuestaria. Comportamientos que en los últimos años han proliferado en el seno de numerosas Administraciones, como el incumplimiento consciente del límite de deuda pública, la adopción de compromisos de gasto sin crédito suficiente o ignorando lo establecido en los presupuestos o la inversión sin justificar de fondos de subvenciones se sancionarán con la destitución del cargo, la retirada de pensiones indemnizatorias, el deber de restituir lo debido o la obligación de indemnizar a la Hacienda pública. La norma aspira a convertirse así en el gran guardián, a efectos sancionadores, del trascendente esfuerzo que España se ha comprometido a hacer en materia de ajuste fiscal y a servir de complemento a la Ley de Presupuestos y a la futura Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.
Pero, además, y como reconocía el viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, este anteproyecto de Ley de Transparencia constituye un aviso a navegantes foráneos sobre la firmeza y seriedad con que España quiere afrontar esos compromisos de ajuste y austeridad. Se trata de un mensaje claro y contundente no solo respecto a Bruselas, sino también y especialmente frente a los mercados internacionales. En ese sentido, la norma deja clara la implantación de una política de tolerancia cero hacia la mala gestión de las Administraciones, así como la intención de avanzar hacia una concepción de la función pública en la que la vigilancia, el rigor y la eficiencia se consoliden como principios rectores de actuación. No hay duda de que se trata de una tarea necesaria y acuciante en un momento en el que España precisa recuperar la confianza -propia y ajena- en su gestión pública y blindar las Administraciones, instituciones y organismos frente a los despilfarros, mala gestión y desviaciones que en ocasiones han empañado su imagen. Pese a ello, y como ocurre con toda norma legal, será su aplicación práctica lo que determinará si esta futura Ley de Transparencia estará a la altura de esa compleja tarea y podrá llevarla a cabo con severidad y sin excepciones.
Entre las novedades del anteproyecto destacan otros aciertos, como la creación de un baremo para fijar los salarios de los cargos electos locales, que se incluirá cada año en la Ley de Presupuestos. Se trata de un intento de objetivizar y poner orden en un terreno sumamente opaco y que ha dado lugar a numerosos abusos. La obligación de que las distintas Administraciones publiquen en sus webs institucionales información relevante, como la que atañe a todos los detalles concernientes a los contratos públicos, condiciones, adjudicatarios y costes, constituye una bocanada de aire fresco y una decidida apuesta por una claridad existente hace tiempo en otros países. Otro tanto puede decirse del deber de las Administraciones de acometer una limpieza, simplificación y redimensionamiento de la maraña de normas y leyes que conforman el ordenamiento jurídico. Se trata, sin duda, de tareas complejas y ambiciosas cuyo objetivo último no es otro que llevar la gestión pública española a unos estándares de calidad, eficacia y rigor similares a los de otros países de nuestro entorno.
