miércoles, 26 de noviembre de 2014

Está pasando

La banca se resiste a asumir pérdidas por las valoraciones

El dilema de fondo de las tasaciones

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Una de las medidas del código de buenas prácticas en los embargos hipotecarios que promueve el Gobierno para la banca, el fomento de la dación en pago para las familias sin empleo ni recursos, ha acaparado todos los focos. Aunque indudablemente será una política muy beneficiosa para dichas personas, lo cierto es que el umbral de exclusión dibujado es tan extremo que afecta a una minoría. Lo común seguirá siendo que al ser desahuciado, el embargado tenga que responder de la diferencia entre la deuda que le reste y el valor actual del inmueble. Y ahí está la gran novedad pues el Gobierno pretende "establecer un mecanismo de coparticipación" en el que la entidad financiera cubra "determinado porcentaje" de esa diferencia asumiendo que se debe a una "deficiencia de tasación" o "a la desvalorización" del inmueble frente a los precios alcanzados en la burbuja.

La acusación no ha sentado bien en el sector, donde fuentes que prefieren no ser identificadas apuntan que "se está olvidando que fueron las tasadoras quienes valoraron los inmuebles". La misma voz admite, eso sí, la fuerte dependencia entre entidades y sociedades de tasación, en algún caso filiales de aquellas. "Lo que está haciendo el Gobierno ahí es responsabilizar a la banca por su papel, que lo tuvieron, en la creación de la burbuja inmobiliaria y por haber inflado los precios de los pisos", resume la secretaria de Política Social de UGT, Carmen López. "Lo que ocurre es que no lo van a pagar las entidades, sino el erario público", alerta. Efectivamente, según especifica Economía, los bancos y cajas que cumplan podrán "incluir como gasto fiscalmente deducible las pérdidas en las que hubiesen incurrido". "Ese es el principal reclamo que el Gobierno ofrece a las entidades para que se adscriban al código. Podrán incluir como pérdidas la diferencia entre el valor de tasación y el de la vivienda cuando se la adjudiquen, y así deducírselo", resume Belén Madrazo, portavoz del Colegio de Registradores de España.

Por ahora se desconoce el impacto de la medida, ya que Economía aún negocia con las entidades qué porcentaje deberán cubrir. Tampoco es posible saber a cuántos embargos afectará. Con todo, un informe de la consultora Oliver Wyman manejado por la banca estima que "existen al menos 250.000 clientes cuyo saldo vivo es mayor que el precio de la vivienda hipotecada".

Riesgo de retrasar la digestión de ladrillo

El Gobierno ha invitado a las entidades financieras a conceder dos años de periodo de gracia "prorrogables" a las familias sin ingresos antes de desahuciarlas. Luis Zarapuz, responsable del área de Vivienda de CC OO apunta que la medida parece destinada a aplazar la adjudicación de nuevos inmuebles en el balance las entidades, "evitándoles realizar nuevas provisiones" para sanear el ladrillo, en un momento en el que estas obligaciones se han multiplicado. La posibilidad de que la asunción del riesgo hipotecario esté siendo retrasada ya fue apuntada hace unos meses por la agencia de calificación de riesgo Fitch, que denunciaba la concesión de moratorias excesivas y refinanciaciones de riesgo.

"Lo que se persigue es dar un tiempo a la gente para que busque una solución habitacional", contestan desde la Asociación Hipotecaria Española, donde dan por sentado que las familias tendrían que pagar una renta durante ese periodo de moratoria. Admiten, eso sí, que ante la falta de ingresos -que es lo que les lleva a impagar la hipoteca- sería recomendable algún tipo de ayuda pública para el alquiler.

Los sindicatos, en todo caso, lamentan que la medida no ayude a las 150.000 familias que ya han sufrido embargos. UGT calcula que habrá 100.000 ejecuciones hipotecarias más en 2012.

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José Luis Martínez Campuzano

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