viernes, 25 abril 2014

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Reforma del mercado laboral

La impugnación de los ERE abrirá la puerta a más despidos nulos

  • Laboralistas creen que los sindicatos argumentarán discriminación.
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La impugnación de los ERE abrirá la puerta a más despidos nulos

EFE

La reforma laboral ha eliminado la autorización administrativa para los despidos colectivos (conocidos como ERE), si bien la nueva ley establece que esta autoridad podrá hacer "advertencias y recomendaciones" y sigue siendo perceptivo un informe de la Inspección de Trabajo que dé el visto bueno al periodo de consultas y a la legalidad del uso de las prestaciones por desempleo.

Pues bien, esta circunstancia es la que ha llevado a Salvador del Rey, director del Instituto Internacional Cuatrecasas y uno de los mayores expertos laboralistas de España, a advertir a sus colegas que "cuando la autorización administrativa en los ERE ha salido por la puerta, la inspección ha entrado por la ventana en forma de fiscalización de la negociación colectiva".

Con esta gráfica afirmación, Del Rey alertó ayer de que si este informe de la Inspección es negativo porque determina que no ha habido buena fe por parte de la empresa en el periodo de consultas o que este no se ha efectuado conforme a la ley, los despidos de ese proceso pueden ser declarados nulos, lo que supone la readmisión del trabajador. En este punto, se quejó de que la inseguridad jurídica que da el hecho de que la ley "tampoco tenga parámetros seguros para definir lo que es buena fe o no a la hora de negociar".

Federico Durán cree que el arbitraje no debería ser recurrible ante el juez

En este mismo sentido, Del Rey -que habló ayer ante un auditorio de 1.500 abogados laboralistas y responsables de recursos humanos en una jornada organizada por Adecco y APD-, advirtió también que las empresas "deberán ser muy escrupulosas" al elegir a los trabajadores que despedirán vía ERE "porque la discriminación va a empezar a ser una causa creciente de impugnaciones de los despidos colectivos no pactados ante el juez; tal y como ya ocurre frecuentemente en Estados Unidos".

Otro de los consejos para los gestores de recursos humanos del experto de Cuatrecasas fue que en los despidos colectivos, a pesar de que la norma ya no exige a la empresa que argumente la razonabilidad de la decisión extintiva (esto es, que la única solución a su problema económico es el despido colectivo y no otras) y basta con esgrimir causas económicas (disminución presente o prevista de beneficios o caída de ingresos o ventas durante tres trimestres), los gestores deberían seguir justificando esta razonabilidad ante el juez. De lo contrario, consideró que los magistrados podrían cuestionar estos despidos en la práctica diaria.

Un único disparo en la recámara

Otro de los expertos laboralistas encargados de explicar ayer la reforma en esta jornada fue el socio de Garrigues, Federico Durán, para quien el aspecto más importante de la reforma es la limitación de la prórroga automática de los convenios colectivos (ultraactividad) a dos años. "Si para hacer la reforma tuviera un pistola con un solo disparo, ese sería el de terminar con la ultraactividad que es la madre de todos los males de la negociación colectiva", dijo Durán. Acto seguido opinó que los dos años que la ley da ahora para negociar antes que decaiga el contenido del convenio son demasiados. "Están limitando este plazo a cámara lenta", apostilló.

Para Durán, la reforma no supone un cambio tan drástico como se ha dicho y precisó que su aplicación suscita dudas como si en el caso de que sean los trabajadores los que quieren reabrir la negociación de un convenio vigente la empresa tiene la obligación de negociar o si estos trabajadores pueden usar la huelga como medida de presión. "En teoría entiendo que no -dijo Duran- pero convendría que el trámite parlamentario aclarara estos puntos", añadió. Igualmente, defendió la constitucionalidad de la figura del arbitraje en los descuelgues del convenio donde no hay acuerdo; si bien fue más allá y aseguró que las decisiones de estos árbitros aunque sean obligatorias de acatar por empresa y trabajadores "servirán de poco si, como permite la ley, se pueden recurrir a los tribunales". En general, los expertos laboralistas reclamaron ayer que el Gobierno aclare mediante enmiendas a la ley las numerosas dudas interpretativas que suscita su aplicación.

Báñez antepone tomar decisiones a la paz social

"La paz social es muy importante pero no puede desviar la atención principal de un Gobierno responsable, que es gobernar para la mayoría". Así respondió ayer la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, a la convocatoria de huelga general el 29M y a las amenazas sindicales de llevar el conflicto social por la reforma laboral más allá de esa fecha. En su opinión, "las huelgas no crean empleo" y la reforma laboral "que es la reforma de la gente corriente", según sus palabras, "sí sentará las bases para generar puestos de trabajo cuando la economía crezca".

Los sindicatos, por su parte, volvieron a reclamar la apertura de una negociación con el Ejecutivo que negaron que exista. Báñez recordó que los miembros de su departamento han realizado reuniones técnicas con CC OO y UGT (ayer la sexta de este tipo) para modificar la reforma.

Huelga política

CEOE aseguró ayer a través de su vicesecretario de Asuntos Económicos, Alberto Nadal, que la huelga del 29-M es "política", pero "la van a pagar las empresas". Defendió la reforma, que ya "ha mejorado la imagen de España ante los inversores".

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José Luis Martínez Campuzano

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