De Cabo estudia acciones legales contra los Ruiz-Mateos
El empresario que adquirió Nueva Rumasa declaró ayer como imputado en la Audiencia Nacional.
Ángel de Cabo, el empresario valenciano que en septiembre del pasado año anunció la adquisición de Nueva Rumasa, estudia emprender acciones legales contra la familia Ruiz-Mateos, según dijo ayer su abogado Tomás Meliá.
De Cabo declaró ayer como imputado por presuntos delitos de blanqueo de capitales e insolvencia punible ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la presunta estafa de los pagarés de Nueva Rumasa, así como sus colaboradores Iván Losada y Fernando Lavernia.
Aunque estaba citado a las 10.30 de la mañana, De Cabo llegó a la Audiencia Nacional hacia las 9.00 para tratar de evitar las cámaras, con las que se chocó a su salida, hacia las 13.30 horas. El empresario, que en 2010 se hizo con Marsans en una situación similar a la de Nueva Rumasa -adquirió el grupo al tiempo que prácticamente este se declaraba en concurso de acreedores, lo que también hizo en 2009 con la constructora Teconsa-, dijo a su salida sentirse "contento y satisfecho" con su declaración.
Más de 20 abogados, representantes de inversores en pagarés de Nueva Rumasa, hicieron sus preguntas a De Cabo y sus socios.
Meliá, el abogado de De Cabo, explicó que su cliente se siente engañado por la familia fundadora de Rumasa ya que en la venta de las dos empresas más conocidas del grupo, Clesa y Dhul, los propietarios que figuraban en las escrituras no han resultado ser los reales. En la operación de venta de Nueva Rumasa De Cabo adquirió 99 sociedades del grupo. Las compañías más conocidas de los Ruiz-Mateos se encuentran en situación concursal.
El contrato 80-20
En el sumario del caso Nueva Rumasa figura un borrador de un supuesto acuerdo entre los Ruiz-Mateos y De Cabo por el que la familia se quedaría con el 80% de las ganancias que pudieran percibir de los procesos concursales y liquidaciones de las empresas de Nueva Rumasa y De Cabo el 20% restante.
El abogado de De Cabo dijo que dicho borrador es falso y acusó a Ángel Sutil, antiguo colaborador del actual dueño de Nueva Rumasa, de presentar dicho documento ante el juzgado como una venganza por haber sido despedido.
Según fuentes jurídicas que representan a los inversores en los pagarés de Nueva Rumasa, Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE, fue quien presentó a De Cabo a los Ruiz-Mateos y fue testigo de ese supuesto acuerdo 80-20.