martes, 23 septiembre 2014

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Miguel Borra. Presidente de CSI-F

"Si nos bajan el sueldo otra vez, llamaremos a la huelga"

  • Preside el sindicato mayoritario de empleados públicos (CSI-F), que no secunda el 29-M. Pese a ello, llamará a la huelga si el Gobierno les vuelve a bajar el sueldo o si permite despidos masivos en el sector.
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Miguel Borra (Zaragoza, 1968) preside desde el pasado mes de diciembre la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), el sindicato mayoritario de empleados públicos. No se pronuncia de forma clara sobre el éxito o el fracaso de la huelga general del 29-M (que su sindicato no secunda) "porque soy economista y como tal solo sé predecir el pasado".

¿Está el sector público sobredimensionado?

En términos generales, no. Uno de cada quince ocupados es empleado público, lo que supone un porcentaje similar al del resto de países vecinos en Europa: en Alemania es de un 18% y en Francia, del 12%.

¿En la empresa pública también está ajustada la plantilla?

No. Ahí no. No hay justificación económica para que en los últimos años, las empresas públicas o las fundaciones se hayan multiplicado hasta el infinito alcanzando la cifra de 4.000, con un déficit acumulado de 57.000 millones de euros, con consejos de administración sobredimensionados y unos sueldos muy superiores en la gran mayoría de casos a los de un ministro o un presidente del Gobierno. Se ha usado la empresa pública para crear estructuras paralelas que escapan al control administrativo.

¿No se diferencian bien las Administraciones de la empresa pública?

No y esa es una de nuestras grandes preocupaciones. El déficit público no es igual que servicios públicos o que empleados públicos. Los números rojos los han generado otras cosas: los aeropuertos sin aviones, los AVE regionales, las embajadas en el extranjero o las decenas de televisiones autonómicas. Y luego están las duplicidades, que llevamos 16 años denunciando, ya que hay una agencia de empleo local, otra autonómica y otra estatal. Eso no puede ser. Hay comunidades con más directores generales de Sanidad que hospitales.

Con este escenario y la exigencia de Bruselas de recortar otros 5.000 millones el gasto, ¿temen una nueva bajada salarial como la de 2010?

Ayer por el miércoles, el ministro Cristóbal Montoro dijo que no tocará el sueldo de los empleados públicos. Además, la propensión marginal al consumo es mayor entre los empleados públicos por la seguridad en el empleo, por lo que otra rebaja supondría un tirón negativo en el consumo interno muy relevante.

¿Descartan entonces un recorte salarial en 2012?

Tampoco me atrevería a asegurarlo. Pero desde CSI-F se está trabajando para que esto no ocurra. De hecho uno de los motivos de no secundar el 29-M es porque queremos ver cómo son los Presupuestos que se presentan el día 30. Pero todo tiene un límite y creemos que los empleados públicos no debemos de volver a sufrir un recorte de salarios. Esa es una línea roja.

Si se traspasara esa línea y se volvieran a bajar sus salarios, ¿llamarían a la huelga en el sector público?

Sí. Pero actuaremos después del día 30, tras constatar hechos consumados. Así lo hicimos en 2010: el día que nos recortaron el sueldo anunciamos la convocatoria de huelga en el sector.

¿Hay algún otro motivo por el que no han secundado el 29-M?

Pues no nos gustan muchas cosas de la reforma, pero estamos trabajando para cambiarlas. Hemos tenido ya reuniones con PP, PSOE, IU y CiU para intentar que se modifique la disposición adicional segunda de la ley, que abre la puerta al despido del personal laboral de todo el sector público, lo que incluye las Administraciones y la empresa pública. Queremos que se saque de esa posibilidad de ser despedido por causas económicas a todos los empleados públicos que hayan obtenido su plaza por oposición o por proceso selectivo regido por los criterios igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Que separen la administración del resto del sector público empresarial, donde no se han respetado los criterios de igualdad, mérito y capacidad.

¿Cuánta gente se excluiría así de estos despidos?

Unos 668.000 trabajadores laborales quedarían excluidos de los despidos por haber accedido por oposición o selección. Y nadie sabe cuantos trabajan para la empresa pública pero quizás 700.000, que sí serían susceptibles del ajuste. Si no conseguimos cambiar esto, los ayuntamientos serán los más afectados por recortes de empleo. Y si esto no se modifica, será nuestra otra línea roja.

"Estaríamos encantados con que se nos evalúe"

Los empleados públicos son un sector muy criticado y más en épocas de crisis. Desde 2007, el estatuto de estos trabajadores establece la posibilidad de evaluarles para medir su eficacia, pero la falta de desarrollo reglamentario lo impide. "La mayor parte de los empleados públicos estaríamos encantados de que se nos hiciera evaluación del desempeño porque así tendríamos herramientas objetivas para demostrar a los ciudadanos, a los políticos y a los agoreros quienes somos y a qué nos dedicamos".

Pero, en su opinión, los avances de gestión han sido escasos, "porque hemos estado muchos años con dirigentes políticos que no han tenido ningún interés en mejorar la Administración". Borra solo salva a los ministros socialistas, Jordi Sevilla y María Teresa Fernández de la Vega. "Elena Salgado y Manuel Chaves no hicieron nada", se queja.

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