lunes, 22 de diciembre de 2014

Está pasando

Los expertos apuntan al copago en servicios básicos y a la subida de tasas

¿Dónde pueden las comunidades recortar los 15.500 millones que les pide Rajoy?

  • La Administración central dice que ya ha hecho los deberes y que ahora les toca a las comunidades sacar la tijera. La mala noticia es que los recortes afectarán al gasto social, puesto que sanidad y educación absorben entre el 50% y el 65% de los presupuestos autonómicos.

Pablo M. Simón / David M. Pérez

08-03-2012 12:09

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El círculo se estrecha. El Gobierno ha pedido árnica a Bruselas y aunque no la ha obtenido de forma explícita, sí parece que desde la Unión están dispuestos abrir la mano. En lugar del 4,4% de déficit sobre el Producto Interior Bruto (PIB), Rajoy señala ahora al 5,8%. Entre aumento de ingresos y recorte de gastos hay que conseguir unos 30.500 millones.

El primer consejo de ministros con contenidos de Mariano Rajoy se saldó con una avalancha de recortes de gasto por 8.900 millones de euros, con subidas de la tarifa del IRPF, de la tributación de las rentas del ahorro y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Con estas medidas quedaron solucionados unos 15.000 millones de euros.

El turno de las autonomías

Pero el presidente del Ejecutivo ha dejado claro que el Estado central ya ha cumplido con su parte y que ahora es el turno de las autonomías. Dieciséis de las 17 se han pasado de largo de sus objetivos de déficit para 2011, solo la Comunidad de Madrid ha cumplido. El año pasado cerraron con el 2,9%, ahora su misión es concluir 2012 con el 1,5%.

Aunque el Gobierno también ha relajado el objetivo que les exigirá a las regiones, en principio fijado en el 1,3%, el peso del ajuste recae sobre ellas. Y es que la Administración central se exige a sí misma un ajuste de 1,1 puntos porcentuales, mientras que las comunidades tendrán que conseguir remontar desde el 2,9%: una reducción de 1,4 puntos porcentuales.

En dinero contante y sonante, el ajuste son unos 15.500 millones de euros. El problema es que el grueso del gasto autonómico se destina a servicios públicos básicos. Por ejemplo, Andalucía en su presupuesto de 2010 dedicó el 29% de sus ingresos a sanidad, el 22% a educación y el 12% a protección social.

Las cifras varían de unas comunidades a otras, pero se sitúan en ese entorno en todos los casos. Solo la atención sanitaria y la enseñanza se llevan entre el 50% y el 65% de los presupuestos.

Aumentar ingresos

Los ingresos ya se han exprimido de forma considerable. El céntimo sanitario es una tabla de salvación a la que se han aferrado la mayoría de las comunidades (10 de las 17 ya lo están aplicando). Pero esta medida es insuficiente para hacer cuadrar las cuentas. De la parte de los ingresos, Andalucía ha aumentado los tramos de IRPF para los niveles de renta más elevados y ha incrementado el tipo de gravamen del impuesto sobre patrimonio. Con estas fórmulas aumentará los ingresos en unos 660 millones.

La Comunidad Valenciana también ha elevado el tramo autonómico del IRPF (482 millones de euros), ha implantado un impuesto sobre hidrocarburos (98 millones), ha actualizado el tipo del impuesto de actos jurídicos documentados (62 millones) y ha diseñado nuevos tributos medioambientales (29 millones).

Los expertos consultados señalan que las medidas de Andalucía y la Comunidad Valencia podrían ser un posible camino para el resto de las comunidades. Los tramos del IRPF y los impuestos sobre sucesiones y donaciones son vías sencillas para tratar de elevar los ingresos. Pero un aumento de la recaudación a través de los impuestos será insuficiente para ajustar el déficit tanto como se les exige, según los analistas consultados.

Copago y subida de tasas

"Una de las fórmulas que tendrán que utilizar es el cobro de servicios que hasta ahora eran gratuitos: el copago sanitario, la subida de las tasas universitarias, la implantación de tasas en la Justicia o incluso cobrar por el uso de la red pública de carreteras. Está claro que deberán emplear, entre otras, estas palancas para cuadrar sus cuentas", señala Marisa Mazo, directora de Estrategia de Ahorro Corporación.

Desde el brazo inversor de las cajas de ahorros señalan que establecer una tasa de 10 euros por consulta, teniendo en cuenta que se realizan unas 400 al año en atención primaria y urgencias, recaudaría unos 2.000 millones de euros. Este ingreso se sumaría al efecto disuasorio que implicaría la medida.

En Justicia, aunque no se ha hablado de copago, Alberto Ruiz-Gallardón sí ha señalado que revisará al alza las tasas. Dependiendo de cómo se articule el sistema de pagos, la medida podría tener una elevada capacidad recaudatoria, en el entorno de los 6.000 millones de euros, según los cálculos de Ahorro Corporación.

Las tasas universitarias también están en el bombo de los posibles retoques. Pero, al igual que ocurre con el copago sanitario, el Gobierno tendría que levantar la mano y permitir mayor capacidad de decisión a las comunidades. Y es que las tasas universitarias están fijadas desde el Estado, que también prohíbe el copago sanitario.

La Generalitat de Cataluña se ha anticipado a cualquier movimiento por parte del Estado y es la primera en cobrar a los usuarios de la sanidad pública. El llamado copago farmacéutico supone el desembolso de un euro por receta. La consejería de Sanidad catalana no lo considera un copago en sentido estricto, sino "una medida disuasoria para evitar abusos en el uso de la sanidad pública".

Santiago Carbó, catedrático de análisis económico de la Universidad de Granada, aplaude la medida y apunta también a la proliferación de centros universitarios vivida en España en los últimos años, y en concreto, al 'boom' de los masteres. "Los másteres oficiales (los impartidos por las Universidad públicas) tienen precios muy bajos", señala.

"Además del posible pago por servicios que hasta ahora eran completamente gratuitos, se abre la puerta a otras fórmulas como la venta de concesiones o empresas públicas", señala Rafael Romero, director del departamento de Inversiones de Unicorp Patrimonio.

En el punto de mira están también las televisiones autonómicas. Las de mayor tamaño son las de Madrid (con un presupuesto de 169 millones para este año), Valencia (154 millones), Cataluña (260), País Vasco (166), Andalucía (220) y Galicia (117). También disponen de televisiones propias, aunque con menos costes, Aragón, Murcia, Extremadura, Baleares y Asturias.

El posible solapamiento de funciones entre organismos del Estado central y autonómico, sería otra de las vías de ahorro. "Departamentos de defensa de la competencia, regulación de las telecomunicaciones o agencias medioambientales", apunta Carbó.

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