viernes, 31 octubre 2014

Está pasando

Las entidades privadas que gestionan estos permisos piden más claridad

Los peros al fin de las licencias para el pequeño comercio

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El anuncio efectuado primero por la Comunidad de Madrid, después por el Ayuntamiento de la capital y, por último, por el Ministerio de Economía acerca de la próxima desaparición de la licencia de apertura para los pequeños comercios supuso una alegría, y en algunos casos un alivio, para millones de profesionales y autónomos.

Sin embargo, casi al mismo tiempo sembró dudas e incertidumbres sobre no pocas cuestiones. La desaparición de la licencia de actividad para el comercio trata de dar respuesta a una vieja reclamación de las asociaciones de autónomos y de la patronal de las pequeñas y medianas empresas Cepyme. Las compañías se han quejado tradicionalmente de la excesiva burocracia y de las trabas administrativas que deben superar a la hora de abrir un negocio y el nuevo Gobierno parece que ha decidido ser sensible a esa histórica reivindicación.

Asesoramiento profesional

Pero si ya no hace falta licencia de apertura, ¿qué requisitos serán obligatorios a partir del nuevo marco regulatorio para poner en marcha un negocio? ¿cómo se controlará que no se producen abusos? ¿qué ocurrirá con los infractores?

El Ayuntamiento de Madrid fue la primera administración que a raíz de un escándalo de corrupción, el conocido como caso Guateque, basado en la concesión discrecional de licencias de actividad previo pago de dinero irregular a funcionarios y responsables públicos, reformó el sistema de concesión de permisos para la apertura de determinados negocios. Instauró entonces la figura de las agencias o entidades colaboradoras en la gestión de licencias urbanísticas (ECLU) con el propósito de que los profesionales y pequeños empresarios puedan obtener sus permisos de actividad de manera más ágil y eficaz, con un coste inferior al aplicado por el Consistorio y, sobre todo, en plazos razonables.

Atrás quedan los tiempos en los que muchos comercios abrían sus puertas en la capital sin la preceptiva licencia, ya que los permisos podían llegar a dilatarse en el tiempo entre uno y dos años. Ahora, cualquiera de las 27 entidades colaboradoras autorizadas por el Consistorio puede encargarse, a petición del empresario, de tramitar todos los requisitos necesarios y presentarlos ante el Ayuntamiento, que sigue siendo el encargado de la autorización final. Todo ello puede lograrse en apenas dos meses.

"El cambio que plantea Economía es bueno, porque el objetivo es el que compartimos todos, pero habrá que concretarlo muy bien para evitar los abusos y las sorpresas desagradables, a posteriori", subraya Ignacio Martínez, director de EQA Licencias Urbanísticas. "La simple petición de una declaración de responsabilidad como plantea el Ejecutivo puede tener más implicaciones de lo que parece y si el establecimiento requiere de proyecto técnico, el empresario necesitará del asesoramiento de un profesional, eso tendrá que clarificarlo", añade Borja García-Palencia, director técnico de EQA.

Más de 300 empleos de alta cualificación, en el aire

Las 27 entidades colaboradoras en la gestión de licencias urbanísticas (ECLU) que operan desde hace poco más de un año en Madrid emplean a una media de 10 trabajadores por compañía, la mayoría con alta cualificación como son abogados, ingenieros o arquitectos.

El anuncio de la desaparición de la licencia como requisito imprescindible para la apertura de un comercio deja, por tanto, en el aire el futuro de más de 300 trabajadores. "Creemos que la Administración debería analizar los buenos resultados que ha cosechado nuestra labor en Madrid y abrir un debate sobre qué aspectos se pueden mejorar aún más", asegura el director de EQA Licencias Urbanísticas, Ignacio Martínez. En la capital, estos profesionales realizan además la tarea del control posterior, una vez abierto el negocio, verifican que se mantienen las mismas condiciones que justificaron el otorgamiento de la licencia. "Condición indispensable para otorgar al empresario de bien y al ciudadano garantías legales y técnicas sobre todos los comercios". aclara Borja García-Palencia, director técnico de EQA.

El año pasado las ECLU gestionaron aproximadamente un 40% de todas las licencias que concedió el consistorio, lo que representa una descarga considerable de trabajo a los técnicos municipales.

Los costes y plazos que se aplican en Madrid

l Actividad de oficina. Se trata de uno de los negocios más demandados. Si su implantación no requiere obras, el coste es de 385 euros.

l Obras de acondicionamiento. Para un local de unos 300 metros, si la reforma no implica modificación de actividad, la licencia cuesta 270 euros.

l Modificación exterior. Cuando las obras no impliquen el cambio de actividad pero sí lleven aparejados cambios en el exterior del local (como la colocación de un banderín), el precio se incrementa en 115 euros adicionales (270+115).

l Reformas con cambio de actividad. Es una de las modalidades que conlleva más permisos y, por ende, más coste, pero en cualquier caso se trata de tarifas entre un 5% y un 15% más baratas que cuando la gestión dependía el consistorio. Si una oficina solicita licencia para realizar obras que sí representan un cambio de actividad y además varían el exterior del local, el coste es de 575 euros. En este caso y los anteriores los plazos oscilan de 15 a 19 días, según fuentes municipales.

l Nuevas edificaciones. Desde abril del año pasado, la actividad de las ECLU se amplió a la tramitación de licencias para la edificación de nuevos inmuebles, y también para la ampliación o reestructuración general de otros ya construidos. En ese caso el plazo es de dos meses.

l Negocios exentos. Economía ha aclarado que, por el momento, la hostelería y el turismo quedan al margen de esta desregulación.

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