La suspensión de las primas atrapa a nueve concursos eólicos regionales
Un total de 11.080 MW autorizados por nueve Gobiernos autónomos están afectados por la moratoria a las primas del Gobierno, pues no habían llegado a inscribirse en el registro de Industria. Sin embargo, ya existía una moratoria de facto para estos proyectos, cuyos incentivos están en un limbo regulatorio desde enero.
La suspensión sine díe de los incentivos a la producción de energías del régimen especial que establece el real decreto-ley aprobado por el Gobierno hace una semana ha dejado atrapados a los 11.080 MW adjudicados desde diciembre de 2010 en los concursos eólicos de nueve comunidades autónomas: Galicia, Cantabria, Aragón, Cataluña, Extremadura, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla y León, en este último caso, un concurso por proyecto.
Pero, pese a lo elevado de la potencia autorizada, los efectos de la medida del Gobierno no parece preocupar demasiado a las empresas, pues estos proyectos ya estaban sumidos en un limbo regulatorio. En enero caducó la norma que regulaba los incentivos de las instalaciones eólicas y no había sido sustituida por otra. El vacío legal afectaba a los proyectos que se pusieran en marcha a partir de enero de 2013 y, aunque el Gobierno anterior elaboró una propuesta de regulación, no le dio vía libre por falta de consenso con las eólicas.
El nuevo real decreto-ley ha cerrado la ventanilla (el prerregistro del Ministerio de Industria) donde se inscribían las plantas con derecho a cobrar primas. Una ventanilla a la que ni siquiera habían llegado los citados proyectos autonómicos, que no sabían cuándo y cómo se iban a construir.
Hay que tener en cuenta que no todos los megavatios adjudicados en estos concursos llegan a buen puerto, pues "se adjudican para resolver la competencia que hay en el reparto de la capacidad para conectarse a las redes de distribución", señalan fuentes del sector. Una vez obtenida la capacidad correspondiente, los adjudicatarios tienen que superar un largo periodo de tramitación (permisos diversos) que puede durar entre dos y cinco años.
Por tanto, la moratoria de las renovables que se acaba de aprobar no tendrá efectos a corto plazo en el negocio, aunque genera una clara incertidumbre respecto al futuro "por el mensaje negativo que se está transmitiendo a los inversores". Las mismas fuentes confían en que "el parón sea corto" y que el Gobierno dicte un nuevo régimen económico para los nuevos parques. Se da la circunstancia de que los megavatios en el aire casi coinciden con los previstos parta la eólica en el Plan de Energías Renovables (PER) hasta 2020 (unos 13.000 MW).
Aunque se ha reiterado que la madurez de esta tecnología la haría viable en el mercado libre, sin cobrar primas, el margen entre el coste de producción y el precio de mercado aún no la hace rentable, señalan los expertos. Con todo, los inversores proseguirán sus proyectos.
La más claramente afectada será la fotovoltaica que sí iba a poder registrar más de 500 MW en las cuatro convocatorias de prerregistro para este año. De hecho, las asociaciones del sector han pedido al ministro Soria que haga una excepción en la moratoria a los 250 MW solicitados para las dos primeras convocatorias del año, pues el plazo de solicitud acabó el 1 de diciembre. De esta manera, se podría "atenuar el abrupto colapso sectorial al que se enfrenta la tecnología fotovoltaica al estar regida por convocatorias trimestrales", señaló el viernes en una nota de prensa la Unión Española Fotovoltaica (Unef). También la industria saldrá perjudicada y el coste del desempleo que se generará será superior al efecto positivo que la moratoria tendría sobre el déficit público, argumentan las distintas asociaciones.
Una medida "torpe"
En el corto plazo "la eólica seguirá como estaba, pues ya había una moratoria de facto, pero al ser incluida entre las afectadas se intenta compensar el descontento de las fotovoltaicas", aseguran fuentes empresariales. El sector eólico siempre desconfió de la posición del Gobierno del Partido Popular en el ámbito de las renovables y, de hecho, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) intentó por todos los medios que el anterior Gobierno aprobara la regulación pendiente. La sospecha estaba fundada, tal como recuerdan las mismas fuentes, pues ya la FAES proponía en uno de sus informes una moratoria.
Lo que no esperaban en el sector "es la torpeza y prepotencia con que se ha abordado una moratoria que, además, no recorta el déficit de tarifa". Detrás de la norma estaría la mano del jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal, dicen convencidas distintas fuentes del sector.
En el futuro se darán por subastas
Aunque el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha insistido en que la suspensión de las primas para nuevas instalaciones renovables y del procedimiento de preasignación son medidas temporales, lo cierto es que el real decreto-ley que las establece nada dice sobre la temporalidad de la medida. El texto legal propugna más exactamente "un nuevo modelo retributivo" en el que "las asignaciones de los recursos se hagan a través de mecanismos de mercado", en línea con los utilizados en otros países de la Unión Europea.En otras palabras, el RDL alude al sistema de subastas para autorizar los proyectos, que se otorgarían al mejor postor. Además, el sistema, según la nueva norma, incentivaría la reducción de costes aprovechando la madurez de las tecnologías, lo que beneficiaría al consumidor.Aunque esta moratoria no reduce el déficit de tarifa (apenas 50 millones sobre un total acumulado de 24 millones, según calculan las empresas), pues elude cualquier tipo de retroactividad, el Gobierno dice que se trata del primer paso para una reforma de mayor calado.
Soria, sin margen para negociar
En el mes largo que lleva en el Ministerio de Industria, José Manuel Soria se ha ganado la fama, para bien o para mal, de locuaz y dialogante. De hecho, ha recibido ya a la práctica totalidad de los representantes de los distintos sectores energéticos. Sin embargo, la aprobación unilateral de una moratoria renovable ha dado al traste con su estrategia y le ha hecho perder cualquier posición negociadora en un futuro ajuste. Sobre todo con las grandes eléctricas, que han podido comprobar que el margen del Gobierno para posibles recortes está solo en su terreno y no están dispuestas a ceder.Solo en el caso de que la suspensión de las primas hubiese sido drástica, con un impacto claro en el déficit (por ejemplo, una moratoria a la termosolar), se explicaría su aprobación unilateral y con nocturnidad.Ahora, con hechos consumados, a Soria, en su afán de "quedar bien con todos y apoyar a todas las tecnologías", solo le queda retroceder. De hecho, ya se ha comprometido con el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, a analizar una posible excepción para esta comunidad. Y otro tanto ha ocurrido con Canarias.